Ley de descentralización impulsada por Ganadería será aprobada en Parlamento

Según explicó a LA REPUBLICA el asistente del ministro, Julio Martínez, la situación a la que se enfrenta el MGAP no es ajena a la problemática que afronta el Estado en general, ya que es resultado del accionar de pasadas administraciones.

Explicó que en los últimos 20 años se tomaron medidas tendientes a privatizar funciones, a burocratizar la administración pública y a desconectar las políticas departamentales de las nacionales, lo que reclama una reforma profunda del Estado. Es así que el MGAP cuenta hoy «no sólo con una centralización excesiva, sino que hay un desperdicio de recursos, ya que se distribuyen en función de la sanidad y del control animal», fin al que había quedado reducido el ministerio, explicó Martínez. La nueva cartera quiere redistribuir a sus funcionarios y los de la institucionalidad pública agropecuaria en función del plan de desarrollo del medio rural, que apunta a favorecer básicamente la agricultura familiar, que es una esfera de acción que el MGAP no abarcaba o había tercerizado. Sin embargo, un plan que fortalezca al sector rural sólo puede estar bien orientado si se les da participación en las decisiones a los actores, que son los que conocen más que nadie las necesidades del campo.

La descentralización que la secretaría de Estado propone está orientada en ese sentido y busca acercar los gobiernos departamentales al gobierno nacional, para tomar decisiones en conjunto. «La estructura institucional uruguaya, formada por dos niveles territoriales, ha hecho predominar, si observamos su evolución histórica, un centralismo que ha minado y condicionado el desarrollo de las instituciones locales. Por este proyecto de ley se pretende comenzar a cambiar esa realidad», señaló el ministro Mujica cuando presentó el proyecto de ley al Parlamento.

A grandes rasgos, según explicó Julio Martínez, el proyecto cuenta con dos pilares. Por un lado, descentralizar el ministerio y las instituciones públicas del sector agropecuario a través de la creación de un consejo agropecuario que nuclee a la secretaría de Estado con las intendencias y las instituciones locales. «La idea es generar una autoridad, un interlocutor válido frente a las intendencias, que pueda globalizar los recursos del ministerio». Por otro lado, la normativa intenta fomentar el diálogo entre las instituciones públicas y la sociedad civil (cooperativas rurales, gremiales, etcétera), a través de la creación de mesas de construcción de políticas de desarrollo «que permitan llevar los recursos de la institucionalidad al terreno, trabajando juntos». *