El diputado Asti (AU) desmintió información del diario El País

Legisladores del gobierno desmintieron ayer la supuesta información que tuviera el diario El País como título principal en su edición del pasado domingo 24, en la que se aseguraba que a mediados del próximo año los jubilados deberían optar al cobrar sus haberes, entre las ventanillas del Banco de Previsión Social (BPS) o los cajeros automáticos.

La crónica carente de veracidad, agregaba que la Cámara de Diputados iba a votar el proyecto que habilitaba los cajeros automáticos para cobrar salarios y pasividades en esta semana. El diputado Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay-Frente Amplio, descalificó al diario caganchero y atribuyó el hecho a una política de desinformación.

El proyecto que sí se tratará en la sesión plenaria de la cámara baja de la corriente semana y que proviene de la Comisión de Hacienda con los votos a favor de los diputados del gobierno y de la oposición «busca dar seguridad a la cadena de pagos de salarios y pasividades de aquellos que los perciben en instituciones financieras privadas como públicas», enfatizó Asti.

La ley pretenderá darle un marco legal y atender aquellas situaciones en las que, cuando una institución bancaria hipotéticamente se encuentre con problemas financieros, el Estado cuente con las herramientas jurídicas necesarias, «y aquí ponemos como ejemplo el caso Cofac cuando en dos oportunidades dio quiebra -recordó el representante- y hubo que articular todo un mecanismo para cubrir las obligaciones para con los que allí percibían sus retribuciones» y cubrir los pagos del mes que correspondan.

El diputado frentista aclaró que el hasta hoy proyecto de ley se accionará en situaciones exclusivamente de emergencias «y nadie deberá optar entre cobrar en ventanilla o en cajeros y nada tiene que ver con los seguros de depósitos como se tituló, en el mejor de los casos como mala información, en la edición del domingo pasado» del diario el país.

El proyecto atiende únicamente a las retribuciones por todo concepto que se perciben al mes, mientras que los seguros de depósitos corresponde a otro mecanismo de salvaguarda financiera que, desde el año 2005, funciona atendido por el Banco Central.

Asti relató que el articulado del proyecto de ley a sancionar establece que cuando una institución financiera «tanto pública como privada» de quiebra y deba ser intervenida, las personas que allí percibieran sus retribuciones puedan seguir haciéndolo en esa misma entidad o en otra de similares características «sin necesidad de trámite alguno y sin mayores demoras». *