Gobierno habilita primeras reparaciones a víctimas de cárcel y persecución dictatorial

El ministro interino de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Bruni, aseguró que hoy percibirán sus haberes 17 ciudadanos que se encuentran amparados en la ley que repara económicamente a ex presos políticos procesados por la Justicia militar o civil y de exiliados, clandestinos y perseguidos por la dictadura militar. Mañana podrán hacerlo otras 42 personas, cifra que ascendería a 250 para fines de enero.

La Asamblea Nacional de Ex Presos Políticos del Uruguay (Crysol) emitió ayer un comunicado a través del cual manifiesta su disconformidad con el trabajo de la Comisión Especial que creó la norma cuyo cometido es «instruir, sustanciar y resolver sobre las solicitudes de amparo».

Dicha comisión está integrada por cinco miembros: un delegado respectivamente de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Economía y Finanzas, del Banco de Previsión Social (BPS), un delegado designado por el Ejecutivo a propuesta del Pit-Cnt y otro a propuesta de las diferentes organizaciones de ex presos y perseguidos por la dictadura.

Crysol, en el comunicado, hace referencia a la muerte de un ciudadano que no pudo acceder a sus derechos jubilatorios porque dicha comisión «carece de recursos humanos e infraestructura, lo que ha llevado a que esté funcionando muy mal».

 

En marzo cobrarán más  de 1.000 personas

Ante tales afirmaciones de la organización de ex presos políticos, Bruni dijo en la víspera a LA REPUBLICA que si bien «respeta las ansiedades y exigencias de Crysol, porque se trata de un grupo de ciudadanos especiales que tienen premuras y que han pasado casi 25 años postergados en sus reivindicaciones, de todas maneras se trata de expresiones sin mucho asidero».

«Lamentamos la muerte de personas que no pudieron cobrar, pero estamos haciendo lo que hace muchos años no se hizo», añadió Bruni.

El jerarca acotó que la comisión creada por la ley comenzó a funcionar hace 30 días. Aseguró que ya aprobó las solicitudes de 17 personas, las cuales podrán cobrar hoy sus jubilaciones o pensiones.

«El jueves se tratarán 42 casos que también se aprobarán y a fines de enero se estima que habrá más de 250 casos aprobados. Además, de acuerdo a las previsiones y a cómo va el trabajo, en marzo habrá más de 1.000 resoluciones favorables de los aproximadamente 2.000 ciudadanos que se presentaron», aseguró.

Acotó que la comisión ha facilitado a las personas que no pueden trasladarse que se inscriban desde su propio domicilio o que trabajadores en situaciones similares ­como los que pertenecieron a la ex empresa textil Ferres y el diario El Popular­, se presenten juntos a realizar los trámites.

Bruni sostuvo que «no es correcto que se esté trabajando mal» porque «los números así lo demuestran», aunque señaló que existen algunos obstáculos como, por ejemplo, la necesidad de solicitar información al BPS, a la Suprema Corte de Justicia o a las cajas paraestatales.

Acotó que el primer caso que se resolvió favorablemente y que ya podrá cobrar sus haberes es el de Jessie Macchi, quien estuvo recluida en el penal de Punta de Rieles

 

Historia reciente

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, remitió el 29 de noviembre de 2005 al Parlamento el proyecto de ley por el cual se proponía la reparación económica de uruguayos ex presos políticos procesados por la Justicia militar o civil y de exiliados, clandestinos y perseguidos por la dictadura militar.

En la propuesta se planteó conceder cinco Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) a quienes fueron procesados por la Justicia militar o civil, sufrieron exilio o la clandestinidad. Se trataba de una indemnización de carácter mensual de aproximadamente 7.410 pesos uruguayos.

Sin embargo, luego de que arribó el proyecto al Senado se conformó un grupo especial integrado por senadores y diputados de la izquierda y por cuatro representantes de la Mesa Política del Frente Amplio (FA) con el cometido de realizar modificaciones a la iniciativa que en gran medida recogía aportes de Crysol, de la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos (CRU), del Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (Sedhu), la Comisión de Derechos Humanos del Pit-Cnt y la Representación de Trabajadores del BPS. Ese grupo de trabajo resolvió solicitarle al Ejecutivo elevar a 10 BPC (14.820 pesos uruguayos) el monto de la reparación para ex presos y mantener en 5 BPC, es decir $7.410, el resarcimiento de los exiliados, para no diferenciar dos categorías de personas perjudicadas por la dictadura.

La alternativa recogió el respaldo de Crysol, pero fue rechazada por el Ministerio de Economía y Finanzas desde donde se elaboró la contrapropuesta de bajar a 8,5 BPC ($12.597) el monto de la reparación de los ex presos y reducir el resarcimiento de los exilados a 3,5 BPC ($5.187).

Ello llevó a que la Mesa Política del FA manifestara su rechazo a una parte de la contrapropuesta de Economía. El organismo de conducción del FA aceptaba los $12.597 para los ex presos, pero insistía en mantener los $7.410 que originalmente se proponían para todos los amparados por el proyecto.

Ante el dilema, el Ejecutivo optó por remitir a la Asamblea General, con fecha 19 de julio de 2006, una redacción sustitutiva del proyecto de ley original de noviembre de 2005, proponiendo elevar la reparación mínima a 4 BPC, es decir, $5.928, lo que logró consensos.

Empero, en los primeros días de setiembre volvió a enviar al Parlamento otra redacción por la cual planteaba incorporar como posibles sujetos amparados en el sistema de cómputos de servicios y prestaciones sociales a aquellos trabajadores que acreditaran en forma «documental» haber sido despedidos de un empleo privado por un decreto de la dictadura y cuya causal era «notoria mala conducta».

Ese decreto dictatorial permitió a los dueños de la textil Campomar de Juan Lacaze y de la Unión Textil Ferres de El Cerro despedir por «mala conducta» a los trabajadores que participaron en la huelga general de julio de 1973, convocada por la Central Nacional de Trabajadores, como respuesta y resistencia al golpe de Estado.

Finalmente el 6 de setiembre de 2006, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto con ciertas modificaciones y lo remitió a la Cámara de Diputados donde resultó sancionado sobre fines de octubre.

Las modificaciones que se le introdujeron en el Parlamento se refieren a que para quien debe presentar «testimonios calificados» de que fue despedido por persecución sindical, alcanza con la prueba del propio sindicato al que perteneció.

Otro de los cambios establece que la Comisión Especial podrá otorgar una pensión especial reparatoria a aquellas personas que hayan sido privadas de su libertad en un lapso superior a un año y no hayan sido sometidas a proceso.

Además, esta comisión deberá elevar a la Asamblea General un informe evaluatorio del cumplimiento de los objetivos de la norma durante el primer y el segundo año de la aplicación de la ley. *