Comisión de reforma del Estado busca romper la cultura de la gestión pública

El subdirector de la OPP y uno de los cuatro integrantes de la comisión, Daniel Mesa, dijo respetar las diferentes opiniones que puedan haber sobre el tema, incluso la del ministro Jorge Lepra u otro jerarca, pero indicó que «el problema no es la norma, sino la cultura de gestión».

La comisión gubernamental que estudia la reforma del Estado evalúa que, por ahora, no es necesario eliminar la inamovilidad del funcionario público para mejorar la calidad de la gestión estatal.

El subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Daniel Mesa, sostuvo, en diálogo con LA REPUBLICA, que «no se está pensando en ir a una modificación constitucional para eliminar la inamovilidad del funcionario público, porque entendemos que hay mucho campo para trabajar en otras áreas».

Por ejemplo, dijo Mesa, «primero habrá que definir claramente qué se entiende por omisión y por ineptitud» del funcionario estatal, ya que «hasta el momento no hay una definición que establezca correctamente este tema».

Definidos estos puntos quedarían claramente establecidas las causales de destitución del empleado público.

Mesa, que es uno de los cuatro integrantes de la comisión de reforma del Estado (junto al presidente de Ancap, Daniel Martínez, Humberto Ruocco, de la Oficina de Servicio Civil, y el asesor presidencial, Conrado Ramos), dijo que «a pesar de las diferentes opiniones que puedan tener algunos integrantes del gabinete, como por ejemplo el ministro Jorge Lepra (o el vicepresidente de la República Rodolfo Nin Novoa), la opinión del grupo coordinador es que modificar la Constitución para determinar la inamovilidad del funcionario público no es necesaria», sentenció.

Cabe consignar que el ministro Lepra dijo ayer al semanario Búsqueda que «el Poder Ejecutivo prepara para este año una reforma del Estado que incluye el fin de la inamovilidad de los funcionarios públicos y una readecuación salarial en base a aumentos diferenciales y topes».

Sobre el particular, Mesa señaló que «sólo los funcionarios presupuestados de la Administración Central son los que están amparados por la norma de la inamovilidad y los mismos no llegan al 10% del total de los empleados estatales».

El subdirector de la OPP sostuvo que, a su juicio, «el problema no es la norma, sino la cultura de la gestión».

Sin embargo aclaró que «la comisión tiene el cometido de preparar el terreno para que el Poder Ejecutivo tome la decisión, que incluso puede ser distinta a la que se aconseje».

De todos modos, Mesa advirtió que, «para la comisión, el tema de la inamovilidad no es prioritario e incluso dentro del gabinete ministerial no se ha discutido», acotó.

El subdirector de la OPP entiende que «es bueno que haya diferentes opiniones sobre el tema y que se discuta sobre la inamovilidad del funcionario público».

Incluso, dijo Mesa, «quizás no haya consenso dentro de la misma comisión de reforma del Estado y se presenten insumos para el gabinete con diferentes alternativas».

En este contexto, el subdirector de la OPP señaló que la reforma del Estado «es un sistema de transformaciones, en el cual algunas se darán en el corto plazo y otras necesitarán más tiempo».

En tal sentido, Mesa dijo que «antes de enviar la próxima Rendición de Cuentas, en abril, se debería tener definido cuántas unidades ejecutoras tienen los diferentes ministerios y cuáles son las que efectivamente se necesitan para desarrollar los objetivos estratégicos de los mismos».

El jerarca agregó: «Habrá que definir si hay que suprimir o crear nuevas unidades ejecutoras, pero del análisis que se ha hecho hasta ahora no se desprende la supresión de ninguna de ellas».

Sin embargo, señaló que «quizás haya que pensar en cambios de unidades ejecutoras en ministerios, porque algunas funcionarían mejor en otra secretaría de Estado».

Según el subdirector de la OPP, la reforma «no se trata de una reducción de unidades, sino de la adecuación de las funciones para hacer un Estado más eficiente y más democrático y en ese marco ver qué cantidad de funcionarios (públicos) se necesitan», observó.

Luego de terminar esta primera parte de la reforma, «comenzaría la segunda fase, que es la de hacer el mismo análisis en cada unidad ejecutora y definir si hay o no que suprimir alguna división interna».

Este paso llevará tiempo, porque «las velocidades son desiguales en cada ministerio y porque se trata de una reforma que no se ha hecho en 175 años», señaló Mesa.

El subdirector de la OPP informó que «los trabajadores están participando de la revisión de los planes estratégicos de cada organismo, ya que la idea es que no sólo se vea reflejada la visión de las jerarquías, sino que también esté la de los trabajadores y la del conjunto de la sociedad en general. Por eso es que se le da suma importancia al resultado que arroje el Compromiso Nacional, en el que también participan los empresarios».

Mesa señaló que «más adelante se debatirá el tema con los diferentes partidos políticos» y que «todavía no hay definición» sobre si es necesario fusionar o no ministerios, ya que «ese tema sigue en la órbita del Consejo de Ministros».

Cabe consignar que el programa de gobierno que llevó a ganar las elecciones presidenciales al Frente Amplio sostiene, en referencia a los funcionarios públicos, que «la administración progresista deberá enfrentar las prácticas negativas instaladas a través de ciertas culturas institucionales adquiridas en largos años de falta de motivación y control adecuado». *