Lo más relevante de la política en 2006

Sin duda, los episodios más espectaculares ocurrieron en el terreno de la justicia y los derechos humanos. El encarcelamiento del dictador Juan María Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco, así como de varios conspicuos represores ­incluida la fuga y posterior captura del mediático Gilberto Vázquez- marcaron un punto de inflexión en el accionar judicial y en el ya largo peregrinaje por las sedes penales de víctimas y familiares de víctimas.

El 23 de diciembre a la madrugada, los ex policías Sande Lima y Medina y los ex militares Gavazzo, Vázquez, Maurente, Silveira y Arab fueron trasladados al nuevo establecimiento construido especialmente en un predio militar del Batallón de Ingenieros Nº 7, por considerar peligroso mantenerlos en cárcel central.

Tres días más tarde, en reunión con todos los ministros y legisladores, el presidente Tabaré Vázquez aprobó una resolución que establece finalizada la primera etapa de búsqueda de restos de desaparecidos en el país y que establece el 19 de junio como el Día del Nunca Más. Igualmente, el Presidente aclaró: «No hay final de la historia ni punto final».

El disparador de estos hechos fue la novedosa interpretación de la Ley de Caducidad que introdujo el gobierno de Tabaré Vázquez. Para muchos, al descorrer el velo de impunidad que prevalecía sobre innumerables delitos, Vázquez abrió la puerta para que la Justicia investigue, sin presiones ni ataduras, como no lo había hecho nunca. Para otros, en cambio, empujó al país a recorrer un peligroso camino de desestabilización al apartarse de lo pactado en el Club Naval y que el propio Frente Amplio había suscrito. En ese marco, hay que anotar que al cumplirse dos décadas de vigencia de la denominada «Ley de Impunidad» un grupo de ciudadanos llamó a dejarla sin efecto.

La identificación de los restos aparecidos en el Batallón de Infantería Blindada Nº 13 (el ex dirigente comunista y escribano Fernando Miranda) y en la chacra de Pando (el ex militante comunista Ubagesner Chaves Sosa), terminó por demoronar el discurso del antirreviosionismo que campea en amplios sectores castrenses y también políticos y que catalogaba de invenciones maliciosas de la izquierda la desaparición de hombres, mujeres y niños.

El 18 de mayo, Día del Ejército, el teniente general (r) Gregorio Alvarez rechazó la posibilidad de pedir perdón por los hechos ocurridos durante la dictadura. «Antes caer de espaldas que de rodillas», dijo quien se considera uno de los más fervientes impulsores del golpe de Estado en 1973.

Con toda la polvareda que se levantó, el desacato militar, alentado durante años por sectores civiles y militares, en su mayoría simpatizantes de la dictadura, no se produjo. Respecto a esto último, el gobierno demostró estar atento y ser muy cuidadoso, al extremo, en su relacionamiento con los militares. Mientras, por un lado, organizó un gran debate nacional sobre la futura ley de defensa, en el que civiles y militares compartían aulas y tribunas, por el otro, marcó con implacable firmeza los límites de ese diálogo. De esa manera, no le tembló el pulso a la hora de remover de su cargo al ex comandante del Ejército Carlos Díaz – una pieza clave de las investigaciones sobre los desaparecidos-, al trascender una cena privada que éste había mantenido con políticos del Partido Colorado -el ex presidente Julio Sanguinetti y el ex ministro de Defensa Yamandú Fau-, para la cual no había solicitado autorización presidencial. El polémico episodio deterioró, más aún, el relacionamiento con la oposición.

En este terreno, pareció llevar la delantera el Partido Nacional, con reiteradas convocatorias a ministros al Parlamento. El 22 de agosto el Partido Nacional interpeló en el Senado a los ministros Danilo Astori y Reinaldo Gargano por la política exterior del gobierno. Los ministros no mostraron fisuras y por mayoría el Senado decidió que las explicaciones fueron suficientes. (ver recuadro aparte).

