Blanco reiteró que en mayo de 1976 no podía expedir ni renovar los pasaportes

Exactamente una semana después del auto de procesamiento dispuesto por el juez Timbal, y un día antes del vencimiento del plazo máximo para la presentación del recurso, el abogado Curbelo Tammaro presentó ayer en el despacho del magistrado la apelación mediante la cual, pretende modificar el fallo del juez.

En su escrito, de 18 carillas, la defensa sostiene como principal argumento la «falta de pruebas» contra Bordaberry y Blanco a quienes el juez procesó con prisión como «coautores responsables de cuatro delitos de homicidio muy especialmente agravados».

Fuentes judiciales consultadas ayer por LA REPUBLICA, explicaron que una vez presentados ambos escritos, el juez franqueará el expediente al Tribunal de Apelaciones de 2º Turno, integrando por los ministros Alfredo Gómez Tedeschi, William Corujo y José Balcaldi, aunque previamente deberá dar intervención a la fiscal de la causa, la doctora María del Huerto Martínez, quien dispondrá de 6 días hábiles para formular sus comentarios.

Según los plazos judiciales, cada ministro del tribunal tendrá un mes para analizar el expediente, y luego se dispone de 20 días más para redactar el pronunciamiento, que reafirmará o revocará la decisión del juez, por lo cual, es de prever que no haya novedades hasta abril o mayo de 2007.

«Esta defensa reitera lo que manifestó en la audiencia de ratificación celebrada el 17 de junio de 2005 en la misma causa, en cuanto a su absoluta convicción de la inocencia de su defendido», establece textualmente la apelación, y agrega que el cúmulo probatorio reunido es «absolutamente insuficiente para dar cima a cualquier imputación y menos a una de tan enorme gravedad».

Además, la defensa del ex canciller hace referencia a «las inocultables connotaciones políticas del caso, las pasiones desatadas, el antagonismo social que exhibe nuestra realidad actual, es demostrativa de que las heridas no se han cerrado, y que la pacificación intentada por anteriores gobiernos no se acepta por determinados sectores de la población». Y añade: «Entre la pacificación y la venganza, optan por la venganza que reclaman a gritos y en todos los ámbitos».

En lo que se refiere formalmente al procesamiento, la defensa de Blanco entiende que «surge con palmaria claridad la más absoluta falta de prueba de cargo» para formular las imputaciones.

En ese sentido, se entiende que solamente existe «prueba indiciaria», ya que la prueba documentada agregada «no guarda el menor respeto a la normativa vigente nacional e internacional exigible para su válida consideración en juicio», por lo tanto «esos vicios formales impiden su consideración como prueba hábil y si esto se le impone inflexiblemente a los defensores, no puede admitirse otro criterio para los señores fiscales». El abogado considera además que la única prueba existente «consiste en elementos indiciarios presuncionales de orden tangencial o tan remotos como lo son meros comentarios, versiones periodísticas o testigos de oídas».

Posteriomente, el texto de la apelación hace referencia a una serie de situaciones concretas que involucran a Blanco, entre ellas, su participación en el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), órgano que -según la declaración del ex canciller del 17 de junio de 2005- cumplía con el rol de «asesor» y sin poderes de decisión, y aclara que a los civiles que participaban del gobierno «no se les daba la menor intervención en la lucha antisubversiva».

En referencia a la reunión mantenida con el canciller argentino de la época, el almirante César Guzzetti, el escrito indica, también en base a la declaración del propio implicado, que en esa conversación no hubo ninguna referencia a ninguna de las cuatro víctimas.

Respecto a la intervención de Blanco en la cancelación de los pasaportes de Michelini y Gutiérrez Ruiz, se sostiene que esa participación no fue posible porque desde el 19 de setiembre de 1973 la competencia sobre la expedición y renovación de pasaportes pasó al Ministerio del Interior, donde se mantiene hasta la actualidad, y agrega que por el contrario, la última renovación de ese documento fue aprobada por Blanco.

También se cuestiona que los «deshilvanados» datos sobre los que se pretende «vertebrar» la prueba indiciaria «padecen además de incongruencias, contradicciones a inexactitudes de tal envergadura, que convierten en irracional y arbitraria la pretensión de fundar en ellos la convicción que exige el procesamiento».

 

Abogados de Bordaberry apelan hoy

Los abogados de Juan María Bordaberry, los doctores Gastón Chaves Hontou y Diego Viana Martorell presentarán la apelación sobre el procesamiento de su defendido esta tarde, en el horario de oficina del juzgado, es decir, entre las 13.00 y las 18.00 horas.

Según trascendió en los últimos días, los abogados del ex dictador basarán el recurso -al igual que Curbelo Tammaro- en la falta de argumentos para dictar el auto de procesamiento.

Chaves Hontou, en diálogo anoche con LA REPUBLICA cuestionó la «falta de pruebas» existentes en la causa, y dijo además que «no se puede probar algo sobre lo cual no se tienen suficientes elementos.

Por otra parte, el abogado señaló que todavía se continúa analizando el pedido de prisión domiciliaria para el ex dictador, sobre lo cual, por el momento no hay nada definido, aunque «es obvio que a una persona enferma de casi 80 años no le hacen bien estar presa». *