Los argumentos jurídicos de la comuna y la oposición

Tras la sesión del miércoles de la Junta Departamental de Maldonado, la comuna y la oposición mantienen argumentos jurídicos absolutamente contradictorios.

En la oportunidad, por 17 votos a 14, se aprobó devolver el expediente que investiga el contrato con Satenil SA, por considerar «improcedente» el veto interpuesto por el intendente Oscar De los Santos, luego de que a mediados de diciembre el legislativo comunal solicitara el cese del acuerdo con la empresa.

La encargada de la Dirección General Jurídico Notarial, doctora María del Carmen Salazar, en diálogo con LA REPUBLICA, destacó el hecho de que el veto de la Intendencia «quedó firme», ya que la moción presentada para ese propósito no consiguió los 19 votos necesarios. «Por ahora el veto está interpuesto y no está levantado; se votó una vez, no se pudo reconsidarar y será analizado en una próxima sesión», explicó.

Según Salazar, tanto la agrupación Cabildo 1813 como el Partido Nacional –que entienden que la observación del intendente no corresponde por tratarse de una tarea de contralor de la Junta– «están tratando de forzar una situación política ensayando respuestas jurídicas», porque, al regresar el expediente por «improcedente», la Intendencia no tiene plazo para definir si mantiene o no el contrato, tal como señala el secretario de la Comisión Departamental del Partido Nacional de Maldonado, Luis De León, quien considera un plazo máximo de diez días hábiles.

El dirigente nacionalista explicó que, durante ese lapso, De los Santos debería promulgar un decreto que anule el contrato con Satenil SA y, si no lo hace, aseguró a LA REPUBLICA que «se estarán abriendo las puertas para un juicio político, en virtud de las constantes violaciones al estado de derecho en las que incurre el gobierno municipal».

Por su parte, Florencia Beledo, edila de Cabildo 1813, sector que lidera el diputado Darío Pérez, consideró que tras lo ocurrido el miércoles en el legislativo comunal, «lo único que hay firme es una resolución que dice que es improcedente interponer veto en asuntos en los cuales la Junta haya actuado en ejercicio de sus facultades de contralor». La edila prefirió no realizar comentarios sobre la posición jurídica de la comuna, aunque concluyó: «Hoy lo que el intendente tiene es otra vez una resolución de la Junta que, al igual que el Tribunal de Cuentas, le dice que tiene que anular el contrato. Esperemos que esta vez la respete». *