Por el "derecho a la verdad" reclaman la reapertura del caso Oscar Tassino

El juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero, comenzó a actuar, días antes del inicio de la feria judicial mayor, en el caso de secuestro y desaparición en 1977 del militante comunista Oscar Tassino Asteazu, cuya reapertura solicitaron sus familiares amparados en el «derecho a la verdad».

La reapertura de la causa, auspiciada por el Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur), se fundamenta en el informe Nº 29 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pronunció en 1992, cuando declaró a la Ley de Caducidad incompatible con el derecho internacional.

El Caso Tassino había sido presentado ante la Justicia tras la reinstitucionalización del país, pero fue amparado por el presidente Julio María Sanguinetti en la Ley 15.848 el 20 de mayo de 1987, pese a los múltiples recursos de inconstitucionalidad presentados.

El 8 de setiembre de 2006, los abogados de Ielsur pidieron la reapertura de la causa en representación de la hija, Karina Tassino Flores, y los hermanos Javier y Alvaro Tassino, en el entendido de que la propia Ley de Caducidad y la jurisprudencia internacional les habilitan a conocer la verdad de lo ocurrido.

«El derecho a la verdad es un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos, y a la vez un derecho particular para los familiares de las víctimas, que permite una forma de reparación, en particular, en los casos de aplicación de leyes de amnistía» , se fundamenta en el reclamo.

El expediente sobre el caso Oscar Tassino (Nº 149/85) se había «perdido» en los intrincados archivos del Poder Judicial, y recién fue ubicado a fines de noviembre de 2006, por lo que se reiteró su apertura que quedó ahora en manos del magistrado actuante.

 

Operativo de detención

En el caso están directamente involucrado los militares Eduardo Ferro, Ernesto Ramas y Jorge Silveira, y Ariel Ricci, a quien el Partido Comunista (PCU) considerara un traidor y que, según testigos, participó armado en el operativo de secuestro de Tassino.

En la mañana del 19 de julio de 1977, en la casa de Máximo Tajes 6632 se presentaron tres personas armadas que dijeron ser miembros de las Fuerzas Conjuntas. Redujeron a los ocupantes de la finca, Ana Regnier y Hermes Fule, y armaron una «ratonera» para secuestrar a Oscar Tassino.

Uno de los represores era el ex militante comunista Ariel Ricci, quien no dudó en poner un revólver en la cabeza de Martín Casco, amigo de los dueños de la casa que llegó al lugar media hora después. La «ratonera» se mantuvo hasta las 9.00 horas, cuando Oscar Tassino llegó al lugar.

Luego de la detención, ingresaron a la finca dos militares que fueron identificados como los reconocidos represores Ernesto Ramas y Eduardo Ferro, quienes llevaron a Tassino a un cuarto para golpearlo brutalmente. Media hora después se lo llevaron encapuchado en un auto marca Peugeot.

Al lugar llegó un jeep del Ejército con tres hombres armados, quienes permanecieron en el lugar hasta la tardecita. Al día siguiente, Ferro volvió al lugar, acompañado de una mujer que permaneció en silencio, y amenazó de muerte a los dueños de la finca para que abandonaran el país en 24 horas.

Testigos escucharon las terribles torturas que Oscar Tassino recibió en el centro de detención «La Tablada», donde entonces operaba el «300 Carlos» del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) de la División de Ejército I. Tassino ya había sido detenido y torturado en 1974.

 

Las grandes mentiras

Desde la desaparición de Oscar Tassino, las autoridades del Estado uruguayo han dado múltiples y contradictorias versiones sobre su destino y el eventual paradero de sus restos. Contradicciones que son en definitiva las que fundamentan el reclamo de «derecho a la verdad» de sus familiares.

En el caso Tassino, las contradicciones entre las informaciones dadas por el Estado uruguayo hacen que su destino se haya convertido, en dictadura, en los posteriores gobiernos, y aún en la administración Vázquez, en un tétrico juego de «mosqueta» que ofende tanto a los familiares como a la verdad.

El 15 de diciembre de 1980, el régimen dictatorial respondió a pedidos internacionales con un informe según el cual Tassino estaba requerido desde el 8 de febrero de 1977 por participar de «actividades subversivas». El 21 de mayo, la dictadura agregaba que «ignoraba su paradero».

Cuando se reinstauró el régimen de derecho se presentó la denuncia judicial del caso que fue rápidamente amparada en la Ley de Caducidad. El 14 de diciembre de 1988 el comandante en jefe del Ejército informaba que, según la investigación de un fiscal militar, no existían antecedentes sobre el operativo.

A los dos años de aprobada la Ley de Caducidad, 22 de diciembre de 1988, un fiscal militar interrogaba sobre el caso al teniente coronel Eduardo Ferro en «cumplimiento» del artículo 4º de la Ley de Caducidad. «Desconozco los hechos de los cuales se me pide información», ironizó Ferro.

Días después, el fiscal militar coronel Nelson Corbo concluía igual que el famoso fiscal José Sambucetti en otros casos: «No se ha podido obtener pruebas de que realmente haya habido participación de determinado grupo operativo perteneciente a las Fuerzas Armadas y policiales en la citada finca, y como consecuencia se hubiera detenido al buscado Oscar Tassino», decía.

 

Las medias verdades

El 2 de julio de 2003, en su informe final, la Comisión para la Paz creada por el gobierno de Jorge Batlle confirmó que Oscar Tassino «fue detenido el 19 de julio de 1977, las 9.00 horas, en una finca de la calle Máximo Tajes 6632, donde personal militar había montado una ratonera».

El informe agregaba que «fue llevado al centro clandestino de detención de La Tablada, donde fue torturado», que» murió el día 21 de julio de 1977 a causa de un golpe violento en la cabeza», y que «sus restos -según la información recibida- habrían sido primero enterrados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata».

Las conclusiones de la Comisión para la Paz, que contrastaban con las falsas informaciones que el Ejército y el gobierno dictatorial habían dado en su momento, volvieron a ser corregidas en el informe que sobre los desaparecidos el Ejército entregó al presidente Tabaré Vázquez en 2005.

El informe presentado por el Ejército el 8 de agosto de 2005 ratifica que Oscar Tassino «fue detenido por la OCOA en una finca de la calle Máximo Tajes Nº 6632, el 19 de julio de 1977, y fue conducido al centro de detención de «La Tablada». Falleció en fecha aproximada al 24 de julio de 1977.

Sin embargo, el Ejército dio otra conveniente versión de su destino: «Según la información obtenida, y a diferencia de lo establecido en la Comisión para la Paz, el fallecimiento se produjo por suicidio, lo que sucedió en momentos en que concurre al baño sin sus custodias, no pudiéndose determinar la forma en cómo se autoeliminó, por no habérsele practicado autopsia.»

Y, para confundir más, el informe concluyó que «sus restos fueron enterrados en el predio del Batallón I MEC Nº 13 y no en el Batallón I PARAC. Nº 14, cremados, sus cenizas y restos fueron esparcidos en la zona». Esa es la última versión recibida por los familiares que exigen su derecho a la verdad. *