Vázquez justificó llamado a militares

Durante la reunión de ministros de todos los lunes en Suárez y Reyes, Vázquez tomó de una carpeta el decreto de 6 artículos que redactó el Ministerio del Interior, por el que se dispone en su aspecto más polémico la vigilancia militar para el área perimetral de la empresa Botnia, y lo firmó.

La iniciativa que durante toda la semana pasada había generado fuertes reacciones de parte del gobierno argentino -entre ellas la calificación al mandatario uruguayo de «intransigente» por parte del presidente argentino Néstor Kirchner y una carta de protesta de su canciller, Jorge Taiana-, ya está en marcha y no tiene retroceso.

Vázquez explicó ayer a sus secretarios de Estado las razones que lo llevaron a tomar una determinación de tales características, y recordó que ya había conversado del tema con los ministros José Díaz (Interior), Azucena Berrutti (Defensa), Jorge Lepra (Industria) y Eduardo Bonomi (Trabajo) durante una reunión que mantuvo con ellos en Suárez y Reyes el pasado jueves 23 de noviembre.

El máximo mandatario aseguró en la víspera que se trata de una medida que analizó «cuidadosamente», porque sabía que iba a tener repercusiones en Argentina, pero remarcó que también puso en la balanza otro tema: si no la adoptaba y llegado el caso de que se produjera algún hecho contra la planta de celulosa, se podía considerar como una omisión de su parte.

«Lo peor sería que me acusaran de no haber hecho nada», dijo Vázquez a sus ministros, según comentaron a LA REPUBLICA distintas fuentes participantes del encuentro.

Por lo cual, acotó que en la balanza pesó más el hecho de que su obligación como presidente era «preservar los intereses del país», y procurar no favorecer ninguna iniciativa que fuera fruto de la imprudencia o del afán de «ridiculizar al gobierno».

En ese sentido comentó que se habían sucedido ciertos hechos y algunos comentarios públicos que significaban una luz de alerta, y puso como ejemplo el robo de miles de plantines de eucaliptos para Botnia, de una huerta en Paysandú, donde dejaron una advertencia referida a que no eran invencibles y, al día siguiente, esas plantas aparecieron en Montevideo frente al monumento a Lord Ponsomby.

Dijo que si bien al robo de los plantines en un principio no se le dio demasiada relevancia, de todas maneras ello demostraba que había una «intención» de realizar ciertos actos contra Botnia.

Acotó que dentro del predio particular la responsabilidad será de la empresa, pero en lo que tiene que ver con el área perimetral el Estado se encargará de la vigilancia a partir de la ubicación de algunos puestos y con la finalidad de «disuadir» iniciativas que puedan generar dificultades adicionales.

En el transcurso del encuentro, ninguno de los ministros formuló observaciones al decreto.

 

«Más vale prevenir»

Luego del acuerdo ministerial Díaz expresó, en declaraciones a la prensa, que Vázquez encomendó a su secretaría de Estado elaborar el decreto que deja sin efecto una resolución del 2 de octubre de 2006 por la que se daba a la Prefectura Marítima el ejercicio de la función policial en toda la extensión de Botnia.

Díaz acotó que la determinación «no significa que la seguridad de la empresa quede a cargo del Ejército ni que éste vaya a desarrollar grandes despliegues». O sea que en el recinto de Botnia, que en su extensión es de más de 500 hectáreas, «la administración y la dirección de la seguridad y del orden público estarán a cargo de la policía como hasta ahora».

Lo mismo sucederá con el puerto y la franja de 150 metros «cuya vigilancia, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, está a cargo de la Prefectura Naval».

En tanto, el Ejército tendrá a su cargo «la vigilancia perimetral del padrón con algunas casetas estática, sin mayor despliegue», y añadió que también, de acuerdo al ordenamiento jurídico, «en algunas oportunidades y en forma establecida, concreta y transitoria, el Ejército puede cumplir labores de colaboración con la Policía», por lo cual remarcó que quien recibe la colaboración la dispone, la dirige y la administra.

Antecedentes en la materia lo constituyen la guardia en tres cárceles: «Comcar, Libertad y Canelones», donde la vigilancia perimetral la hacen efectivos del Ejército «sin ningún despliegue, ocupando las casetas y ayudando con la policía penitenciaria».

De todas formas, Díaz no dijo cuántos serán los efectivos que se dispondrán, aunque aseguró que «van a ser pocos» para cubrir las casetas que habrá de acondicionar la empresa.

En el decreto no se establece la fecha de finalización de la cooperación, la cual será «provisoria».

Relató que hay un perímetro descartado que es el que da al río Uruguay, mientras que en el perímetro de tierra que es de varios kilómetros «hay que poner un tejido de una altura mayor de dos metros, con columnas que traben el ingreso y el egreso» de extraños.

Dijo que se resolvió reforzar la seguridad, porque «había elementos objetivos» que debían tenerse en cuenta, como el robo de plantines y las amenazas que aparecieron junto a ellos en Montevideo referidas a la industria de celulosa», pero aseguró que no existe mayor información al respecto.

«No estamos en una situación de nerviosismo a nivel gubernamental, ni de la Policía Nacional, ni de la de Río Negro (…) pero en la salud, más vale prevenir que curar», subrayó el secretario de Estado.

Por otro lado afirmó que el accionar de los militares, ante la eventualidad de que una persona quiera ingresar al predio, en principio será de dar «aviso a la policía, pero eso se coordinará».

En cuanto al armamento que utilizarán, aseguró que también se coordinará con la policía. «No puedo anticipar con qué armas van a actuar, salvo la zona de acceso, que esa quedará libre de vigilancia externa. Allí será la empresa, con sus equipos de logística, de seguridad, coordinada con la policía, la que ejercerá el control de los portones de entrada al emprendimiento».

En otro orden, comentó que su ministerio recibió de parte de la empresa una carta en donde agradece y reconoce «el buen trabajo que en materia de seguridad estaba prestando la policía de Río Negro». Agregó que también recibió una misiva del sindicato, del Sunca, Río Negro, en donde «reconocen las buenas relaciones que los trabajadores tienen con la policía».

 

«Afrenta»

En tanto, desde la Argentina la opinión con respecto a la medida del gobierno uruguayo parece no tener cambios, porque el ministro del Interior, Aníbal Fernández, aunque solitariamente, criticó el envío de militares a Botnia.

Fernández expresó que se trata de una «afrenta al pueblo entrerriano», y acotó que «no hay vocación por parte de Uruguay para encontrar una solución política al tema», según consignó ayer El Espectador.

Por otro lado criticó a la prensa argentina por decir que el gobierno de su país perdió ante la Corte Internacional de la Haya, porque a su entender esa «no fue una resolución sino una medida provisional». *