El Senado levantó el receso y aprobó proyectos con el pie en el acelerador

Sin demoras, se entra al orden del día. El movedizo popular participante Leonardo Nicolini es el encargado de informar sobre el proyecto de ley que establece normas relativas a la titularidad del derecho de propiedad de inmuebles rurales y de las explotaciones agropecuarias.

Es una iniciativa del Ejecutivo ya aprobada por la Cámara de Representantes según la cual no podrán ser propietarias de inmuebles rurales ni podrán proceder a su explotación las sociedades anónimas con acciones al portador.

Explicó Nicolini el espíritu que motivó al Ejecutivo a presentar esta ley, diciendo que es inconveniente el anonimato y es conveniente que se conozcan los nombres de las personas físicas que se ocupan de explotar las tierras, por lo que las sociedades anónimas deberán transformarse en sociedades con acciones nominativas. Aunque esté en manos privadas, la tierra es un bien social que genera las tres cuartas partes de nuestras exportaciones.

Recordó al respecto que una norma similar había regido desde mediados de los años sesenta impulsada por Wilson Ferreira y Fernández Crespo, y que Carlos Julio Pereira intentó reimplantarla en varias oportunidades luego de su derogación en 1999.

En su artículo 1º la ley declara «de interés general que los titulares del derecho de propiedad sobre los inmuebles rurales y las explotaciones agropecuarias sean personas físicas, sociedades personales, agrarias, cooperativas agrarias, personas públicas estatales y no estatales».

El artículo 2º establece plazos, condiciones y exenciones impositivas para la reconversión de las sociedades por acciones al portador, y prevé la disolución de la sociedad anónima en caso de no realizar los trámites pertinentes. Y finalmente, la norma faculta al Poder Ejecutivo a considerar excepciones.

El unibatllista Alfie anunció (cuándo no) la decisión de su partido de votar en contra. Criticó ácidamente la discrecionalidad otorgada al Ejecutivo (algo que fue reiterado por los otros representantes de la oposición) pero hizo hincapié en que la norma atenta contra la modernidad y causará un daño irreparable pues, entre otras cosas, desalienta la inversión. El wilsoncorrentoso Francisco Gallinal sostuvo que hay argumentos a favor y en contra del proyecto pero recordó que la ley anterior (derogada en 1999) fue inoperante para combatir el despoblamiento de la campaña, la concentración de la tierra y su extranjerización. Los objetivos son compartibles, pero las trabas a la acción de las sociedades anónimas no deberían limitarse a las que se dedican a la explotación agropecuaria.

Según Gallinal, hay errores de redacción que deberían subsanarse antes de aprobarse la ley y no ­como es costumbre de este gobierno, dijo­ con una ley posterior. Criticó también la discrecionalidad otorgada al Ejecutivo y fue interrumpido por Nicolini, quien no ocultó su sorpresa y su disgusto diciendo que para el nacionalismo, cuando el gobierno era blanco, la norma era buena, y ahora que gobierna el Frente Amplio, es mala…

El socialista (y constitucionalista) Korzeniak recordó que el Partido Nacional había presentado, por intermedio de Carlos Julio Pereyra, un proyecto muy parecido, que generó una polémica muy parecida con argumentos casi idénticos; hizo referencia a un dialogado entre Carlos Julio Pereyra y Jorge Batlle, cuando éste espetó «el campo ya fue».

Llegó el turno de Luis A. Heber y como no podía ser de otra forma, empezó con sus preguntitas capciosas. «¿A qué se debe el apuro en tratar este proyecto, hubo un tironcito de orejas del Presidente?

¿Cuál es la razón de este proyecto de ley, por qué la urgencia? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se pueden corregir los defectos? ¿Está pasando algo con las sociedades anónimas?».

Luego de esta andanada, no vaciló en catalogar el proyecto como «vetusto, antiguo, de otro tiempo», señalando que la izquierda está cuarenta años atrasada. «Esto es un saludo a la tribuna», ironizó.

