La Justicia llega 30 años después de la muerte, el silencio y la impunidad

El 22 de mayo de 1976 los médicos forenses argentinos Osvaldo Arroyo y Mario Sebastián Rosenfeld enviaron los resultados de las autopsias de cuatro personas que aún no habían sido identificadas, al juez federal de 1er. Turno, doctor Eduardo Marquardt. Habían sido torturadas y rematadas de un balazo.

La descripción de los médicos era escalofriante. «Excoriaciones apergaminadas y contusiones, y en todas las regiones corporales», lesiones torácicas, desgarros internos, hematomas en piernas y brazos… según las autopsias Nº 1.181, 1.182, 1.183 y 1.184, referentes al «Homicidio 79″ de Capital Federal.

A uno de ellos la bala le fracturó el cráneo, al otro, le ingresó por detrás del oído; el tercero tenía al menos dos orificios de bala; y el cuarto cuerpo, perteneciente a una mujer, había recibido el balazo en la segunda vértebra dorsal. Tenían marcas de ataduras o esposas.

Los cuerpos habían sido hallados un día antes en un automóvil particular, abandonado en la intersección de las avenidas Perito Moreno y Richieri. Uno de los cuerpos se encontraba en el asiento trasero, los otros tres habían sido amontonados en la valija del coche Torino, robado horas antes.

Poco después del hallazgo del vehículo se había confirmado la identidad de las cuatro personas asesinadas: eran los ciudadanos uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw, y Rosario Barredo. Los primeros habían sido secuestrados sólo 24 horas antes de sus hogares.

 

Los secuestros

El martes 18 de mayo de 1976, sobre las dos de la madrugada, un grupo de personas armadas había ingresado con violencia al edificio ubicado en Posadas 1011 de Buenos Aires, e irrumpió en el departamento «A» del piso 4º, donde vivía la familia de Héctor Gutiérrez Ruiz.

Los integrantes del grupo se habían identificado como «policías», aunque vestían de civil. Estaban aparatosamente armados. Sorprendieron a Gutiérrez Ruiz y su esposa, Matilde Rodríguez, quienes apenas pudieron levantarse de la cama, cuando la puerta de su departamento fue forzada y cinco personas ingresaron apuntándoles.

Inmovilizaron al matrimonio y a sus cinco hijos de 13, 12, 10, 9 y 6 años de edad. Robaron todo lo de valor que encontraron. Una hora más tarde llevaron a Héctor, quien al dar a su mujer nombres de personas a quien llamar, mencionó a Michelini. «A ese comunista también lo vamos a llevar», dijo uno de los raptores.

A las cinco de la mañana, otro grupo de personas irrumpió armado en el Hotel Liberty de Corrientes 626. Sometieron al personal y fueron al séptimo piso, para romper la puerta de la habitación 75 donde se encontraban Zelmar Michelini y sus hijos Zelmar Eduardo y Luis Pedro. También robaron valores.

Días antes, el 13 de mayo a las dos de la mañana, otro operativo se había realizado en la calle Matorras 310, donde vivían los militantes tupamaros William Whitelaw y Rosario Barredo, con los tres pequeños hijos de ella. En el lugar dejaron pintadas «Tupas, OPR renunciantes», «Paredón al zurdaje», etc.

El testimonio del ex represor Vaello, quien declaró ante la Comisión Nacional de Desaparecidos (Conadep) argentina, señala que luego fueron trasladados a una unidad de la Policía Federal, donde los entregaron a un militar denominado Enciso, quien se los llevó con destino desconocido.

 

El silencio

Michelini y Gutiérrez Ruiz se habían exiliado en Argentina desde tres años antes, cuando el golpe de Estado que el presidente Juan María Bordaberry dio al disolver las cámaras parlamentarias el 27 de junio de 1973. Zelmar trabajaba en el diario La Opinión, el Toba tenía un comercio.

Los diarios uruguayos difundieron el 25 de mayo el Comunicado Nº 1323, en el que el gobierno dictatorial decía: «En base a las publicaciones periodísticas, la población ha sido ampliamente informada sobre la muerte acaecida en la ciudad de Buenos Aires de los ciudadanos uruguayos Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, y los cargos desempeñados por ambos en nuestro país. Con fecha 7 de setiembre de 1973 el primero de los nombrados fue requerido por la Justicia, como sedicioso con el Nº 781. Se cursa el presente comunicado, a efectos de anular la mencionada requisitoria y evitar que ciudadanos incautos enfoquen el suceso como si se tratara de un militante del Partido Nacional, verdad meramente formal, en virtud de haber dictaminado la Justicia su integración con la subversión». La Justicia referida era la Justicia Militar.

El entierro de los dos legisladores uruguayos fue reprimido por el régimen del presidente Bordaberry quien, según el Boletín de Ordenes Diarias del Ministerio del Interior, de fecha 28 de mayo de 1976, felicitó al jefe de Policía, Alberto Ballestrino, por impedir que se pusiera la bandera nacional sobre el cajón de Gutiérrez Ruiz.

Exactamente seis meses antes, el 25 de noviembre de 1975, el gobierno de Bordaberry, a través de la Cancillería a cargo del doctor Juan Carlos Blanco, había informado al gobierno argentino que había sido cancelada la validez de los pasaportes de Michelini, Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira Aldunate.

 

La impunidad

Durante nueve años los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Whitelaw, y Barredo permanecieron silenciados por el régimen militar, que ya en junio de 1976 había destituido al dictador Juan María Bordaberry, a quien suplantaron dos civiles, Alberto Demicheli y Aparicio Méndez, y un militar: Gregorio Alvarez.

Con la reinstitucionalización del país, un mes y días después de la asunción del presidente Julio María Sanguinetti, el 9 de abril de 1985, la Cámara de Representantes aprobó la constitución de una Comisión Investigadora secreta sobre los crímenes de Michelini y Gutiérrez Ruiz.

Dos años después, el 13 de octubre de 1987, el informe en mayoría señalaba los problemas de colaboración que tuvo por parte del Poder Ejecutivo, cuyos ministerios del Interior y Defensa no colaboraron, con el argumento de la «separación de poderes».

Al enviar las actuaciones de la investigadora a la Suprema Corte de Justicia, la comisión afirmó categóricamente que «episodios como los que ha tenido el triste deber de investigar, sólo pueden ocurrir y permanecer en el silencio a la sombra de la tiranía».

La causa judicial sobre la muerte de Zelmar y Toba se vio cerrada el 14 de marzo de 1989, cuando el presidente Sanguinetti resolvió ampararla en la Ley de Caducidad 15.848, aprobada en diciembre de 1986, ante la posibilidad de que existiera participación de uruguayos en el crimen.

El caso, reabierto por el fiscal Peri Valdez en 2002 para indagar las responsabilidades de civiles no amparados en la caducidad, derivó al Juzgado de 11º Turno, a cargo del juez Roberto Timbal, quien en 2005 había archivado el expediente, pero fue obligado a continuar por un Tribunal de Apelaciones.

El procesamiento del ex dictador Juan María Bordaberry y el canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, había sido solicitado por la fiscal Mirtha Guianze. La decisión de la Justicia civil uruguaya se produce a treinta años y seis meses del múltiple homicidio. *