Bordaberry y Blanco "propiciaron y alentaron la represión", según el juez

En un fallo histórico, el juez Roberto Timbal dictó el procesamiento con prisión para el dictador Juan María Bordaberry y el canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, como coautores responsables de cuatro delitos de homicidio muy especialmente agravados.

“Surgen elementos de convicción suficientes” para probar la participación de Bordaberry y Blanco “en los homicidios” de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y del matrimonio William Whitelaw y Rosario Barredo en mayo de 1976, previo “secuestro de las víctimas y hurto de sus pertenencias, en un mismo procedimiento criminal”, sostiene la sentencia.

En las fojas, el magistrado analiza los hechos que rodearon al secuestro y asesinato de las cuatro víctimas, halladas “con claros signos de muerte violenta”.

Además se demuestra “un cúmulo de indicios que involucran a los indagados en estos hechos, los cuales, como no pudo ser de otra manera fueron cometidos en el marco de un acuerdo o coordinación entre los regímenes de facto que imperaban en Uruguay y Argentina” y agrega el expediente que “resulta impensable que ciudadanos uruguayos” fueran “secuestrados y se les diera muerte” sin “intervención” de nuestro país o sin acuerdo previo, por lo que resultan “responsables quienes tuvieron participación directa y quienes adoptaron decisiones al respecto o influyeron en las mismas determinándolas”.

El magistrado agrega que “más allá de que pudiera también haber existido una intervención material” en los crímenes, “el cúmulo de indicios relacionados prueba inequívocamente la intervención del gobierno uruguayo y particularmente del ex canciller Blanco en un conjunto de acciones que culminaron en el secuestro y muerte” de los cuatro asesinados.

En tanto Timbal confirma que “Bordaberry disolvió las Cámaras el 27 de junio de 1973, suspendió las garantías individuales, encabezó un gobierno de facto” comprobándose por sus manifestaciones públicas que “compartía plenamente la filosofía del golpe de Estado y el papel de los militares”. Mientras que sobre Blanco explica las características del cargo que ocupaba, que lo llevó a tener “perfecto conocimiento de la situación de los exiliados y participación en las medidas que se adoptaron respecto a ellos”. Debido a la “posición institucional” que ocuparon se entiende que “propiciaron y alentaron” la “represión de actividades políticas contrarias a los regímenes de facto” de Argentina y Uruguay.

He aquí la sentencia:

 

“Montevideo, 16 de noviembre de 2006

VISTOS Y RESULTANDO:

De las declaraciones de los indagados, testigos, documentación incorporada y demás concordancias de autos, surgen elementos de convicción suficientes para tener por acreditada “prima facie” la participación, a título de coautores de JUAN MARIA BORDABERRY, uruguayo, casado, nacido el 17/5/28, carente de antecedentes según sus dichos y JUAN CARLOS BLANCO, uruguayo, casado, nacido el 19/6/37, con antecedentes penales según sus dichos, en los homicidios de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en mayo de 1976 en la República Argentina; encuadrados los cuatro homicidios, precedidos del secuestro de las víctimas y hurto de sus pertenencias, en un mismo procedimiento criminal.

Los hechos fueron los siguientes:

Al tiempo del quiebre Institucional en el país en el año 1973, Zelmar Michelini, Wilson Ferreira Aldunate, quienes eran Senadores de la República y Héctor Gutiérrez Ruiz, quien había sido Presidente de la Cámara de Representantes, viajaron por separado y en distintos momentos a Buenos Aires, República Argentina, donde solicitaron asilo político. Allí en ese momento aún regía el orden Constitucional, previo al golpe de estado que se produjo el 24/3/76 cuando las FF.AA. derrocaron al gobierno presidido por María Estela Martínez de Perón.

Zelmar Michelini se desempeñó como periodista en el diario “La Opinión” y tenía un kiosco que atendía uno de sus hijos. Vivía en una habitación del hotel “Liberty” sito en Corrientes 626 y en el momento de su secuestro estaban con él dos de sus 10 hijos: Zelmar Eduardo y Luis Pedro. Una de sus hijas (Elisa) estaba detenida en Montevideo y le llegaban noticias de que era torturada

Héctor Gutiérrez Ruiz, habitaba con su esposa y sus cinco hijos en un apartamento sito en la calle Posadas al 1011 piso 4; y tenía en sociedad con Juan Carlos Barreiro y Enrique Schwengel un almacén en la calle Cangallo (hoy Gral. Juan Domingo Perón) casi Callao, el cual constituía su medio de vida.

