Rechazo de ediles a las afirmaciones de Ramírez
Asimismo rechazaron, en la sesión del pasado jueves, una información publicada por el matutino El País a través de la cual se expresa que los ediles de la capital cuentan con mayores beneficios para cumplir sus funciones con relación a sus colegas del resto de la nación.
Ambas afirmaciones provocaron la reacción de los curules de todos los partidos políticos con representación ante el deliberativo departamental, quienes realizaron ciertas precisiones ante el plenario de la Junta Departamental.
Según los ediles, realizan sus actividades «respetando en todos sus términos la disposición del artículo 295 de la Constitución de la República, que impone el carácter honorario de su función».
Asimismo, se aseguró que la partida para los gastos de secretaría «no es recibida por el edil, sino por el secretario que presta funciones en su secretaría. Por otro lado, se aclaró que la partida de vales para combustibles se entrega en vales canjeables por nafta en las estaciones de Ancap, sujetas a rendiciones de cuentas mensuales sobre los kilómetros recorridos en el ejercicio de sus funciones».
«Nos afecta el honor»
El edil del Foro Batllista César García Acosta expresó que a través de la nota periodística se establece que «hay cargos teóricamente honorarios en la Junta Montevideo, por ese calificativo es que se impone la precisión en el seno de este ámbito».
Para García Acosta, los límites del derecho a la información alcanzan a dos grandes aspectos, «uno de ellos es contar con la documentación respaldante, la cual acredite que lo dicho es cierto; y el segundo capítulo es otorgar el debido derecho a la contraparte para que pueda decir su verdad».
Esto situación «se agrava ante las declaraciones de Ramírez, quien expresó públicamente que se debe dar una serie de elementos para que se puedan otorgar viáticos, en lo que tiene que ver con el reintegro de los gastos de combustibles de los ediles. Señaló que sólo se puede otorgar esos viáticos para reintegro de combustibles cuando se salga de la sede del deliberativo departamental. Eso es un absurdo jurídico», aseguró «Tenemos que tener en cuenta que el espíritu de la ley se tiene que corresponder estrictamente con la realidad. Por tanto, tenemos que entender que esto nos afecta en el honor», destacó el edil forista.
Por su lado, el edil del Espacio 90 Jorge Mazzarovich indicó: «No voy a atribuir intencionalidades políticas, pero está claro que va a haber ataques de esta naturaleza, porque nosotros no pertenecemos a directorios de bancos donde se votan préstamos para empresas muy grandes, entre ellas medios de comunicación».
«El señor presidente del Tribunal de Cuentas nos considera menudos, no sólo a los curules del Encuentro Progresista Frente Amplio (EP-FA), sino a todos los ediles; el señor contador es además general, lo que es todo un título en el Uruguay. No sé bien cómo fue su carrera pero eso no es hoy el tema aunque lo puede ser mañana».
Agregó que Ramírez «tiene todo el derecho de expresar sus opiniones y debe hacerse responsable por las consecuencias de las mismas». Agrega Mazzarovich: «Quienes dicen que los ediles de la Junta Departamental de Montevideo violamos la Constitución de la República son mentirosos porque saben que es falso. Es a los montevideanos a los únicos a quienes tenemos que explicarles cada día lo que hacemos».
En tanto, el curul herrerista Osvaldo Abi Saab manifestó que no compartía «la forma en la cual fue presentada la información» por el matutino, y destacó sobre las expresiones del presidente del Tribunal de Cuentas: «Han sido apresuradas; si es un ataque a la institución, entonces debemos actuar con firmeza». El deliberativo capitalino resolvió trasladar la inquietud de los ediles a la Comisión de Relacionamiento y elaborar una propuesta en coordinación con el resto de las juntas departamentales del país, a través del Congreso Nacional de Ediles.
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