El empresario Barboni compareció ante la Comisión Investigadora

Vino. Habló. Y se fue. Aunque antes de irse de la Comisión Investigadora, que estudia los gastos realizados en los pasados gobiernos en entes y empresas públicas, el empresario Fernando Barboni dejó en manos de los diputados que integran ese órgano un voluminoso expediente de más de 500 páginas con los argumentos que él dice tener para ganarle al Banco Hipotecario los juicios que impulsa por valor de 130 millones de dólares.

Según una auditoría interna del Banco Hipotecario (BHU), el empresario ha sido el contratista constructor más beneficiado por los pasados directorios en licitaciones, en las que se asegura, se transitaron mecanismos no muy claros. Fue también la cabeza más visible de Glenby, el consorcio que estaba a cargo de las obras enmarcadas en el Plan Fénix, en la zona de la Aguada.

Ayer en la Comisión, a la que concurrió acompañado por su abogado Daniel Hugo Martins, ex ministro de Defensa del pasado gobierno blanco, el empresario dijo que a partir de 2002 fue perjudicado por el BHU y, particularmente, por su entonces presidenta, la colorada Graciela Pérez Montero. Aseguró que como consecuencia de ese «perjuicio» y por «violación de contratos» sus empresas constructoras están en quiebra.

Por eso, Barboni entabló un juicio al Estado por 130 millones de dólares. En la otra esquina del ring, el BHU tiene varios juicios civiles y demandas penales en curso contra Barboni y su grupo empresarial, por incumplimientos en obras que le fueron adjudicadas especialmente en el marco del fenecido «Plan Fénix». La demanda del Estado contra el grupo Barboni es de aproximadamente 10 millones de dólares.

El empresario aseguró en la Comisión Investigadora que la ex presidenta Pérez Montero tuvo «intencionalidad sistemática» contra sus emprendimientos para perjudicarlo económicamente.

Durante la presencia de Barboni en la Comisión los legisladores no le realizaron ni una sola pregunta y únicamente se limitaron a escuchar sus argumentos que permanentemente eran respaldados por el documento que dejó en manos de los diputados: un material impreso de casi 500 páginas en las que él asegura y documenta haber sido perjudicado tras la suspensión unilateral de las obras que le habían sido adjudicadas por los pasados directorios del BHU. *