No obstante, sobre el final de año, gobierno y oposición reactivaron el diálogo sobre la base de un acuerdo no escrito: la designación de un nuevo fiscal de Corte y la integración del Tribunal de Cuentas y Corte Electoral. Sin embargo, a último momento, todo volvió a fojas cero luego que el Frente Amplio rechazara una candidatura surgida del propio gobierno -y que contaba al parecer con el visto bueno de la oposición-, y la negativa del Partido Nacional y del Partido Colorado a acompañar a otro candidato surgido desde la propia Presidencia de la República.

 

El conflicto con Argentina

Otro de los ejes en torno a los cuales giró la política nacional tuvo que ver con el relacionamiento con Argentina. El conflicto por las plantas de celulosa de Fray Bentos llevó las relaciones bilaterales a un pico histórico de deterioro, tal vez comparable con lo ocurrido en la década de los años cincuenta entre los gobiernos de Luis Batlle y Juan Perón. Sin solución a la vista, está en curso un proceso de «facilitación» que lleva adelante un representante del rey de España a pedido del presidente argentino Néstor Kirchner.

Para Uruguay, no habrá negociación mientras la presidencia argentina ordene levantar los cortes a los puentes binacionales.

Prácticamente el año 2006, se inició con cortes de ruta en los puentes que unen Gualeguaychú-Fray Bentos, Concordia-Salto y Colón-Paysandú, a lo que se sumó la «invasión» de Greenpeace a las plantas. Lo que no pudo obtener aún Uruguay en el plano bilateral, sí lo consiguió a nivel internacional. De todos modos, por estos días ya es apreciable el daño que ocasiona a la temporada turística nacional a raíz de los cortes de ruta. Empero, la diplomacia argentina se anotó un gol, al conseguir en setiembre el traslado de Ence fuera del área de Fray Bentos y del río Uruguay (su nuevo emplazamiento sería en Conchillas, al sur del departamento de Colonia, sobre el río de la Plata).

El 14 de diciembre Ence inició oficialmente los trámites para instalarse en esa localidad. Las autoridades de Ence habían dado la noticia públicamente de la reubicación, en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, ante autoridades de gobierno argentinas. No obstante, antes lo habían transmitido al gobierno uruguayo, en una reunión con el secretario de la Presidencia.

Al principio de año, comenzaron las conversaciones con ejecutivos de la pastera Stora Enso para ubicar, lo que sería la tercer planta de celulosa del país, en Durazno.

En la primera instancia internacional favorable a Uruguay, Argentina había solicitado al alto tribunal que dictara una sentencia que suspendiera las obras de construcción de la planta mientras se sustanciaba el juicio contra Uruguay por la presunta violación del Estatuto del río Uruguay; sin embargo, el pedido fue rechazado el 13 de julio, por 14 de los 15 magistrados que componen el tribunal.

Después, el 19 de diciembre, fue el gobierno uruguayo el que reclamó a la Corte de La Haya que adopte una medida cautelar que obligue a Argentina a tomar acciones que pongan fin a los bloqueos de ruta. El fallo será comunicado en el correr de este mes.

Pero entre cada una de las instancias ante la Corte de La Haya hubo sendos fallos favorables a Uruguay. El 6 de setiembre el Tribunal Arbitral del Mercosur determinó que Argentina omitió adoptar medidas para prevenir y/o hacer cesar la libre circulación derivada de los cortes de ruta, violando el Tratado de Asunción.

Posteriormente, el 21 de noviembre, el Consejo Ejecutivo del Banco Mundial (BM) aprobó por 23 votos a uno otorgar un crédito de U$S 170 millones y una garantía de U$S 30 millones para que Botnia culmine sus obras.

Las declaraciones públicas del presidente argentino, Néstor Kirchner, quien dijo que con la decisión del BM «ganaron los intereses de los países centrales», y calificó a Tabaré Vázquez de «intransigente», pautaron una relación diplomática que se fue resquebrajando lentamente.

La postura oficial f
ue el silencio para no ingresar en el juego de las acusaciones. A raíz del clima de hostilidad en las asambleas piqueteras, el gobierno dispuso reforzar la seguridad perimetral de Botnia con efectivos militares. Finalmente, a pedido de la propia empresa, se optó por dejar de lado tal iniciativa que había un generado fuerte rechazo del gobierno argentino.