Wilson Ferreira Aldunate, había adquirido una finca rural, a 300 km. de la Capital Federal, denominada “La Panchita” y allí vivía con su esposa y su hijo Juan Raúl. También poseían un pequeño apartamento en Corrientes y Esmeralda, cercano al hotel “Liberty” donde residía Michelini.

Por su parte Rosario del Carmen Barredo, había estado casada con Gabriel Schroeder, tupamaro muerto en Montevideo en un enfrentamiento con las Fuerzas Conjuntas el 14 de abril de 1972. Liberada en diciembre de ese año, viajó a Chile en marzo de 1973 y luego del golpe militar del 11 de setiembre, se radicó en Buenos Aires con William Whitelaw como pareja. De esa unión nacieron dos hijos: María Victoria, de 18 meses y Máximo Fernando, de 3 meses al tiempo del secuestro, con quienes vivían en la calle Matorras al No. 310.

Michelini y Gutiérrez Ruiz renunciaron a su condición de asilados políticos, para solicitar la residencia y poder viajar al exterior en 1974 y exponer ante organismos extranjeros la situación de nuestro país. Así Michelini viajó a Roma y expuso dicha situación de violación de los derechos humanos ante el Tribunal Russell. Posteriormente, pensaba viajar a los EE.UU. para entrevistarse con el Senador Edward Kennedy y otros Congresistas norteamericanos en 1975, a cuyos efectos obtuvo la visa respectiva de dicho país, pero no pudo concretar el viaje porque el gobierno uruguayo resolvió cancelarle su pasaporte, habiendo adoptado igual medida respecto de Wilson Ferreira y Héctor Gutiérrez Ruiz.

Cabe agregar, que a Michelini, por resolución de 10 de junio de 1975, se le denegó la residencia temporaria y se dispuso su expulsión del país; presentó un recurso, éste fue denegado y al momento de su secuestro, esa orden de expulsión estaba pendiente aunque no se le notificó ni se hizo efectiva.

En la noche del 17 al 18 de mayo, Juan Raúl Ferreira estuvo cenando con Héctor Gutiérrez Ruiz, con quien conversó hasta la una y media del 18 aproximadamente, mientras lo acompañaba hasta el apartamento de la calle Posadas. En la puerta, según declaró Ferreira, se encontraban ya dos coches Ford Falcon con personas que aparentaban pertenecer a fuerzas de seguridad policial. En ese momento, Gutiérrez le señaló a Ferreira que él creía que se trataba de una actitud de seguimiento o de hostigamiento, porque él había estado recibiendo llamadas anónimas, cosa que ya le había contado durante la cena. También le expresó su preocupación por lo que parecía un creciente deterioro de la situación de seguridad de los exiliados uruguayos en la Argentina.

Ferreira fue después hasta el hotel “Liberty”. Michelini le expresó allí que era un gravísimo error que regresara a Montevideo porque creía que había un gran deterioro de la situación e hizo referencia a conversaciones que sabía que el entonces Canciller Juan Carlos Blanco había mantenido con el Canciller argentino y que era visible que los exiliados estaban siendo sometidos a una campaña de hostigamiento.

Alrededor de las dos de la madrugada del 18 de mayo, golpearon con violencia la puerta del apartamento de Gutiérrez Ruiz y utilizando su fuerza un individuo corpulento, identificado después como Osvaldo alias “Paqui” Forese, conocido integrante de las fuerzas represoras argentinas comandadas por Aníbal Gordon, la forzó y abrió.

Irrumpieron ent
onces varios individuos fuertemente armados, inmovilizaron al dueño de casa, le colocaron una capucha y registrando toda la casa, se llevaron todos los objetos de valor y documentos.

Abrieron las ventanas y se comunicaban a viva voz con los otros sujetos que habían quedado abajo. El operativo duró bastante tiempo y los partícipes se habían identificado como pertenecientes a la Policía Federal. Nadie intervino para impedir sus acciones, a pesar de que en la zona había personal de custodia.

Así encapuchado, se llevaron a Gutiérrez Ruiz, a quien introdujeron en uno de los autos que aguardaba frente al apartamento. Los represores cortaron el cable del teléfono, dejaron un coche estacionado en la puerta y amenazaron a la familia para que no diera aviso a nadie.

En el momento que Gutiérrez Ruiz le dio a su esposa una lista de nombre de personas a quienes podía recurrir, los secuestradores, no reconocieron ningún nombre, salvo el de Michelini. Al respecto, en su versión ante la Comisión Parlamentaria que investigó los asesinatos, ésta relató que “cuando dije Michelini… me lo hicieron repetir” “Cómo dijo, Michelini? “Sí”, “Bueno a ese comunista también lo vamos a llevar” (fs.25).

