Procedimiento policial tendrá marco regulatorio

Un marco regulatorio del procedimiento policial garantiza los derechos individuales de los ciudadanos pero otorga a la Policía herramientas legales para su mejor desempeño; casi un código que tiene la virtud de conciliar expectativas y derechos de la Policía y de la sociedad.

A todo ritmo continúa la actividad parlamentaria. Seguramente acicateados por las palabras del Presidente de la República en el cónclave del viernes pasado, los legisladores se afanan (en su acepción académica y no lunfarda) por aprobar leyes indispensables para la marcha del país en general y productivo en particular. Los senadores han sido citados a una sesión extraordinaria y se enfrentan a un copioso orden del día de seis puntos. Se trata de asuntos trascendentes, al punto que no figura ninguna propuesta de bautizar escuelas.

Preside el tacuaremboense doctor Da Rosa, columnista recientemente incorporado a nuestras páginas de opinión. No hay hora previa y me quedo sin oír la armoniosa voz de don Gustavo Lapaz, usufructuario número uno de esa instancia de denuncia, apologías y reflexión.

El tiempo apremia y se entra al primer punto del orden del día: discusión del proyecto de ley por el que se aprueba el «Acuerdo para la Facilitación de Actividades Empresariales en el Mercosur». Informa Michelini instando a sus pares a aprobar dicha norma en el entendido que la misma elimina obstáculos para que empresarios de un país puedan instalarse en otro del bloque. Agilización de trámites, otorgamiento de permisos y seguridades de tratamientos no discriminatorios permitirán que los empresarios no encuentren trabas a su gestión. Sometido a votación, resulta aprobado por 17 en 17.

Para el segundo punto del orden del día, el miembro informante también es el neoespacial Michelini. Se trata de la aprobación del Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Mercosur. En su disertación, el informante destaca la importancia de haber llegado a un acuerdo como éste, por el que países que en el pasado reciente avasallaron los derechos humanos hoy se proponen salvaguardarlos. Aprobado por unanimidad (19 en 19).

A continuación, el socialista Korzeniak es el encargado de informar sobre el Marco Normativo para el Procedimiento Policial.

Reconoce el ilustre constitucionalista que el proyecto fue muy discutido mientras se trató en la Comisión de Constitución y Legislación pero que finalmente logró el necesario consenso después de innumerables consultas con especialistas.

El proyecto de ley en cuestión es un cuerpo normativo claro y preciso que podría considerarse una suerte de código de procedimiento policial; en él queda plasmado el anhelo de mejorar la eficacia policial sin descuidar la protección de los derechos y garantías individuales consagrados en la Constitución. La norma recoge el antecedente de «manuales internos» por los que se guiaba la policía en su accionar pero que no tenían rango de ley. Entre sus múltiples disposiciones, el miembro informante destacó algunas que apuntan a aclarar y precisar temas ya clásicos que están en la preocupación ciudadana: hasta dónde llega el derecho de los uniformados a pedir identificación a las personas; y los límites a la posibilidad de ingresar a los hogares. Respecto de lo primero, la norma sancionada aprueba el derecho de la Policía a solicitar identificación a las personas en situaciones claras de delitos que se están cometiendo o que acaban de cometerse, y también otorga el derecho de la autoridad a conducir detenidas a aquellas personas que se nieguen a presentar su documento de identidad. En cuanto al ingreso al hogar, más allá de la precisión constitucional en el sentido de que «el hogar es un sagrado inviolable» y que sólo se podrá ingresar a él de día y con orden del juez o de noche con autorización del jefe de familia, hay situaciones en que ese acotamiento resulta un serio obstáculo para una fluida acción de la Policía o de los Bomberos; situaciones de fuerza mayor en que es de sentido común permitir el ingreso aun sin los requisitos establecidos en la Constitución.