Desde el gobierno uruguayo se insistía con el ofrecimiento de monitorear conjuntamente con Argentina las plantas de celulosa.

El 19 de abril se reunieron en Asunción los presidentes de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela, los socios menores del Mercosur, y se acordó la alianza energética entre Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Vázquez pidió que el gasoducto planificado no pasara por Argentina.

En mayo, durante la Cumbre de Viena fue la oportunidad del Presidente para encontrar apoyo de los países europeos en cuanto al conflicto con Argentina. También fue la oportunidad para Evangelina Carrozzo, Miss Gauleguaychú, para impactar a los presidentes reunidos con su poca vestimenta y un cartel en contra de la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos.

 

TLC sí, TLC no

El primer mes del año fue también el punto de partida de una discusión que llevaría gran parte del 2006, cuando el ministro de Economía Danilo Astori declaró al semanario Búsqueda que Uruguay debía hacer esfuerzos para llegar a acordar un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos. A partir de este disparador, legisladores y ministros, y hasta el propio presidente, opinaron con matices sobre la conveniencia o no de un TLC con Estados Unidos. A nivel partidario, la discusión pareció cerrarse cuando el Plenario Nacional del Frente Amplio ratificó la vigencia del Mercosur y cuestionó los acuerdos comerciales bilaterales que comprometieran al bloque y al proyecto de país productivo. Mientras tanto, la oposición marcó con claridad ser partidaria de un TLC.

Los anuncios a favor de un acuerdo, generaron el rechazo de los socios mayores del Mercosur, Argentina y Brasil. Esto llevó a los ministros de Exteriores Reinaldo Gargano y de Economía Danilo Astori a formalizar planteos en el exterior.

La discusión sobre un TLC con Estados Unidos se reactivó con la gira presidencial a Austria en mayo, en donde no descartó la posibilidad de ampliar el acuerdo comercial. Mientras que Astori y varios ministros apoyaban la idea de profundizar el acuerdo con Estados Unidos, el FA apostaba al fortalecimiento del Mercosur. Sin embargo el 30 de ese mes Vázquez dijo al Pit-Cnt que no estaban dadas las condiciones para un TLC con la potencia norteamericana.

Setiembre fue el mes de discusión más fuerte sobre la posibilidad de acordar un TLC con Estados Unidos. La izquierda fue protagonista de un debate en el que las únicas posiciones posibles parecían ser apoyar al Mercosur o apoyar un TLC con el país del norte.

El viernes 29 las discusiones terminaron cuando el presidente Tabaré Vázquez declaró que no cerraría un TLC con Estados Unidos porque «en una negociación no podemos aceptar una imposición». El Departamento Comercial de ese país le había comunicado al gobierno uruguayo la necesidad de ir a un «fast track». En cambio, el Presidente dijo que sí negociaría un Tifa, en español, un Acuerdo Macro de Inversiones y Comercio con la potencia norteamericana.

El enfriamiento de las relaciones en el Mercosur quedó en evidencia el 3 noviembre al inaugurarse la XVI Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado.

El tema central de la Cumbre era los flujos migratorios y sus consecuencias para el desarrollo socioeconómico de las naciones. Pese a que participaron las 24 naciones convocadas, sorprendió la ausencia de ciertos mandatarios como Luis Inácio «Lula» Da Silva, y también del presidente venezolano Hugo Chávez (éste por razones de política interior).

Néstor Kirchner estuvo menos de 24 horas en el país, y no se dio el tan esperado encuentro con Vázquez por el tema plantas de celulosa. En ese marco, el presidente argentino le propuso al rey español Juan Carlos de Borbón la mediación de España en el conflicto. Vázquez dijo que sin duda apoyaba esa acción.

 

La marcha de la Economía

Uno de los anuncios más celebrados desde el gobierno fue el que sobre el final de 2006 realizó el equipo económico, referido a la disminución de la tasa de desempleo. Se trata de una baja que se registró en octubre con una cifra que cayó al 9,7% de la población económicamente activa.