En la misma madrugada, un grupo armado irrumpió en el hotel “Liberty”. Se identificaron como pertenecientes a la Armada, exhibieron armamento pesado y al igual que en el domicilio de Gutiérrez Ruiz, se movían con total impunidad.

Frente al hotel había coches estacionados, algunos efectivos ingresaban y otros permanecen custodiando.

Conminaron al encargado para que les entregara la llave maestra que les permitiría ingresar a la habitación de Michelini. Subieron por la escalera y entraron a la pieza donde éste dormía, diciéndole “Zelmar llegó tu hora”, a la vez que obligaron a su hijo a cubrirse con una frazada.

De inmediato, revisaron la habitación buscando armas, hablaban a gritos y se llevaron gran cantidad de objetos, los cuales envolvieron en una frazada, entre ellos una máquina de escribir marca “Hermes” color rojo, habiendo declarado la hija de Zelmar, Margarita Michelini, que cuando estuvo declarando en Uruguay ante las autoridades militares en Bvar. y Palmar vio allí una máquina de escribir portátil marca “Hermes” que tenía una letra cursiva especial y que era la misma o similar a la que pertenecía a su padre y que le fue sustraída durante el secuestro (fs. 20).

Se llevaron a Zelmar Michelini manifestando que cumplían función oficial, actuando con total impunidad a pesar de que se trataba de un lugar céntrico y vigilado.

Cuando hubo finalizado el operativo, uno de ellos, que actuaba como jefe del grupo, regresó a conserjería y dijo “bueno señor, lo único que le puedo decir es que somos de la Marina y estamos en pie de guerra contra los marxistas”.

En tanto, Juan Raúl Ferreira, había recibido el llamado de familiares de Gutiérrez Ruiz, desde la casa de un vecino, donde acudieron tras el secuestro y alertado de los hechos, fue hasta el hotel donde vivía Michelini y se enteró de que se lo habían llevado a él también.

Tanto el conserje del hotel “Liberty” como la esposa de Gutiérrez Ruiz fueron a realizar las respectivas denuncias de los secuestros, pero no tuvieron éxito en sus peticiones para que la Policía interviniera.

Al empleado del hotel Mario Procacci no le quisieron recibir la denuncia en la Seccional 1ª, porque allí tenían conocimiento de que se estaban realizando “operaciones conjuntas” en esas inmediaciones.

Igual suerte corrió Pedro Michelini en la misma Comisaría.

Matilde Rodríguez fue con el Sr. Hugo Navajas, representante de las Naciones Unidas, a la Seccional 15ª pero no le aceptaron la denuncia diciéndole que debería presentar un “hábeas corpus” por el secuestro de su esposo. Tampoco le permitieron denunciar el hurto de efectos de su domicilio por carecer de documentos, los cuales también le habían sido robados en el decurso del mismo hecho delictivo.

Pese a las intensas gestiones cumplidas a todos los niveles por los familiares de las víctimas y por los ciudadanos y periodistas más prestigiosos, no se realizó ninguna indagatoria conocida; la policía no concurrió a los lugares donde se habían producido los secuestros, no actuó policía técnica en busca de huellas y la primera actuación oficial fue a partir del 21 de mayo, cuando fueron encontrados los cadáveres de las víctimas.

De inmediato, cuando se enteraron del secuestro de Gutiérrez Ruiz, sus socios pensaron en advertir a Ferreira Aldunate, a quien todavía los represores no habían localizado, a raíz de su mudanza, del riesgo que corría. Se dirigieron a “La Panchita” a buscarlo y partieron con él y su esposa hacia la ciudad de Buenos Aires, cruzándose en el camino con quienes iban a detenerlo. Una vez en la Capital advirtieron que fuerzas policiales y/o militares habían montado una “ratonera” en el apartamento y también en el almacén de Gutiérrez Ruiz.

Mantuvieron entonces a Wilson Ferreira en distintos lugares hasta que logró protección diplomática, asilándose en la Embajada de Austria y finalmente, salvoconducto para salir del país junto a su hijo.

Rosario Barredo y William Whitelaw fueron secuestrados de su domicilio en la calle Matorras, unos días antes, el 13 de mayo, mediante un procedimiento similar a los antes descriptos.

A las dos de la madrugada del 12 de mayo, los vecinos vieron vehículos: un Torino blanco, otro verde, una camioneta pick up con cúpula, gran despliegue de personal que portaba armas largas y granadas, que vestían gabanes de color verde y se presentaron como Policía Federal. Permanecieron allí hasta la hora 18 o 19 aproximadamente, entrando y saliendo y cortaron en determinado momento el tránsito para cargar todos los efectos que sacaron de la casa. A las 10 de la mañana del 13 de mayo, subieron a un camión a la pareja y a los niños pequeños de ésta y se los llevaron.

