"Sin la Ley de Caducidad se podrá averiguar mucho menos, creo que ni una palabra más"

El senador socialista José Korzeniak, prestigioso catedrático en Derecho Constitucional, aborda en este reportaje tres temas candentes: el acuerdo por el fiscal de Corte, la eventual nulidad de la Ley de Caducidad y la reelección presidencial.

Escrito por: ANTONIO PIPPO

El Fiscal de Corte

-El tema de la Fiscalía de Corte está sin resolver. Usted comentó, alguna vez, acerca de una fórmula al respecto que tenía que ver con el agregado de un artículo a la ley de subrogación, para dejar el asunto dentro del marco constitucional hasta obtener la venia del Senado. ¿Fue ése el procedimiento que ha permitido la permanencia de la doctora Guianze en la Fiscalía?

-Efectivamente, esa fórmula ­completar la Ley Orgánica del Ministerio Público­ se analizó. Esa ley define formas para subrogar al fiscal de Corte cuando éste tiene una recusación, una excusación o un impedimento. Es decir, en este último caso, está enfermo, de licencia, lo mandaron a un congreso en otro país, en fin. En estos tres casos, esa ley prevé que se subrogue al fiscal de Corte con el fiscal en lo Civil más antiguo. La idea fue conversada en el ámbito político y era ésta: vamos a poner en esa ley alguna norma que autorice a llenar la Fiscalía de Corte cuando no hay subrogación porque no hay fiscal, que fue la situación planteada después de la renuncia de Peri Valdez. Durante el sumario, Peri tenía un impedimento, por lo que correspondía subrogarlo. Pero una vez que se acepta la renuncia y el sumario fue archivado, la subrogación no funciona. Se produce una vacante, algo totalmente distinto al impedimento, la recusación o la excusación. Un vacío legal. Para arreglar esa situación, podría ser el fiscal en lo Civil más antiguo o podría ser otro. Porque esto viene de la época en que el Derecho Civil era visto como el derecho madre, que no es lo que en general la gente piensa. Lo primero en que piensa la gente es en el Derecho Penal. Bien, la solución podía ser cualquiera, si se ponía en la ley. Porque la Constitución no prevé nada, no dice qué pasa cuando un fiscal no está, cuando hay vacante o cuando no puede actuar por algún motivo. Dice, simplemente, que todos los fiscales, el de Corte y los fiscales letrados, deben ser nombrados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, o de la Comisión Permanente si hay receso, por tres quintos de votos. La ley puede llenar ese vacío sin violentar la Constitución. ¿Qué ocurrió? Yo no tengo la menor duda, aún hoy, de que Guianze es la fiscal con mejores condiciones para esto, tanto desde el punto de vista técnico como por su independencia, que yo llamaría firmeza, que es la cualidad más importante en un magistrado: que no lo prepoteen los políticos, ni los amigos, ni los poderosos en plata. Guianze ha demostrado que no la lleva por delante nadie. Vea, a nosotros, hablando con el Colegio de Abogados, la Asociación de Escribanos, jueces y, sobre todo, con la Asociación de Fiscales, todo el mundo nos dijo que debía ser ella. Pero la propia Guianze aclaró ­y no tengo problemas en admitir que incluso me llamó a mí­ que, por motivo de su personalidad, no aceptaría que se dictara una ley que todos iban a decir que era para ella, una ley con nombre propio. Frente a eso, ni el borrador hicimos. A cambio, elaboramos otra posición, también para solucionar el problema de la vacancia, porque se le encargaron funciones a la fiscal en lo Civil más antigua, la doctora Fajardo, pero también se jubiló porque cumplió setenta años: no ponemos nada en la ley, no se designa a Guianze ni siquiera interina, pero se le encargan las funciones hasta que ella u otra persona obtenga la venia correspondiente. Decir que esto es inconstitucional es una tesis disparatada. Es elemental. Encargar funciones es una práctica diaria.

-Y en este momento, ¿qué pasa?

