Tras tratamiento largo y engorroso, el Senado aprobó nueva ley de usura
No obstante, mis predicciones no se cumplieron. Se ve que desde entonces hasta hoy tirios y troyanos tuvieron tiempo de ponerse de acuerdo en casi todo el articulado, por lo cual el debate en el plenario se centró en detalles y cuestiones formales.
A las 15:40 horas ya todo está pronto. A eso de las cuatro y cuarto se llega al quórum necesario y se ingresa a la media hora previa. Arranca Margarita Percovich (le ganó de mano al herrerista Lapaz, siempre primero en hacer uso de esta instancia). La senadora vertientista aborda la labor que desarrolla una comisión creada en el marco del programa ONU SIDA para fortalecer la prevención del contagio del virus.
A continuación, el ex relator deportivo Gustavo Lapaz denuncia las situaciones absurdas e injustas que se verifican en los préstamos otorgados por el Banco Hipotecario como consecuencia de los famosos colgamentos y refinanciaciones que convierten a los propietarios en deudores eternos. El socialista Korzeniak expresa el beneplácito que le ha causado la reciente decisión de la Justicia de no hacer lugar a la denuncia por usurpación de funciones presentada por oftalmólogos uruguayos contra los médicos cubanos.
Concluida la media hora previa, se pasa a tratar el orden del día, cuyo primer punto es como queda dicho al comienzo la continuación de la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establecen normas para atender la problemática de la usura. Rubio anuncia que ha habido acuerdo en introducir ciertas modificaciones, en suprimir alguna disposición y agregar otras.
En el tratamiento del tema, Michelini, Alfie, Breccia, Korzeniak, Gallinal y Abreu son quienes llevan la voz cantante.
En definitiva, sólo dos artículos generan discrepancias. Uno de ellos es el que permite que la nueva ley se aplique a los créditos pactados con anterioridad a su entrada en vigencia, lo que es considerado por algunos como violatorio del principio de irretroactividad de las leyes. Korzeniak sostiene que ese principio no tiene rango constitucional y así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia en numerosas sentencias.
El otro punto de discusión es la potestad que la ley otorga a los jueces para consultar con técnicos cada vez que un deudor sometido a juicio ejecutivo pretenda (con razón o sin ella) ampararse en la nueva norma.
El doctor Breccia (Espacio 609) consideró que esa disposición abre la posibilidad de infinitas chicanas, criterio compartido por los senadores nacionalistas.
Finalmente, a instancias del mismo Breccia, la cuestión es felizmente zanjada, lo que permitió que el proyecto fuera aprobado por amplia mayoría: sólo votaron en contra los legisladores colorados. *
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