Asimismo agrega el informe “el Ministro de Relaciones Exteriores uruguayo Blanco, uno de los más brillantes y normalmente confiable miembro del grupo, fue el primero en describir la campaña contra los terroristas como una “Tercera Guerra Mundial”. Justifica las duras y radicales medidas de “guerra”. Hace énfasis en el aspecto internacional e institucional, justificando las consecuencias del ejercicio del poder, más allá de los bordes nacionales.

Este informe, en el contexto de lo que ocurrió resulta creíble.

La actividad en Buenos Aires de los ex parlamentarios asesinados interesaba y era seguida de cerca desde tiempo atrás por las autoridades uruguayas, especialmente la de Zelmar Miguelini.

Jorge Alberto Vázquez quien fuera Vicecanciller en la Argentina durante el gobierno de Cámpora durante 1973, relató que en mayo de ese año se había presentado en su despacho el Embajador uruguayo, quien le hizo saber que su país no veía bien que los políticos uruguayos residentes en la Argentina: Wilson Ferreira, Zelmar Michelini y el Senador Erro, tuvieran acceso a los medios de difusión de la Argentina y prestaran declaraciones. Asimismo relató que posteriormente recibió una comunicación del Ministro uruguayo Blanco con los mismos fines. Reseña la insistencia demostrada por los diplomáticos uruguayos con este tema y que se presentaron asiduamente durante unos 45 días (fs. 2749).

Por telex enviado en clave por la Embajada del Uruguay a Diplomacia de Montevideo (Director General Coronel Walter Machado) el 3/4/75 (fs. 1381/1382) se hace saber que “en entrevista mantenida con el jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros, Comisario Gattei se nos informó que Enrique Erro fue trasladado a la penitenciaría de Villa Devoto y asimismo pudo saberse a través de
la misma fuente, que Zelmar Michelini viajará a EE.UU. accediendo a una invitación que le formulara el Senador Edward Kennedy…”

Los niños aparecieron muchos días después en circunstancias no aclaradas.

El 20 de mayo, a las 17 y 45, un grupo de personas que circulaba en dos automóviles, uno de ellos un Torino de color verde en el cual viajaban cinco individuos, encerraron a Polideo Rosa, quien conducía un automóvil Torino color borravino. Mediante amenazas con armas de fuego, un sujeto que se cubría la cara lo obligó a salir y sentarse en el asiento trasero del otro coche con la cabeza baja y poco después lo hicieron bajar en la ruta habiéndole sido sustraído su coche.

El 21 de mayo, la Policía dio cuenta del hallazgo de dicho automóvil, abandonado en la vía pública en Buenos Aires. En su interior, en el piso de la parte trasera encontraron el cadáver de Zelmar Michelini y en el baúl los cuerpos de Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, con claros signos de muerte violenta.

Los cuerpos aparecieron con sus cabezas impregnadas en sangre, presentando varios orificios de bala y además se constataron en las víctimas lesiones de tipo contuso, fracturas múltiples de cráneo, hemorragias por vía auditiva y nasal, habiéndose establecido que las muertes databan de varias horas, según surge de los informes de las autopsias practicadas.

Sobre el tablero del coche, ubicaron un sobre que contenía una nota mecanografiada, en cuyo margen superior izquierdo había una bandera celeste y blanca con estrella roja en su centro y la inscripción “E.R.P.”. El texto decía que el 20 de mayo, la unidad “Juan de Olivera” había procedido a ajusticiar a los nombrados a requerimiento del Comité Central del Movimiento de Liberación Nacional “Tupamaros”, como responsables de la escisión producida en ese movimiento.

Asociaban la ejecución con el entorpecimiento de la “solidaridad revolucionaria que requiere el enfrentamiento a las dictaduras que padecen nuestros países”. “Este ajusticiamiento, efectuado dentro del marco de unidad que establece la Junta de Coordinación Revolucionaria debe servir de ejemplo a todos aquellos que pretenden alejarse del camino que impone la guerra contra las dictaduras asesinas de Uruguay, Chile, Argentina y Bolivia”.