-Bueno, yo sigo pensando que ella es la mejor candidata. Pero, bueno, el Partido Nacional hizo saber inequívocamente que nunca la votará. Ante esa situación, se está buscando un acuerdo. Mientras tanto, Guianze tiene que seguir cumpliendo las funciones que se le encargaron. ¿Por qué? Porque la justicia es uno de los servicios esenciales del Estado.

-Ahora bien, ¿esto deja alguna enseñanza al gobierno en relación a cómo debe manejar determinados temas con la oposición, cuyos votos necesita?

-En primer lugar creo que esto no salió porque era ella. En segundo lugar, en todos los casos que se necesitan dos tercios o tres quintos de votos hay que dialogar con la oposición. ¡Pero es lo que hizo el Frente desde enero de este año! Se podría decir: “Bueno, pero si ustedes sabían que, por más que hablaran, no iban a conseguir los tres quintos, no vengan con ese cuento”. No es así. La enseñanza es muy frustrante. Y lo digo con total franqueza y quienes me conocen saben que no es para ofender: el Partido Colorado, que en mi teoría no votaría nuncaa Guianze, porque no le perdona que haya pedido el procesamiento de algunos colorados importantes, desde el primer día dijo que no daba los votos. Pero el Partido Nacional, con el que desde enero se está conversando, a partir del primer día tuvo una actitud sinuosa, pícara. Senadores blancos decían, aunque algunos no públicamente, “no tenemos nada contra Guinze y somos partidarios de votarla”. Uno fue el senador Gallinal; el otro, no estoy muy seguro, creo que fue Lara. Fíjese que yo vi al senador Lara, como presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, pedirle a Guianze que viniera a exponer su plan de trabajo como fiscal de Corte. ¿Quién no tenía derecho a pensar que el Partido Nacional a lo mejor daba los votos? Más aún: el Partido Nacional ­y lo voy a contar objetivamente, según la versión de la Asociación de Fiscales, que transmitió la doctora Irureta­ tenía una determinada posición. Los fiscales vinieron y nos dijeron que por unanimidad apoyaban a Guianze. Y agregaron que habían hablado con el Partido Nacional, cuyos representantes afirmaron que “la querían votar y era el Frente el que, en el fondo, no la quería designar”. Eso nos dijo la doctora Irureta, hace meses. Usted comprenderá, todos saltamos como resortes, con una gran bronca. Yo dije que iba a contar esto a la prensa y ella me contestó: “Tan verdad es, que un diputado blanco me hizo toda una anécdota para convencerme de que las cosas eran así, que el Frente actúa como un marido que quiere hacer un viaje de placer pero en realidad no quiere llevar a la mujer”. La enseñanza que recojo es que el diálogo con el Partido Nacional se hace cada vez más difícil porque nos miente o porque las personas con las que hablamos nos inventan cosas. Ahora, por simple lógica política, el acuerdo que se está buscando va por otro lado. Vamos a buscar nombres, vamos a acordar, pero, ojo, en todos los temas que tenemos pendientes…

-¿…no separar la Fiscalía de Corte de la integración del Tribunal de Cuentas y de la Corte electoral?

-Claro, aunque no se pueden resolver en el mismo instante. Pero sí poner todo el paquete encima de la mesa. Ahora, diálogo ha habido desde que ganó el Frente, desde que Tabaré les ofreció ministerios y cargos en los entes autónomos. Esto es un poco, no digo un circo, pero sí algo como un desafío, no sé.

 

La Ley de Caducidad

-Otro tema de actualidad, senador. Se ha formado la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad. Hace unos meses, en un reportaje, el doctor Gervasio Guillot expuso la teoría de que esa ley podía ser anulada, no derogada, fundado en un artículo del Código Civil ­que usted mismo ha dicho es el código madre­ sobre el consentimiento libre, o sea sin que la voluntad popular sea violentada de algún modo. ¿Cuál es su opinión?