Después del informe, el aliado-progresista Eduardo Ríos  también doctor en leyes  creyó del caso aportar argumentos a favor del proyecto en discusión. Entiende el senador que la norma recoge un reclamo del ciudadano común que siente violentados sus derechos y, a la vez, la aspiración de la Policía que se siente maniatada en su accionar. Esta ley da un marco de seguridad jurídica a la labor policial y al ciudadano, y concilia ambos derechos.

El senador Carlos Moreira toma la palabra para destacar su complacencia con este marco normativo y destaca que por primera vez coincide con el miembro informante (se ve que Moreira y Korzeniak no se aman demasiado). Entiende que es un buen proyecto y propone crear una Comisión parlamentaria de Seguridad Pública. Pero el ex intendente coloniense no puede con su temperamento y aprovecha la oportunidad para resaltar una contradicción de la bancada oficialista: recuerda que cuando se trató hace un tiempo una modificación al Código de la Niñez y la Adolescencia, los senadores oficialistas se mostraron demasiado garantistas y ahora parecen haber cambiado…

La votación arroja unanimidad: 21 en 21. El doctor Breccia (Espacio 609) fundamenta su voto favorable. «Me congratulo de que el Cuerpo haya aprobado este proyecto de ley», afirma; y hace hincapié en los artículos 8 y 15. Por el primero se establecen límites a la «obediencia debida», y por el segundo se prohíbe la tortura.

Para agilizar el trámite (son 175 artículos que se supone todos los senadores han leído), Korzeniak propone que se vote en bloque y que sólo se analicen en particular aquellos artículos que despierten dudas o rechazos. Todo el mundo está de acuerdo, y cuando parece que la aprobación es cuestión de minutos, zas, el senador Larrañaga pide un cuarto intermedio de 15 minutos para dar tiempo a la bancada nacionalista a estudiar qué artículos serán desglosados.

El cuarto intermedio se prorroga por otros 15 minutos hasta que, finalmente, se reanuda la sesión. Y aquí empezó una discusión jurídico-política que enfrentó a blancos y frentistas representados por Moreira y Korzeniak respectivamente aunque con intervenciones esporádicas de otros senadores (sobre todo Michelini y Gallinal) para respaldar cada una de las posiciones. Los blancos solicitan una aclaración sobre la diferencia entre la «privación de libertad» y la «detención», a lo que Korzeniak responde que mientras la privación de libertad es un género, la detención es una especie, una sutileza jurídica que no sé hasta qué punto habrá resultado aclaratoria pero que puso punto final al entredicho. Después, fue Gallinal quien expresó sus dudas a propósito de la constitucionalidad de algunas disposiciones que atentan contra el artículo 15 de la Carta. Otra vez le toca responder al jurista, quien no vaciló en afirmar que nada de inconstitucional hay en la norma, y que entre la justicia (como valor, no como institución) y el derecho, hay que elegir la justicia.

En fin, abrevio la crónica porque entre pruritos legalistas y alusiones políticas con pica entre Moreira y Korzeniak, el tiempo transcurrió hasta que finalmente todo tuvo un final feliz y el proyecto resultó aprobado.

A todo esto, la barra se había ido llenando. Alrededor de 30 personas de piel curtida seguían atentamente el debate, pero su interés no estaba centrado en las facultades de la Policía o los derechos individuales sino en el próximo punto del orden del día: la derogación del decreto-ley Nº 15.523 de enero de 1984. Bajo la presidencia de la asambleísta Sus
ana Dalmás, el Alto Cuerpo oye el informe de Víctor Vaillant: el mentado decreto-ley había suprimido los beneficios sociales (salario vacacional, licencia, etcétera) y alterado las condiciones laborales de los trabajadores de la pesca en barcos de bandera nacional, y de lo que se trata es de restablecer esos derechos de los que habían sido excluidos los sufridos pescadores. Con la derogación del decreto-ley, los trabajadores de la pesca en buques de bandera nacional gozarán de las normas comunes que rigen las relaciones laborales en el país.

Una vez sometido a votación, el proyecto fue aprobado por unanimidad, lo que motivó un cerrado aplauso de la barra. *