Un punto… ¿y seguido?

La decisión del gobierno uruguayo de suspender la búsqueda de restos de desaparecidos y decretar la fecha del natalicio del prócer José Artigas como el «Día del nunca más» ha generado, al menos, confusión entre familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y los propios militares.

Mientras el presidente Tabaré Vázquez dijo que éste no era un «punto final», la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, declaró que hasta aquí se había podido llegar, y el comandante en jefe del Ejército, Washington Rosales, afirmó que se había «cancelado» la orden de búsqueda de los desaparecidos.

La decisión política de la administración del Frente Amplio se produce exactamente a 20 años de aprobada la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, por la que durante casi dos décadas se impidió que la Justicia indagara las violaciones a los derechos humanos de la dictadura.

Durante los dos primeros años de la gestión del presidente Tabaré Vázquez se logró lo que no se había podido en los cuatro períodos de gobierno anteriores: se encontraron los restos de dos desaparecidos y el Poder Judicial dispuso extradiciones y procesamientos de militares, policías y civiles del régimen.

Los avances obtenidos por el actual gobierno fueron el resultado de tres determinaciones políticas concretas con las que el primer mandatario modificó el estilo de relacionamiento con las fuerzas armadas que se había sucedido durante los anteriores cuatro gobiernos electos.

 

Orden a los comandantes

Tabaré Vázquez se constituyó en el primer presidente civil que ordenó a los comandantes en jefe de la Armada, la Aviación y el Ejército que informaran sobre los desaparecidos. La orden directa del mandatario en su condición de jefe de las Fuerzas Armadas derivó en tres informes diferentes.

El informe del brigadier general Enrique Bonelli fue el de mayor impacto: reconoció que se había torturado y matado en unida- des de la Fuerza Aérea e identificó como lugar de enterramiento de dos víctimas una chacra de Pando, donde finalmente se encontró un cuerpo: el de Ubagesner Chaves Sosa.

La Fuerza Aérea Uruguaya agregó otro elemento que implicaría un cambio sustancial en la reconstrucción de la historia: reconoció que había existido el «segundo vuelo» de Orletti, lo que implicaba que uruguayos secuestrados en Argentina fueron traídos a Montevideo, donde los asesinaron en forma masiva.

El documento de la aviación dejó en falsa escuadra al informe del entonces comandante del Ejército, Angel Bertolotti: la fuerza de tierra, que admitió la muerte de detenidos y enterramientos, y corrigió datos que legitimó la Comisión para la Paz, no reconoció la existencia de aquel segundo vuelo.

El informe de la Armada fue el que mayores reacciones generó, en la medida en que el vicealmirante Tabaré Daners, juez sumariante de la dictadura, no admi- tía siquiera la participación de su unidad de fusileros navales (Fusna) en la represión contra los Grupos de Acción Unificadora (Gau) en 1978.

 

La búsqueda arqueológica

Una investigación aerofotogeológica realizada por un equipo de técnicos de la Facultad de Ciencias y datos del propio Ejército sobre lugares de enterramientos llevaron al presidente Vázquez a una segunda decisión: excavar dentro de unidades militares en busca de los desaparecidos.

La misión encomendada al antropólogo José López Mazz partía de la certeza («en un 99,99 por ciento», llegó a decir el gobierno) de tener datos fidedignos del lugar donde había sido enterrada en 1976 la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman, la nuera del poeta Juan Gelman.

La hija de la desaparecida, Macarena Gelman, nacida en cautiverio y entregada a la familia de un policía, fue llevada al Batallón de Paracaidistas Nº 14, donde el propio comandante en jefe Bertolotti le indicó un radio de cinco metros debajo del cual se encontrarían los restos de su madre.

La búsqueda fue frustrante. Los datos aportados por oficiales militares que participaron de su secuestro, asesinato y enterramiento resultaron falsos. Los antropólogos cavaron en el Batallón 13 y en el 14, sin encontrar restos. Sólo apareció el cuerpo de Fernando Miranda, pero por datos de otras fuentes.

Una de las dificultades que enfrentaron los atropólogos fue la falta de fuentes directas para trabajar. Durante un prolongado tiempo se vieron limitados a las informaciones oficiales del Ejército, transmitidas a través del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y no pudieron obtener fuentes propias.

 

La interpretación de la ley

La tercera decisión clave del presidente Tabaré Vázquez en el tema de los derechos humanos estuvo en la forma de interpretar la polémica Ley de Caducidad, que permitió por primera vez la actuación de la justicia penal y el procesamiento de militares, policías y civiles de la dictadura.

El «Protocolo Fernández», como se llamó en alusión al secretario presidencial, ordenaba investigar toda denuncia para luego ampararla o no a la caducidad, y establecía que no estaban amparados los crímenes anteriores a 1973 y los realizados en el exterior, como los económicos que ya establecía la norma.

La interpretación de la Ley 15.848 permitió la indagación de diversas denuncias ­muchas de las cuales aún están realizándose­ y el procesamiento por los delitos de «asociación para delinquir» y «privación de libertad» de un grupo de militares y policías que permanecen encarcelados.

Los oficiales Ernesto Ramas, José Nino Gavazzo, Luis Maurente y Jorge Silveira, los ex oficiales José Arab y Gilberto Vázquez, y los policías Ricardo Medina y José Sande Lima fueron procesados por el caso Adalberto Soba, mientras el coronel aviador José Araújo Umpiérrez, preso para su extradición, como los soldados Ernesto Soca y Julio Casco.

Paralelamente, el Poder Judicial avanzó en los casos que implicaban a Juan María Bordaberry, quien terminó procesado junto a su canciller, Juan Carlos Blanco, por el homicidio de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. El dictador también fue procesado por otros diez homicidios.

 

Un punto… ¿y seguido?

Junto al decreto por el que se establece el 19 de junio como día del «Nunca Más», también se prevé la divulgación de un libro sobre el pasado reciente elaborado por un grupo de historiadores y la creación de una comisión de seguimiento que, según los datos que surjan, haría retomar la búsqueda.

La decisión política de Tabaré Vázquez de establecer un «cuarto intermedio» en el trabajo de investigación, recopilación de datos y excavación para ubicar el paradero de los desaparecidos ha sido interpretada de distintos modos en la opinión pública, los defensores de derechos humanos y los militares.

Algunos medios han señalado que se trata de un punto final, pese a que el propio Vázquez aclaró que no era así; otros han alentado la posibilidad de que se «dé vuelta la página» y se cierre el «revisionismo», y hay quienes creen que cesó la voluntad política del gobierno ante el desgastante tema.

La «tregua» ha generado preocupación, cuando el comandante de Ejército sigue sin reconocer el «segundo vuelo» de Orletti y da el tema por clausurado, y hasta paranoia cuando el «espejo» que se refleja desde Argentina asusta con la desaparición de dos testigos de cargo en causas contra represores.

Voceros de grupos de derechos humanos, sin embargo, se mostraron tranquilos ante la decisión. «Era tiempo de que el gobierno dejara hacer sin interferir ni ser el eje de todo. La búsqueda seguirá como siempre y, si hay lugares donde excavar, se ordenará excavar. Es el compromiso», dijeron. *