-El Código Civil tiene dos cosas que podrían ser vistas en esa dirección. Una, varios artículos que dicen cómo deben interpretarse las leyes, como deben leerse; esto mucha gente no lo sabe y cree que las le
yes se leen e interpretan como cualquiera quiere, a su gusto, y no es así. Otra es la validez de los contratos; usted sabe, en materia sociológica se dice “la ley es un contrato”, o “Artigas dijo ‘yo prefiero la seguridad del contrato’ y estaba refiriéndose a la constitución y las leyes”. En los contratos hay varios elementos referidos al llamado “consentimiento”, o sea que las partes de verdad estén de acuerdo. Entonces, suponiendo que nosotros dos vamos a hacer un contrato, yo le pongo un revólver en la cabeza y le digo “firme ahí”; hay un vicio que habilita la nulidad de ese contrato. Hay quienes lo trasladan, más o menos así, diciendo que la Ley de Caducidad fue aprobada con un vicio de consentimiento, porque hubo coacción de militares o de algunos políticos que decían “si no hacemos esto hay otro golpe de Estado”. Ese es un razonamiento que yo no comparto. Quiero decir, primero, que comprendo a la gente que cree, de buena fe, que si la Ley de Caducidad se derogara, porque la anulación no está prevista en la Constitución ­existe la derogación que puede tener efectos retroactivos, eso sí­, las cosas serían mejor. Está claro que la anulación tiene efectos hacia atrás: una cosa se dictó hace veinte años y se anula, y es como si no hubiera existido. Pero eso no está previsto en el derecho uruguayo. Ahora bien, yo no dudo de que haya habido legisladores que en su fuero íntimo dijeron “a mí no me gusta esto pero lo voto porque si no va a haber un golpe de Estado”. Pero no me atrevo a involucrar a todos los que votaron la Ley de Caducidad. Yo le voy a reprochar, sí, a Wilson Ferreira que votó y hasta impulsó esa ley, pero no voy a decir que votó asustado por presiones de los militares. Es más, una semana antes, me dijo: “Todo eso de que Medina tiene enterradas las citaciones es un gran verso”. Fueron otras las razones. Hubo razones políticas, hubo un acuerdo de muchos blancos y colorados, por el cual se dijo “vamos a salir del asunto de esta manera”. Algunos lo habrán hecho porque tenían miedo, aunque no estoy muy seguro. Los discursos, cuando el golpe de Estado, mostraron mucha valentía y hubo unos cuantos blancos y colorados que sufrieron consecuencias duras. Puede ser que alguno dijera “yo no tengo miedo por mí, pero lo tengo por el país”. Pero vamos a aclarar: ese tipo de situaciones ha ocurrido en una cantidad de leyes. ¿Cuántas veces se han votado leyes pensando “yo no estoy de acuerdo pero si voto en contra los electores míos me matan”? Le cuento un episodio. Una vez se había aprobado una ley que refinanciaba deudas de granjeros. La barra estaba llena de quinteros de Canelones, gente que había votado a un legislador. No voy a dar el nombre, pero era colorado. El Ejecutivo vetó la ley. El proyecto volvió al parlamento a ver si se levantaba el veto. La Constitución dice que ahí el voto es nominal, no levantando la mano: dan el nombre y el tipo dice “afirmativo”, levanto el veto, o “negativo”, no lo levanto. Ese día alguien me dice: “Fijate cómo vota fulano de tal”. Yo sabía que no quería levantar el veto porque su grupo político había resuelto apoyar al Poder Ejecutivo. Lo miré. ¿Qué hizo cuando lo nombraron? Dijo, bajito, “negativo”, pero moviendo la cabeza hacia arriba y abajo como si estuviera diciendo lo contrario. Después, en el pasillo, sus electores lo felicitaron por algo que, en realidad, no había hecho.