El tenor de la nota, obviamente procuró confundir a la opinión pública acerca de la identidad de los homicidas y la verdadera razón de los crímenes de los ex legisladores, cometidos entonces ex profeso junto a los del matrimonio Whitelaw-Barredo, desde que tal ajusticiamiento como el que se menciona en la nota, no se compadece con los procedimientos empleados, puestos de manifiesto en los secuestros, los cuales se llevaron a cabo en zonas céntricas de Buenos Aires con gran número y despliegue de fuerza y numerosos participantes actuando con total libertad de acción para lo cual en este tipo de procedimientos se avisaba a las autoridades policiales de la zona que no intervinieran y poder actuar así en lo que se llamó “zona libre” donde se realizaban los procedimientos con intervención de fuerzas militares y también para militares a su servicio, como la que comandaba Aníbal Gordon, quienes, aprovechando los “procedimientos” saqueaban las pertenencias de las víctimas. Además, el hecho de que se pretendiera también secuestrar a Wilson Ferreira da la pauta de que no se trató de un ajusticiamiento en los términos que se indicaron en la nota sino por el contrario, de una acción coordinada para secuestrar a los tres ex legisladores.

Actuando la policía en el lugar, como primera medida, en la presunción de tratarse de un hecho subversivo y por razones de seguridad de la instrucción, se procedió a requerir la presencia de personal de la Brigada de Explosivos, como no se preservó debidamente la escena del hecho, no se realizaron las mínimas pericias que hubieran resultado útiles, ni se hallaron testigos.

Teniendo por suficientemente probada, por las circunstancias apuntadas, la participación material en los hechos, de fuerzas de seguridad argentinas, lo cual resulta también de los enjuiciamientos de Carlos Suárez Mason en su calidad de Comandante en la Zona I y Jorge Carlos Rovere, quién se desempeñaba como Comandante de Sub-zona Capital Federal (fs. 2721 y sig.), debe señalarse también la posible participación material de personal militar uruguayo en los operativos de secuestro y asesinato.

Dicha participación, en concreto la de los oficiales Pedro Mato (alias El Burro) y Manuel Cordero, aparece mencionada por la testigo Haydée Trías a fs. 159 y sig. y también en la investigación parlamentaria.

También declaró el yerno de Zelmar Michelini, Raúl Altuna, con la instrucción argentina de los homicidios ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 fs. 409 y también ante la causa de Olivera Rovere (fs. 2748), que fue secuestrado en la localidad de Villa Martelli, permaneciendo detenido en “Automotores Orletti” y posteriormente trasladado a Montevideo, presumiblemente en un vuelo de Pluna. En el traslado en avión pudo ver al Mayor Ramas del Ejército Uruguayo alias “El Tordillo”. En Uruguay estuvo detenido en el Penal de Libertad. Manifestó que en una conversación que tuvo en el Servicio de Inteligencia de Defensa le dijo a un Capitán de dicho Servicio, que por intermedio del conserje del hotel “Liberty” sabía que el operativo del secuestro de Zelmar Michelini había estado comandado por el Mayor del Ejército Manuel Cordero alias Manolo, contestándole el oficial “por tu bien, eso no lo repitas nunca más”.

Continuó su relato señalando que posteriormente, por comentarios de sus custodios, tomó conocimiento que en los operativos de secuestros de uruguayos realizados en la Argentina, tenía que participar por lo menos un oficial del Ejército Uruguayo. Asimismo refiere haber tomado conocimiento a través de comentarios de su suegro, de las actividades del Servicio de Inteligencia Departamento 3 de Uruguay y de que el Mayor Nino Gavazzo se encontraba en la Argentina.

También Margarita Michelini, hija de Zelmar, declaró que cuando ella y su esposo fueron secuestrados de su domicilio en Argentina en Villa Martelli, por un comando conjunto de fuerzas militares argentinas y uruguayas y permanecieron privados de su libertad en “Automotores Orletti”, varios de los captores que había en dicho lugar hacían referencia al parecido de la declarante con su padre y entre ellos se encontraba Otto Paladino (fs. 2748).

Cabe mencionar también un cúmulo de indicios que involucran a los indagados en estos hechos, los cuales como no pudo ser de otra manera fueron cometidos en el marco de un acuerdo o coordinación entre los regímenes de facto que imperaban en Uruguay y Argentina el cual se tradujo en diferentes grados de colaboración entre los gobiernos, la cual incluyó la detención y traslado de personas entre un país y otro y actuación de militares uruguayos en Argentina, entre otros lugares en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti” en Buenos Aires, cuyos nombres son por demás conocidos, fueron mencionados ante la Comisión Investigadora Parlamentaria como partícipes directos en estos hechos y fueron requeridos por dicha actuación en otras causas judiciales uruguayas y argentinas, habiendo alguno de ellos inclusive admitido que estuvieron allí.

