Bordaberry pide que declare el secretario de la Presidencia

La defensa de Juan María Bordaberry pidió a la Justicia que se cite a varias personas para que declaren en la causa que involucra al ex dictador con los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, los tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, y la desaparición del médico Manuel Liberof.

Según los abogados defensores del ex dictador, los doctores Gastón Chaves Hontou y Diego Viana Martorell, estas declaraciones aportarían información que ha sido omitida en el curso de la investigación, y que deslinda la responsabilidad de su defendido.

Un escrito de 9 carillas fue presentado ante el doctor Roberto Timbal, juez Penal de 11º Turno, donde la defensa solicita se cite a declarar, entre otros, al secretario de Presidencia de la República y ex integrante de la Comisión para la Paz, el doctor Gonzalo Fernández.

Los juristas solicitan además se interrogue a la señora Matilde Rodríguez Larreta, esposa del legislador asesinado Héctor Gutiérrez Ruiz, quien estuvo presente al momento de la detención de su esposo.

Además se solicita la declaración del coronel (degradado) Gilberto Vázquez; del teniente coronel (r) Pedro Mato Nerbondo; y del comandante en jefe del Ejército (r) Angel Bertolotti.

También a la abogada querellante Hebe Martínez Burlé; al ex director de Cultura de la IMM, Gonzalo Carámbula; y al periodista Alvaro Alfonso, autor del libro «Encontrando a los Desaparecidos».

La investigación está a cargo del doctor Roberto Timbal, juez en lo Penal de 11º Turno, quien puso Auto para Resolución sobre el expediente que instruye, que además de atribuir la responsabilidad de Juan María Bordaberry, involucra a su canciller, Juan Carlos Blanco.

El magistrado tiene un plazo de 45 días hábiles para realizar la sentencia interlocutoria y notificar a las partes de su resolución, por lo que deberá pronunciarse antes del 1 de diciembre.

La fiscal actuante, la doctora Mirtha Guianze, fiscal Penal de 2º Turno, pidió el procesamiento con prisión para ambos indagados por «homicidios múltiples muy especialmente agravados» que tiene una pena máxima de 30 años, y por «privación de libertad», de 12 años. *