Uruguay pide a Argentina que adopte medidas ante bloqueo

En un comunicado, emitido a última hora, la Cancillería reclamó a Argentina que adopte medidas para garantizar el libre tránsito a través de los puentes binacionales. Además, «lamenta profundamente estos hechos que afectan gravemente la economía de nuestro país y de otras naciones vecinas y desconocen claros pronunciamientos de la Corte Internacional de La Haya y del Tribunal Arbitral ad hoc de Solución de Controversias del Mercusur». Al mismo tiempo, «exhorta a que se adopten medidas que garanticen el cumplimiento de los pactos y dictámenes y señala que estudia las acciones a realizar ante los Organismos Multilaterales».

Según se pudo saber hasta momentos antes de que se instalaran los piquetes, las autoridades nacionales prosiguieron los contactos informales con sus pares argentinas para intentar obtener una reacción más concreta de éstas que impidiera la concreción de la protesta.

De acuerdo a lo explicado por fuentes del Ejecutivo, la estrategia diplomática a desarrollar a partir de los cortes ya fue diseñada, pero «ahora no es el momento de actuar, porque la acción corresponde al gobierno argentino, porque los bloqueos a los puentes internacionales son en su territorio».

En tal sentido, aseveraron que recién a comienzos de la semana entrante, una vez que los piquetes se hayan levantado por voluntad de los asambleístas o por decisión del gobierno vecino, podría comenzarse a aplicar alguno de los planes ya definidos para hacer del diferendo una cuestión regional e internacional.

Según las fuentes, a última hora de ayer llegó a los despachos del Presidente y del canciller un informe situacional realizado por el embajador uruguayo en Argentina, Francisco Bustillo. Este documento contendría aspectos que el Ejecutivo debe tener en cuenta para determinar los pasos a seguir, así como para prever su accionar ante protestas futuras.

Los informantes aseveraron que el análisis permite entrever que la preocupación por la situación en el gobierno argentino «es real», pero debido a que «saben que están en una posición política internacional muy débil pero no pueden ir contra los asambleístas porque el pasado pesa y en un principio los apoyaron. Además el reprimir manifestaciones es contrario a la política del presidente Néstor Kirchner, que ahora se ve entre la espada y la pared».

Entre las acciones que podría comenzar a implementar el gobierno uruguayo para denunciar el bloqueo se encuentran el envío de una nota al presidente Luiz Inácio «Lula» Da Silva, solicitando (en base al dictamen del Tribunal Arbitral del Mercosur que considero ilegales los cortes de ruta) que en calidad de titular pro témpore del Mercosur convoque al Consejo del Mercado Común.

En el ámbito regional también podría convocarse nuevamente al Tribunal Arbitral para que se expida esta vez en torno al incumplimiento del fallo emitido por ese órgano en la demanda presentada por Uruguay contra Argentina a causa de los cortes efectuados durante el verano pasado.

También se evalúa presentar un escrito pidiendo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya que dicte una medida provisional que obligue a impedir nuevos cortes, partiendo del fallo emitido el pasado 13 de julio en el que los magistrados de las Naciones Unidas solicitaron a ambos gobiernos que tomarán los recaudos para «no agravar» el conflicto.

Además se estudia la posibilidad de presentar una demanda ante la Justicia Federal argentina con el fin de que mediante la aplicación del artículo 294 del Código Penal de ese país se disponga la obligación de evitar futuros cortes. Esto se basa en la jurisprundencia de la vecina orilla, originada en el uso de esa norma para desarticular un bloqueo ocurrido en setiembre pasado en la provincia de Misiones en la frontera con Paraguay.

Asimismo, el canciller Reinaldo Gargano estaría llamando al embajador argentino en Montevideo, Hernán Patiño Mayer, para – en caso de que los cortes no sean levantados por orden del presidente Kirchner – presentarle una queja formal por la omisión de gobierno argentino ante la protesta.

Las fuentes reiteraron que en toda la batería de medidas consideradas nunca se consideró llamar en consulta (o sea, retirar de Buenos Aires) al embajador Bustillo, ya que ello implicaría una decisión política que tendría efectos sumamente negativos en tanto esa acción es utilizada a nivel diplomático como el paso previo al rompimiento de relaciones con un país. Lo que aseguraron es contrapuesto a los intereses del gobierno porque «Uruguay siempre está y estará dispuesto al diálogo para solucionar el diferendo». *