El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo públicamente que alcanzar una tasa de desempleo de un dígito era una meta que el gobierno recién esperaba lograr en el año 2009. Pero también anunció que desde ahora la expectativa será continuar en esa senda hasta lograr que el desempleo se ubique en un 8,6%.

El equipo económico también celebró con optimismo la cancelación por adelantado, de la deuda por US$ 1.080 millones que Uruguay mantenía con el FMI. El anuncio fue realizado por Astori el 8 de noviembre.

El 30 de octubre el ministro de Economía Danilo Astori había dicho que Uruguay no firmaría una nueva Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que el país ya tiene todos los recursos para pagar la deuda con este organismo. «Seré el ministro que termine con el FMI», dijo a los periodistas.

Otros de los aspectos significativos fue la aprobación de la ley de Reforma Tributaria, la cual establece la modificación de la mayoría de los impuestos y la sustitución del Impuesto a las Retribuciones Personales por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, una de las banderas de la izquierda. La normativa se pondrá en funcionamiento a mediados del 2007.

En el plano económico, se destaca la reactivación del ingenio sucroalcoholero al norte del país.

A principios de año, en el mes de enero se firmó el acuerdo por el cual Alur de Ancap y la Corporación Nacional para el Desarrollo absorbían Calnu. Alur SA fue inaugurada el 2 de febrero, y se comenzó a plantar y refinar caña de azúcar en Bella Unión. En junio, Tabaré Vázquez inauguró la primera zafra azucarera de Alur en Bella Unión. «El país productivo nació en Bella Unión», dijo.

 

Un lock out desestabilizador

El 26 de octubre, tras una larga jornada de negociaciones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Intergremial del Transporte de Carga Profesional levantó la huelga que durara tres días y que estuviera a punto de paralizar a todo el país. La Intergremial se opuso al aumento del gasoil que decretara el Poder Ejecutivo para subsidiar el boleto en todo el país. El Pit-Cnt realizó un paro de cinco horas al otro día de declarado el paro indeterminado por la Intergremial, en contra del mismo y en respaldo a las instituciones. El conflicto se solucionó después que el Poder Ejecutivo decretara la esencialidad del servicio de transporte de carga. Muchos sectores de la izquierda acusaron que este paro había sido un «lock out» patronal apoyado por los partidos tradicionales para desestabilizar al gobierno.

 

Los otros hechos de 2006

El mes de marzo se inició con la entrada en vigencia el decreto presidencial que prohíbe fumar en lugares cerrados tales como bares, shoppings, oficinas públicas y privadas, etc. La medida generó controversia en algunos comerciantes que manifestaron miedo a perder clientela. Lentamente, la población se fue adaptando a la nueva realidad. El día 26 de ese mes, se realizaron por primera vez elecciones en el Banco de Previsión Social (BPS), a las que concurrieron el 70% de los habilitados para votar.

En abril se lanzó el Debate Educativo, por el cual el gobierno instaló el diálogo entre docentes, estudiantes, autoridades y gremiales de la enseñanza y ciudadanos en general con el fin de discutir y recabar propuestas para una futura Ley de Educación.

En noviembre comenzó el Congreso Educativo, en el que participaron más de un millar de personas. Entre las
resoluciones más importantes se destacan la autonomía y cogobierno de la educación pública en todos sus niveles y la postulación del 6% del PBI para toda la educación.

A fines de mayo el tema del endeudamiento agropecuario dividió las posiciones entre el ministro de Ganadería, José Mujica, y el ministro de Economía, Danilo Astori. Una insinuación de renuncia de Mujica se descartó después de una reunión entre ambos ministros y el presidente Vázquez.

En medio de la ocupación de la planta de Dancotex y tras ocupaciones en la curtiembre Naussa de Las Piedras, el Poder Ejecutivo aprobó el decreto de prevención de conflictos y regulación de ocupaciones, que generó una polémica tanto con sindicalistas como con los empresarios.