-Me gustaría que abundase en su posición sobre esta campaña por la nulidad…

-Yo comprendo a quienes creen que eliminando la Ley de Caducidad la verdad y la justicia van a avanzar. Pero jurídicamente no la puedo aceptar, porque yo tengo convicciones en la materia, anteriores a todo esto, acerca de que para anular o dejar sin efecto una ley que ha sido aprobado por el cuerpo electoral, se necesita otro pronunciamiento del cuerpo electoral. Yo estaría encantado de que hubiera un plebiscito que dijera: “Dejamos sin efecto la Ley de Caducidad”.

-¿Pero habría efecto retroactivo?

-Podría haberlo. La irretroactividad, un concepto muy técnico, en general no es un principio de rango constitucional. Es de rango legal. Por lo tanto, otra ley le puede dar efecto retroactivo. Ese no sería el obstáculo. Para mí, el obstáculo podría ser otro principio, que es del Derecho Penal, que dice que, entre dos posibles leyes, al reo se le aplica la ley más benigna. Lo vinculan a la retroactividad pero no es así. Claro que también se podría argumentar en contra de eso, para poder aplicar la solución derivada de un plebiscito, que el derecho internacional, en materia de crímenes contra la humanidad, que han ofendido a la sociedad universal, dice lo contrario, o sea que puede aplicarse la ley más rigurosa. Es discutible. Pero lo que yo no creo discutible es que se sostenga ­lo digo con convicción jurídica total­ que el Parlamento puede anular esta ley que fue ratificada en un plebiscito. Ahora, quiero aclarar esto: esta ley tiene inconstitucionalidades. Es la tesis que sostuvo la doctora Balbela cuando estaba en la Suprema Corte. Y yo pregunto: el litigante, el abogado, ¿por qué no plantea la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte? Para eso no hay plazo. Me contestan: “Porque la declaración de inconstitucionalidad sólo tiene efectos para el caso concreto”. Es verdad. Pero, bueno, que se plantee toda vez que haya un proceso detenido por la Ley de Caducidad.

-Claro, a partir de una primera sentencia favorable.

-Exacto. Entonces, ¿por qué no? Yo no vería mal eso. Hay otro aspecto. Un criterio bien pragmático: si hasta el momento se han logrado avances importantes en materia de derechos humanos, con dificultades para que los militares digan cosas que saben, ¿los impulsores de esta nulidad piensan que después van a decir algo más? Yo creo que ni una palabra, por el riesgo de que les digan “ah, tú algo sabías” y los metan presos. Me parece que hasta desde el punto de vista práctico este tema se plantea, aunque con mucha sinceridad y honestidad, equivocadamente. Yo creo que después se averiguaría menos. A mí no me gusta la Ley de Caducidad. Yo comparto lo que dijo Gonzalo Fernández, que es un mamarracho jurídico. Pero está ahí y, además, el gobierno, en la campaña electoral por todo el país dijo: “Vamos a indagar la verdad por el artículo cuarto pero no vamos a derogar la ley”. Después, en un Congreso del Frente, hubo una polémica muy buena entre Cores y Fernández Huidobro; uno sostenía la derogación y el otro hablaba de investigar por el artículo cuarto. Y el Congreso decidió por dos tercios de votos a favor de la tesis de Fernández Huidobro. Ahora, yo insisto en que cualquier intento de derogar debe ser a través de un plebiscito. El parlamento no debe hacerlo. Cuando ganamos el plebiscito de las empresas públicas nos opusimos a que por ley se cambiara eso. ¿Y ahora vamos a tener otro criterio?

 

La reelección

-Vamos al tercer tema relevante que está a la vista. Todo el mundo dice que el Frente no lo tiene en agenda, pero siguen llegando mensajes, a veces indirectos, que lo colocan ante la opinión pública. Me refiero a la hipótesis de la reelección presidencial. El doctor Lacalle, recientemente, la calificó como un veneno para la democracia.