En ese orden de cosas, es impensable que ciudadanos uruguayos que, por lo que surge de las actuaciones incorporadas, no tenían participación en la política argentina, fueran secuestrados y se les diera muerte en dicho país sin intervención uruguaya o sin acuerdo entre las autoridades de ambos países, siendo entonces responsables quienes tuvieron participación directa y quienes adoptaron decisiones al respecto
o influyeron en las mismas, determinándolas.

Según se expresa en diversas publicaciones y documentos, la referida colaboración o coordinación, tuvo un marco más amplio conformando lo que se denominó “Operación Cóndor” ó “Plan Cóndor”, que comprometió las dictaduras del Cono Sur.

La comprobación de la existencia de esa operación se afirma cuando en setiembre de 2001 son desclasificados documentos del Departamento de Estado, en los cuales se constata el conocimiento de los EE.UU. de la existencia de ese plan y su instrumentación, cuya existencia se tuvo por probada en la sentencia argentina de 3/9/2004 dictada en la causa. No 13.445/99 caratulada “Videla Jorge Rafael y otros s/ Privación ilegal de la Libertad Personal y oros”, cuya copia obra agregada.

Entre la documentación antes mencionada, interesa destacar el reporte del agente del F.B.I. Harry Schlaudeman, agregado a fs. 767/80, cuya traducción obra a fs. 1088 y sigs. en un pasaje del cual se dice que los regímenes militares de América Latina ahora coordinan sus actividades de inteligencia muy cercanamente, operan en el territorio de los países de sus vecinos persiguiendo subversivos y han establecido la Operación Cóndor para encontrar y matar a todos los terroristas del Comité de Coordinación Revolucionaria en sus propios países y Europa. Brasil está cooperando, excepto en las operaciones de asesinato.

Señala más adelante que “el problema comienza con la definición de subversivo, nunca ha sido una palabra muy precisa. Un reportero escribe que la subversión ha crecido para incluir a cualquiera que esté opuesto a los planes de gobierno”. En los países en donde todos saben que los subversivos pueden terminar muertos o torturados, las esferas educadas tienen una explicable preocupación con respecto a los límites de esta oposición. La preocupación es el doble, cuando existe la chance de persecución por la policía extranjera, actuando esta sobre información indirecta, desconocida.

Numerosos refugiados uruguayos fueron asesinados en Argentina y existen divulgadas acusaciones de que la policía argentina está haciendo un favor a sus colegas uruguayos. Si bien puede que no sean exactas, esas acusaciones son al menso creíbles”.

Al día siguiente el Ministerio de RR.EE. respondió la nota solicitando que se remitiera urgente toda información sobre el anunciado viaje (fs. 1383).

Dicha solicitud fue inmediatamente respondida mediante una extensa nota, dirigida al Sr. Ministro Blanco por el entonces embajador uruguayo Adolfo Folle Martínez (fs. 1384/1385), y a fs. 1387/1389). Luce agregado un telex confidencial en clave dirigido al Ministro Blanco para su transmisión al Ministro de Defensa Ravena, donde se menciona que “El Sr. Michelini está pidiendo permanentemente salir del país. Quiere ir a EE.UU. o a Bolivia con cédula de identidad. No hay pedido nuevo de radicación ni puede ser radicado. Por pedido del Ministerio de RR.EE., a raíz de una solicitud del Consulado de la Embajada del Uruguay se ha pedido la invalidez del pasaporte del Sr. Michelini. Los inspectores están controlando permanentemente. Tienen instrucciones de detenerlo si observan alguna anomalía en su documentación”.

Finalmente, el 25 de noviembre de 1975 se comunica a la Embajada y Consulado del Uruguay en Buenos Aires, la cancelación de los pasaportes de Wilson Ferreira Aldunate, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz (fs. 1391 y sgs.)

Por su parte Zelmar Michelini poco antes de su secuestro, el 5 de mayo de 1976 había escrito una carta a su compañero de redacción del Diario “La Opinión” Roberto García, la cual se publicó después de su secuestro, donde refiere “En estos días he recibido amenazas telefónicas comunicándome un posible atentado y además un traslado por la fuerza y contra mi voluntad a Montevideo. Me llega asimismo la información de que el Ministro uruguayo Juan Carlos Blanco plantearía ante las autoridades argentinas la necesidad de que se me aleje de ese país. No se cual puede ser el curso futuro de los acontecimientos, pero en previsión de que efectivamente un comando uruguayo me saque del país, le escribo estas líneas para que usted sepa que no tengo ni he tenido ninguna intención de abandonar Argentina y que si el gobierno uruguayo documenta mi presencia en algún lugar del territorio uruguayo es porque he sido llevado allí en forma arbitraria, inconsulta y forzada…”

Dos días después, el 7 de mayo, Juan Carlos Blanco se trasladó a la Argentina, donde tuvo una reunión a bordo de un barco en la delta del río Paraná con el Canciller César Guzzetti.

