Estiman que libro de historiadores abrirá nuevos juicios de familiares

Este martes 26 el presidente de la República, Tabaré Vázquez, reunirá en el Edificio Libertad a sus ministros y legisladores con el cometido de contar con el respaldo político y rubricar la resolución por la que se pone fin a la primera etapa en la búsqueda, en territorio uruguayo, de restos de desaparecidos durante la dictadura militar.

Para llegar a tal extremo la Presidencia recibió días pasados el informe de las investigaciones encomendadas, en amparo del artículo 4º de la Ley de Caducidad, al equipo de historiadores (integrado por Pedro Barrán, Alvaro Rico y Gerardo Caetano), y de antropólogos (encabezado por López Mazz) sobre los derechos humanos en Uruguay y el destino de los detenidos desaparecidos durante la pasada dictadura.

En el informe de los historiadores, compuesto por tres tomos, se hace una referencia muy detallada de cada uno de los desaparecidos en territorio uruguayo -a modo de ficha técnica-, e incluso se especifica el nombre de las personas que fueron responsables de las muertes, según indicaron a LA REPUBLICA fuentes políticas.

«Esto permitiría a los familiares de las víctimas iniciar nuevas causas judiciales contra los responsables que aparecen nombrados en esta investigación», señalaron los informantes.

En tanto en el informe de los antropólogos, que está compuesto por 200 páginas, se hace una minuciosa exposición sobre las excavaciones que se realizaron en dependencias militares. El informe de los antropólogos contiene un balance de todo lo que se encontró, «tratando de pasar raya» y establecer lo más significativo en cuanto a la búsqueda, según comentó el propio López Mazz.

Las exploraciones dieron como resultado el hallazgo de los restos de Ubagesner Chaves Sosa (en una chacra de Pando) y del escribano Fernando Miranda (en el Batallón de Infantería Número 13), así como también de un pequeño resto óseo, cuyo ADN no se pudo identificar.

 

Discrepancias

Por otro lado, el gobierno remitió el pasado miércoles a los senadores el texto de la resolución por la cual se pone punto final a la búsqueda de restos de desaparecidos. La única copia del texto está en poder del coordinador de bancada, Carlos Baráibar (Asamblea Uruguay), y según comentaron fuentes políticas a LA REPUBLICA la intención de algunos parlamentarios es poder hacer pequeños «ajustes» a la redacción.

Sin embargo, los legisladores aún no se han reunido para definir las modificaciones, lo que realizarán recién el próximo martes, previo al encuentro que mantendrán con Vázquez en el Edificio Libertad, el cual comenzará a la hora 18:00.

No obstante, desde el Partido Comunista se insistirá con la necesidad de «continuar» las investigaciones ya que el sector presentó el pasado miércoles 7 de diciembre una denuncia penal solicitando la identificación de 35 restos NN, que se encuentran depositados en el osario general del cementerio de Vichadero, y de los cuales tiene la «presunción» de que podría tratarse de ciudadanos desaparecidos durante la dictadura. Asimismo, el PCU cuenta con información referida a que cerca de veinte militantes de izquierda habrían sido enterrados en las cercanías de La Tablada, donde funcionó el centro de la Organización de Coordinación de Operaciones Antisubversivas (OCOA) a fines de la década del 70.

Fuentes del PCU consultadas por LA REPUBLICA indicaron que la intención del sector es que exista una responsabilidad «estatal» sobre la búsqueda de estos restos. Por su lado, el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, comunicó días pasados a José López Mazz que el gobierno está dispuesto a continuar con la búsqueda de restos de desaparecidos en dependencias militares, siempre y cuando «aparezcan datos firmes que puedan chequearse y que justifiquen realizar excavaciones». *