-Este es un año en que no debería ni mencionarse. Pero, claro, es imposible. Ya se ha hablado bastante. Lo que yo contesto, y lo seguiré haciendo todo este año y el que viene, es que no creo que este tema deba entrar ahora al tapete político. ¿Por qué? Primero porque la opinión pública está esperando medidas de gobierno y no cuestiones electorales. Yo he criticado mucho a la bancada de legisladores del Partido Nacional porque advierto que, cada vez que dan una opinión, están pensando en obtener algún vot
ito para la próxima elección. Por ejemplo, en el tema de las papeleras han apoyado la postura del gobierno pero no han perdido oportunidad de decir: “Pero la política internacional de Uruguay es errática, y que venga el ministro que lo vamos a interpelar”. Es legítimo, es legal, pero me parece que no es bueno para el desarrollo constructivo de las cosas. Un gobierno se legitima primero ganando las elecciones, y vaya cómo las ganó el Frente, pero después debe legitimarse todos los días gobernando con medidas que a la gente le sirvan. Claro, el tema electoral en Uruguay es tremendamente entrador en la gente…

-Sí, hay una cultura electoralista, de disfrutar el acto de votar…

-Yo no sé si éste es un pueblo politizado, pero sí entusiasmado por votar. Entonces creo que sería un error político que el Frente pusiera ahora la reelección arriba de la mesa. Por suerte no hay ningún órgano del Frente, ni de base ni de arriba, que esté tratando eso. Claro, es obvio que a cualquiera le pregunten: “Está bien, ahora no, pero, en su momento, ¿usted sería partidario?”. Es normal. Por ejemplo, a mí no me gusta el balotaje para Uruguay ­puede ser bueno para otros países­ y seguiré peleando contra él. Porque acá, para ganar en primera vuelta, no sólo hay que ganarle a todos los partidos sino a los votos en blanco, a los votos nulos y, como digo yo con ironía, hasta a los votos dobles, que, aunque pocos, los hubo. A lo mejor hay que ver eso, el balotaje, no sólo la reelección. Y hay que ver el tema de la separación de las elecciones municipales de las nacionales, que no ha servido para nada. Entonces, todo eso, pero no ahora. ¿Cuándo? No en el 2009, cuando ya se estará trabajando para conseguir votos, pero sí en el 2008.

-¿Y en ese momento usted qué sostendría?

-Uruguay tiene una cultura tradicional anti reeleccionista. Quien propuso la reelección fue Pacheco y perdió en el plebiscito. Algunos sostuvieron que lo que hizo estaba prohibido. Yo sostuve la tesis contraria, de que jurídicamente se podía y se puede. ¿Pero cuándo nació la cultura anti reeleccionista? Batlle tuvo mucha influencia, sobre todo cuando vino de Suiza con la idea del colegiado. Desde esa época la cultura anti reeleccionista es muy fuerte en Uruguay, y en América hay sólo otro país que la tiene: México. ¿Por qué? Porque tanto uno como otro, a principios del siglo XX, tenían malas experiencias de presidentes que se reelegían y se convertían en dictadores que no se querían ir. Pero el mundo evolucionó para otro lado. En América, Brasil tiene reelección, Argentina la tiene, Estados Unidos también. Casi no quedan países que no admitan la reelección. Yo no puedo aceptar que se diga que es un veneno para la democracia. ¿Qué opinaré yo en el 2008 si me preguntan? Lo voy a decir como un viejo pragmático, porque jurídicamente es obvio que habría que cambiar la Constitución: si Tabaré Vázquez ha hecho un muy buen gobierno, y no veo un candidato no sólo que sea bueno sino capaz de provocar una adhesión similar dentro del Frente, a lo mejor digo “vamos a impulsar la reelección”. Pero si advierto que el tema puede generar la imagen de que el Frente quiere que se perpetúe en el poder una persona, entonces voy a estar en contra. Y lo digo sabiendo que estoy frente a un periodista que no va a usar esto poniendo en el título: “Korzeniak es reeleccionista”, cambiando el sentido real de mi opinión. *