Si bien el ex Canciller Blanco negó haber tratado el tema de los uruguayos refugiados en la Argentina resulta significativa la proximidad de dicho viaje con la fecha de los secuestros y el anuncio que había hecho Zelmar Michelini en su carta dirigida al Diario “La Opinión”.

Asimismo, cuando después de los secuestros el Dr. Alfonsín se entrevistó, a pedido de los familiares con el Ministro del Interior Albano Harguindeguy para pedirle que hiciera gestiones para su ubicación, éste le manifestó que tenía entendido que Michelini y Gutiérrez Ruiz eran tupamaros, información que se supone provenía del Gobierno Uruguayo.

El Brigadier Klix, entonces Comandante de la Fuerza Aérea Argentina, refirió a corresponsales de medios de prensa extranjeros que la operación de secuestro de los ex legisladores se trató de “una operación uruguaya, todavía no sé si oficial o no”.

Por su parte Wilson Ferreira Aldunate en su relato a la Comisión Parlamentaria, hace referencia a las reuniones que mantenían asiduamente los ex legisladores asesinados con uruguayos que se encontraban en Buenos Aires y que a las mismas concurrían “espías” enviados por la dictadura uruguaya, quienes en algún caso concreto pudieron ser individualizados y se les solicitó que se fueran. Incluso hace referencia a clases que se dictaron en la Escuela de Seguridad Nacional (ESEDENA) por parte de un coronel uruguayo sobre sus actividades y las de los ex legisladores asesinados en el exterior, relatando la labor de espionaje.

Igualmente, relata que cuando Zelmar Michelini, en octubre de 1975 fue expulsado de la Argentina y concurrió acompañado del Juez Losada, magistrado entonces muy conocido a interiorizarse por la expulsión, el Director de Migración les manifestó que había firmado el decreto de expulsión sin leerlo porque el expediente venía “muy pesado”, aludiendo a que el SIDE (Servicio de Información del Ejército) sin dar fuentes indica que Zelmar Michelini era un importante dirigente Tupamaro y en el expediente figuraba también otra información elevada por el gobierno uruguayo por todos los canales correspondientes donde se repetía la misma información, no recordando si se aludía también a Gutiérrez Ruiz, aunque creía que se aludía a ambos. Eso lo supo Wilson Ferreira por boca de Zelmar Michelini y del Dr. Losada y agrega en su misiva a la Comisión: “ustedes comprenderán que aquello era una condena de muerte en momentos en que en la Argentina se asesinaba a la gente por causas baladíes… en aquellos momentos decir en la Argentina que alguien era dirigente tupamaro, era hacerlo morir”.

Es importante señalar, que en tiempo que se recogió dicha versión, aún no se reconocía la existencia y alcance del “Plan Cóndor” que años después resultó reveladora.

Surgen además otros indicios de la participación uruguaya como la versión anónima que circuló al tiempo de los secuestros de que la decisión de matar a los ex legisladores fue adoptada en un organismo de gobierno presuntamente el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) de la cual participaron el Presidente de la Repúbli
ca, los Ministros del Interior y de Defensa Nacional, los tres Comandantes en Jefe y un Coronel argentino cuyo nombre no se registró. De acuerdo a esa comunicación, según lo declarado por Alberto Zumarán, quién había recibido un volante anónimo que contaría la misma, en una reunión de Gobierno se había decidido la muerte de Michelini y Gutiérrez Ruiz y la decisión había contado con el voto contrario del Presidente Bordaberry y del entonces Comandante de la Fuerza Aérea, que era el Brigadier Dante Paladini.

Zumarán refirió a la Comisión Investigadora que la carta sin firma también había llegado a otras personas, “como que hubiera interés especial de quienes habían votado en contra de la decisión de dejar a salvo su responsabilidad y su inocencia”.

Dijo también que un documento similar había sido recibido por el Arzobispo de Montevideo, Monseñor Partelli, a quién como asesor de la Curia veía y con quién conversaba con frecuencia.

Monseñor Partelli confirmó dicho hecho ante la Comisión Investigadora y ambos testigos dijeron haber destruido el documento ya que podía comprometerlos.