El 19 de junio en la ciudad de Paysandú, el Pit-Cnt y las organizaciones sociales nucleadas en la Plataforma Uruguaya por los Derechos Humanos lanzaron la campaña nacional para anular la Ley de Caducidad. Se pretende generar un debate entre los ciudadanos y finalmente decidir en plebiscito si permanece o no dicha ley.

El Poder Ejecutivo presentó en julio el proyecto de Rendición de Cuentas al parlamento, anunciando un aumento del gasto en las áreas de salud, educación, seguridad y obras públicas, lo que generará 20 mil nuevos puestos de trabajo.

Ese mes, Venezuela oficializó su ingreso al Mercosur en una ceremonia protocolar realizada en Caracas. A la misma concurrieron los presidentes Vázquez y Kirchner, quienes se abrazaron fraternalmente pese al diferendo de las plantas de celulosa.

En agosto, la Comisión Investigadora de Diputados confirmó que entre los años 1995 y 2000 los directores del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) gastaron un millón de dólares en viajes.

Ese mes, el gobierno uruguayo comunicó al gobierno de Estados Unidos que no participará más en la Operación Unitas 2006, por considerarlos como un remanente de la Guerra Fría. Desde 1958 Uruguay participaba de estas operaciones militares.

El 30 de agosto el Banco de Desarrollo Social (Bandes) de Venezuela abrió en el Uruguay, luego de que comprara lo que fue la cooperativa bancaria Cofac. El Bandes apunta a apoyar a los pequeños y medianos empresarios.

En medio de una discusión pública lanzada por sectores del Frente Amplio entorno a la legalización de la marihuana, el ex-presidente Jorge Batlle aumentó la apuesta y dijo: «Hay que legalizar todas las drogas».

El 12 de setiembre el Senado aprobó el proyecto de ley por el cual se regula la unión concubinaria y se establecen normas sobre subsistencia, seguridad social y bienes de la pareja. El artículo más polémico es el que reconoce la relación entre homosexuales.

El 4 de octubre, Pedro Bordaberry y Rafael Michelini protagonizaron un enfrentamiento en un programa de televisión. Bordaberry defendió en el programa la inocencia de su padre en los homicidios de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y como pruebas presentó dos grabaciones ocultas de conversaciones con el senador Michelini y el secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández. Michelini fue avisado por la producción del programa una hora antes y concurrió a los estudios de Canal 10 a dar su versión sobre los hechos.

El 12 de octubre la Junta Departamental de Montevideo eligió al primer Defensor del Vecino, o Ombudsman del departamento. El elegido fue el psicólogo social Fernando Rodríguez, quien en las dos primeras semanas de mandato ya recibió más de 100 llamados.

El viernes 13 entró en vigencia la ley reparatoria a presos y perseguidos políticos durante la dictadura. La misma reconoce derechos a millares de personas que en el período que abarca desde el nueve de febrero de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985, se vieron afectados económicamente por ser presos políticos, exiliados o militantes despedidos por razones ideológicas, políticas o gremiales.

El 22 de octubre los montevideanos eligieron a los delegados a los concejos comunales y los proyectos que ejecutará la intendencia en el 2007.

Aproximadamente 74 mil personas participaron de las elecciones en las se eligieron 47 proyectos a realizar en las 18 zonas de Montevideo.

El domingo 12 de noviembre se realizaron las elecciones internas del Frente Amplio, en las cuales se eligieron los miembros del Plenario Nacional y de los Plenarios Departamentales. Estaban habilitados a votar todas las personas mayores de 14 años, y el total de votantes llegó a los 220.000.

En noviembre prácticamente estaban resueltos los convenios de los 103 subgrupos de los Consejos de Salarios, que este año se ampliaron para reglamentar la licencia sindical, mecanismos de prevención de conflictos y ámbitos de participación de los trabajadores.

El 12 de diciembre se puso fin al conflicto del sector lácteo, que había paralizado la elaboración de yogures, quesos y postres y la distribución de leche por 92 días.

El 13 de diciembre el Partido Colorado expulsó al diputado Carlos Signorelli, tras haber comprobado que el legislador había ofrecido su banca a su suplente por U$S 1.450 mensuales. *