Funcionarios de la IMC obligados a denunciar los asentamientos

La Intendencia de Canelones dispuso que todos sus funcionarios, sin excepción, están obligados a denunciar la formación de asentamientos irregulares en predios municipales o la expansión de los ya existentes que estén en su área de trabajo o a su vista.

La disposición, firmada por el jefe comunal Tabaré Hackembruch, señala que toda vez que se detecten construcciones en predios municipales o simplemente intenciones de ocupación, los trabajadores deberán denunciarlo a los jerarcas de la Intendencia, quienes procederán a la presentación de una denuncia escrita ante la seccional policial correspondiente.

Según un comunicado de la Oficina de Prensa de la comuna canaria, el objetivo de la disposición «obedece a la necesidad de extender el campo de acción en materia de prevención, reclamando el más amplio apoyo a todos los factores humanos y materiales de la distintas áreas de la comuna».

Una vez recibida la denuncia, los antecedentes serán elevados a la Comisión de Asentamientos Irregulares, que dispondrá el pase a la Gerencia del Area de Planificación Física y a la Gerencia del Area de Asesoría Notarial, a los efectos de confirmar el carácter municipal del predio en cuestión.

Esta última repartición tendrá facultades para proceder al inicio de acciones judiciales para lograr la desocupación, señala la resolución municipal.

«Gestapo»

«Hace dos meses dijimos que se estaba formando la Gestapo en el departamento de Canelones. Con esta resolución están convirtiendo al funcionario municipal en un agente secreto», afirmó el edil frenteamplista Juan Ripoll.

El curul de Asamblea Uruguay preguntó: «¿Qué pasa si un funcionario cae en la omisión de no denunciar que se está formando un asentamiento o que alguien está construyendo un ranchito para poder sobrevivir? ¿Lo van a fusilar?». «No sabemos si esto es obra de Yamandú Castro, el jerarca contratado por la Intendencia como asesor en temas de seguridad, que todavía no ha aparecido por la comuna», indicó.

«Debemos tener en cuenta que se está distribuyendo entre los funcionarios un formulario donde se les pregunta hasta lo que comen, inmiscuyéndose en su vida privada. El objetivo del formulario es la realización de un relevamiento del personal de la comuna, lo que nos parece sano».

«Sin embargo, se les pregunta por ejemplo si tienen cuenta bancaria, en qué banco operan y cuál es el saldo, lo que nos parece una absoluta extralimitación».

«Abuso de autoridad»

«Realmente esta Administración está sobrepasando sus atribuciones y ha perdido totalmente el control de la situación, tomando medidas que no corresponden con las competencias de un municipio», enfatizó.

Ripoll dijo que informará a su bancada sobre la situación, donde se analizará la posibilidad de enviar un pedido de informes. «La Junta Departamental de Canelones deberá estudiar si el intendente ha incurrido en abuso de autoridad», concluyó Ripoll.