Pero Zumarán, en su declaración en autos agrega que también supo por boca del Arzobispo Mons. Partelli (hoy fallecido), que con posterioridad a las muertes, un Brigadier quién se trataría de Paladini, Comandante de la Fuerza Aérea, habló con él, como descargando su conciencia y le hizo referencia a que en el Organismo de Seguridad que podía tratarse del COSENA tomaron decisiones respecto a evitar que Ferreira Aldunate, Michelini y Gutiérrez Ruiz continuaran realizando sus tareas contra el proceso cívico-militar y… en siempre quedó con su conciencia de que eso había determinado la muerte de ellos, lo cual atribuía a los segundo mandos argentinos.

Vale decir, que más allá de que pudiera también haber existido una intervención material en los secuestros y homicidios por parte de personal militar uruguayo, la cual no resultó aún suficientemente probada, el cúmulo de indicios relacionado prueba inequívocamente la intervención del gobierno uruguayo y particularmente del ex Canciller Blanco en un conjunto de acciones que culminaron en el secuestro y muerte con la intervención directa de fuerzas militares argentinas de los ex legisladores y del matrimonio Whitelaw-Barredo, ultimados en el mismo procedimiento.

A este cúmulo de indicios relacionados cabe agregar otros, como la actitud asumida por el Gobierno Uruguayo una vez conocidos los secuestros de quienes fueron nada menos que Presidente de la Cámara de Diputados y un Senador de la República, la cual se limitó a unas breves instrucciones al entonces embajador en la Argentina Gustavo Magariños, sin que hubiera ninguna protesta ni pedido oficial de investigación.

Luego, cuando se hallaron los cuerpos, se hizo todo lo posible por desvirtuar la gravedad de lo ocurrido, se emitió un comunicado recalcando la calidad de requerido de Gutiérrez Ruiz y Bordaberry firmó una nota de felicitación al policía que impidió que se colocara el Pabellón Nacional sobre su féretro.

La propia inclusión de los hechos investigados, en el art. 1º de la Ley 15848, por parte del ex Presidente Sanguinetti confirma la opinión del Gobierno de que la operación se ejecutó por militares o policías, por móviles políticos y en ejecución de órdenes de los mandos.

 

CONSIDERANDO:

Corresponde, a los efectos de evaluar su responsabilidad, tener en cuenta la posición institucional de los indagados.

Bordaberry disolvió las Cámaras el 27 de junio de 1973, suspendió las garantías individuales, encabezó un gobierno de facto denominado Cívico-militar, habiendo compartido plenamente la filosofía del golpe de Estado y el papel de los militares, lo cual se desprende de sus propias manifestaciones efectuadas públicamente, y si bien fue desplazado del cargo poco tiempo después, tuvo al tiempo de los hechos dominio suficiente sobre la estructura de Poder.

Juan Carlos Blanco fue integrante del Gobierno al igual que Bordaberry y del Consejo de Seguridad Nacional, donde se reunían con los Comandantes en Jefe de las FF.AA. y fue Ministro de Relaciones Exteriores, habiendo tenido perfecto conocimiento de la situación de los exiliados y participación en las medidas que se adoptaron respecto de ellos.

Por su posición Institucional no pueden alegar desconocimiento de la colaboración que existió por lo menos a nivel de las Fuerzas Armadas de Argentina y Uruguay en la represión de las actividades políticas contrarias a los regímenes de facto de ambos países, sino que, por el contrario, desde sus cargos la propiciaron y alentaron, con el resultado a que se llegó con las víctimas de autos, el cual por lo menos tuvo que haber sido previsto por los indagados.

Sus conductas se adecuan entonces, a lo previsto en los arts. 18, 61, 310, 312, del C.P., y atento a lo establecido en los artículos 15 de la Constitución, 118, 125, 126, 172 a 174, del C.P.P., y concordantes, debiendo ser con prisión los enjuiciamientos en virtud de la grave naturaleza de las imputaciones.

 

SE RESUELVE:

El procesamiento y prisión de JUAN MARIA BORDABERRY y de JUAN CARLOS BLANCO como coautores responsables de cuatro delitos de homicidio muy especialmente agravados.

Déjese constancia de la disposición a la Sede de los prevenidos.

Ténganse por designados defensores de los propuestos y aceptantes Drs. Gastón Chávez y Diego Viana y Carlos y Lucía Curbelo (por Bordaberry y Blanco respectivamente).

Ténganse por incorporadas al sumario las diligencias presumariales con noticia.

Comuníquese a la Policía a los efectos de su detención y remisión a la Cárcel.

Solicítense planillas de antecedentes al I.T.F. y en su caso informes complementarios.

Cúmplase respecto de Manuel Liberoff lo dispuesto a fs. 2292 vto.” *