Refutando argumentos en el sentido de que las sociedades anónimas son inocuas para los negocios agropecuarios, Jorge Saravia, que algo conoce del tema, puntualizó que de las 130 carteras pesadas, hay un 70 por ciento de sociedades anónimas del agro, y que esa forma jurídica de sociedad por acciones al portador es un medio muy usado para el lavado de dinero incluso proveniente del Cártel de Cali. Por otra parte, «la tierra no es un bien transable común».

A esa altura, se produjo un altercadito entre Nicolini y Gallinal. El primero intentó refutar argumentos de la bancada nacionalista citando la opinión del doctor Gonzalo Aguirre. Al responderle, dijo Gallinal: «Claro, como Nicolini no tiene opiniones propias, trae las de otros»; duro, ¿no? El popular «Flaco» se mantuvo incólume como un lord inglés, y esa actitud serena habilitó que un rato después Gallinal se levantara y se acercara a Nicolini para olvidar el entredicho. ¡Cuánta cortesía!

Ya estaba todo el pescado vendido, de modo que intervinieron para dar los últimos argumentos Topolansky, Rubio y Korzeniak. Sometido a votación, el proyecto resultó aprobado por 18 en 27: el tacuaremboense Da Rosa sumó su voto al oficialismo. Como contrapartida, al votarse en particular, el uruguasambleísta Alberto Cid no acompañó el artículo 2º. ¡Viva la independencia de criterio!

A todo ritmo, se aprobaron seis asuntos pendientes, entre ellos, dos solicitudes de venia (una para el embajador en España, González Arenas; y otra para Marisa García Zamora al Codicen) y el proyecto de ley por el que se determinan los plazos de prescripción para los créditos o prestaciones laborales originados en la relación de trabajo.

Los exhaustos senadores se dedicaron luego a tratar el proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Con su calva lustrosa, el profesor Enrique Rubio expuso las características de esta norma, empezando por señalar la importancia capital del proyecto, que resulta el primer paso (paso decisivo ya que será la base de financiamiento) para el Sistema Nacional de Salud. El Fonasa, que reúne todos los fondos de la seguridad social destinados a financiar servicios de salud, apunta a corregir y resolver problemas, inequidades y carencias de que adolece la atención sanitaria en Uruguay.

En momentos en que el sistema mutual se encuentra en una situación de estabilidad y crecimiento, la norma se propone aplicar un cambio en la modalidad de acceso y financiamiento que generará aumentos y disminuciones de ingresos, en función de la forma en que hayan captado a sus afiliados. Se han incorporado al sistema 150 mil afiliados nuevos desde marzo de 2005, y el 80% del crecimiento de esa masa se debe a afiliados a la Seguridad Social, sobre todo por la formalización de empleos. La norma proyectada avanza en la cobertura poblacional e introduce cambios estructurales en el sistema.

La norma implica transparentar los aportes que el Estado realiza para el cuidado de la salud de sus trabajadores e incorpora Asse como una nueva opción asistencial.

Independientemente de estos aspectos, se genera un excedente económico de alrededor de siete millones de dólares anuales como resultado de la diferencia entre los aportes por la cobertura de estos nuevos beneficiarios y el resultado del pago de una cuota única en salud ajustada por edad y sexo. Por otro lado, la norma reincorpora a la legislación penal el delito de intermediación lucrativa con pena de prisión (que había sido eliminada y sustituida por multa por la ley de descongestionamiento de cárceles) que termina con la actividad de los «promotores».

De acuerdo con el informe de Rubio, la norma proyectada beneficiará a los asalariados públicos y privados de menores ingresos, al tiempo que habilita movilidad entre atención pública y privada, y tiende a promover una rebaja en órdenes y tiques de medicamentos.

Don Isaac Alfie expresa su conformidad con la norma a estudio pero plantea algunas objeciones de tipo financiero. Finalment
e, el proyecto resultó aprobado por 24 en 24 presentes. En el tratamiento en particular, de los 14 artículos sólo dos no recibieron el apoyo de la oposición.