Se constituirá la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad

Destacadas personalidades de nuestro país, entre los que se encuentran senadores de la República, abogados vinculados a causas de derechos humanos, familiares de detenidos desaparecidos y organizaciones sociales resalizaron a través de una misiva una convocatoria por la declaración de nulidad de la Ley de Caducidad.

Además, a través de la carta los firmantes invitan a “todos los actores políticos y organizaciones sociales coincidentes con la propuesta” a participar de la “reunión” que se llevará a cabo el próximo martes 21 de noviembre a las 16.00 horas en la sala 17 del Edificio Anexo al Palacio Legislativo para constituir la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad.

La misiva explica que “La Ley de Caducidad fue aprobada bajo amenaza militar contra los más elementales principios éticos y jurídicos de la República, desconoce la separación de poderes, viola derechos humanos fundamentales y transgrede flagrantemente normas del Derecho Internacional de los DDHH que obligan al Estado a juzgar los crímenes de lesa humanidad”, por lo que “desde el punto de vista jurídico” la normativa es “nula” y agrega que “declarar la nulidad extinguiría todos sus efectos, como si nunca se hubiera aprobado”.

Expresa posteriormente que fue el Estado que, durante la dictadura “violó bajo un patrón regular de conductas aberrantes, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. No fueron actos aislados. Se cometieron crímenes de lesa humanidad. Se comprobó la coordinación represiva entre los países de la región bajo el Plan Cóndor. Se reconoció, por parte de las Fuerzas Armadas, la existencia de vuelos clandestinos con personas que continúan desaparecidas”.

De todas formas “a pesar de los avances en la política de DDHH” de esta administración, la Ley de Caducidad “continúa siendo un obstáculo real para la Justicia”, ya que se “impide juzgar los crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestro territorio”.

La carta explica que “si el Poder Legislativo advierte que una ley tiene un vicio jurídico intrínseco, de forma o de fondo, que causa su nulidad absoluta, no solamente tiene el derecho de declarar su nulidad, sino que debe hacerlo” y añade que, el hecho que la normativa no haya sido “removida” en referendum “no modificó cualitativamente su contenido antijurídico, ni lo convalidó”.

“Los artículos 1º a 4º de la ley de caducidad no cambiaron su naturaleza jurídica por el referéndum: si nacieron nulos, siguen siendo nulos y es posible declararlos inexistentes”, por lo que “nada impide a los representantes de la soberanía nacional ajustar las realidades antijurídicas al Derecho con la sustentabilidad política que les brinda su investidura democrática”, sostienen los firmantes.

“Las generaciones actuales reclaman remover los lastres de las amenazas militares del pasado” y “reclaman construir un modelo de convivencia social con plena vigencia de los derechos humanos, sin miedos, sin impunidad y sin obstáculos para juzgar a quienes, amparados en el poder de la dictadura, cometieron las más crueles violaciones de los derechos humanos”.

Luego de 20 años de la aprobación de la normativa “no es admisible” que “el país siga amarrado a las condiciones impuestas por situaciones políticas de la dictadura. Entre 1984 y hoy, el mundo ha cambiado. Nuestro Uruguay ha cambiado. La impunidad ha retrocedido y las normas del derecho internacional de los derechos humanos extienden, inconteniblemente, su gravitación”.

“Declarar la nulidad de la Ley de Caducidad es un imperativo histórico, moral y jurídico, que debe estar por encima de coyunturas políticas”, además “hace a la esencia misma del desafío que implica enfrentar el pasado y la supervivencia de la ‘sociedad represiva’ encarnada en la impunidad. Sólo así se podrá avanzar en la consolidación de los valores que deben cimentar el entramado social y en el modelo de convivencia inspirado en la matriz de los derechos humanos, concebidos estos como un todo dinámico, interdependiente e indivisible”, mientras que también la anulación “hace a la esencia misma de la preservación y profundización de la democracia, ya que no es ni será posible consolidar un Estado de Derecho democrático y pleno sin asumir que la Justicia es un elemento innegociable del modelo cultural inherente a la democracia, cuando se trata de dar respuesta a situaciones que califican como “crímenes de lesa humanidad”.

Ante estos motivos los firmantes ratificaron el “compromiso puntual y concreto de conjugar esfuerzos para lograr que se declare la nulidad de las normas de impunidad de la Ley de Caducidad”, mientras que se llama a “construir un movimiento nacional participativo, plural, democrático, flexible y abierto a todas las personas, organizaciones políticas y sociales, el cual, estará basado en el mútuo respeto de sus integrantes e inspirado en la concepción interdependiente e indivisible de todos los derechos humanos, consolide un espacio común en pro de la nulidad de la Ley de Caducidad, bajo una coordinación permanente y adecuada para cumplir con el objetivo trazado”.