Vázquez dijo no al TLC con EEUU

En la víspera el presidente Tabaré Vázquez, tras reunirse con los secretarios de Estado que integran el Grupo Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior (Giace), informó que debido a hechos «de enorme trascendencia» sucedidos en los últimos días, se decidió rechazar la búsqueda de un TLC con EEUU.

Según relató, hacia el fin de la semana pasada el embajador uruguayo en Washington, Carlos Gianelli, le comunicó que el departamento comercial norteamericano proponía como único camino a seguir en las negociaciones comerciales con Uruguay la firma de un TLC igual al suscrito con Perú, el cual además debería ser discutido en el marco de la vía rápida.

La postura del gobierno de George W. Bush causó malestar en la administración Vázquez que respondió negándose a transitar por ese sendero, y recordando que en mayo pasado la conversación entre los presidentes había discurrido en base a la propuesta uruguaya de incluir un capítulo de intercambio de bienes al Tratado de Protección de Inversiones (TPI) que en ese momento analizaba para su ratificación el Congreso norteamericano.

La nueva oferta fue bien recibida por EEUU, cuyos representantes indicaron a Gianelli que hay mecanismos disponibles para profundizar las relaciones comerciales de acuerdo a las aspiraciones de Uruguay.

«Dijimos que avanzaríamos hasta donde pudiéramos. Todo lo que pudimos avanzar fue hasta lo que acabo de relatar, de aquí en más, definido un camino, avanzaremos en la investigación del mismo, en la profundidad que pueda tener y en los acuerdos que podamos lograr. El impacto político que pueda o no tener, no lo puedo medir, pero queda bien claro que el gobierno ha actuado con responsabilidad y con autonomía; y ha definido lo que entendió debía definir.

Si estamos en una negociación no podemos aceptar una imposición. Tampoco renunciamos al objetivo que teníamos que era mejorar el intercambio comercial», afirmó el Presidente.

Cabe recordar que la negativa al TLC modelo Perú constituye la segunda ocasión en que el gobierno del Frente Amplio obliga a EEUU a cambiar de posición en materia comercial. La primera fue precisamente las modificaciones que se realizaron al TPI tras la asunción de Vázquez a la Presidencia de la República y cuando el texto ya se consideraba listo para ser aprobado en el Parlamento uruguayo.

Luego de esas idas y venidas, los dos gobiernos llegaron a un preacuerdo para que el lunes próximo los principales representantes comerciales estadounidenses se reúnan con el Giace (en una residencia del Prado dependiente de la Cancillería) para intercambiar ideas respecto a los contenidos que abarcará el Acuerdo Marco de Inversiones y Comercio (AMIC) o Trade Investment Framework Agreement (TIFA), formato que finalmente tendrá el tratado bilateral.

De acuerdo a lo explicado por Vázquez este texto se centrará en la profundización del intercambio de bienes que serán declarados preferenciales, y una vez aprobado -en un plazo que varía entre 8 y 12 meses- será anexado al TPI vigente entre ambos países.

El Presidente dijo esperar que en la tarde del 2 de octubre pueda emitirse un comunicado anunciando el inicio formal de las negociaciones, así como la disolución de la Comisión Mixta Bilateral para formar una Comisión de Alto Nivel que sirva de ámbito a las tratativas.

Estas negociaciones no requerirían la intervención del Congreso norteamericano para su aprobación; además Vázquez las calificó como «un paso intermedio a un TLC en un futuro x no mediato».

En los encuentros bilaterales de la semana próxima los representantes comerciales de Uruguay plantearán como capítulos a incluirse en el acuerdo la duplicación de la cuota de ingreso de carnes y lácteos, así como la admisión en condiciones preferenciales al mercado norteamericano de textiles de lana, software y cereales. Es importante destacar que el comercio de servicios, ya está incluido en el TPI.

Si bien, Vázquez aseguró que «este tratado puede dejar absolutamente de lado» temas como la propiedad intelectual y las patentes, fuentes oficiales aseguraron que ello formará parte de las conversaciones en primera instancia debido al interés que generan en EEUU. Empero consideraron que no representarán escollos debido a que la normativa en la materia vigente en Uruguay es de las últimas aprobadas a nivel mundial y sus avances fueron elogiados recientemente por el propio gobierno norteamericano.

El mandatario también remarcó que este acuerdo «no lesiona el corazón del Mercosur», ya que a pesar de suponer negociaciones para rebajar los aranceles bilaterales sus resultados no afectan al arancel externo común.

Al quitar estos dos capítulos de la negociación central Vázquez obtuvo elementos para descomprimir el frente interno y regional, ya que las mayores resistencias dentro de la fuerza política de gobierno era la propiedad intelectual y a nivel del Mercosur se había hecho especial énfasis en respetar el arancel externo común.

En tanto, las compras gubernamentales sí formarán parte de las tratativas pero solo serán incluidas en el AMIC «si a Uruguay le sirve y le conviene», puesto que la decisión de Vázquez es suscribir solo «aquellos puntos en los que podemos estar seguros de no lastimar intereses de nuestro país».

Acerca de este punto las fuentes explicaron que no habrá cambios sustanciales al proceder actual, debido a que todas las compras que el país realiza a través de licitaciones convocadas para programas acordados con organismos internacionales como el BID  y que representan los mayores volúmenes de adquisiciones estatales  ya suponen la competencia de empresas nacionales con extranjeras.

 

Reforma del Estado

Antes de decidir el escenario político en que se desarrollarán las negociaciones con EEUU, el Presidente se reunió con todo su gabinete para analizar la marcha de la Reforma del Estado.

Al respecto anunció que en 20 días, luego de que se definan aspectos pendientes de discusión a la interna del Ejecutivo, convocará a los líderes políticos y a representantes de la academia para informar acerca de los planes de transformación de Estado y recibir aportes de estos sectores.

Vázquez remarcó que esta reforma se inscribe en un marco de modificaciones que ya se realizan a distintas dependencias estatales como ser la DGI, Aduanas, o la Caja de Jubilaciones Policiales; así como en la discusión de proyectos como la Reforma Tributaria o del Sistema Nacional de Salud.

Más allá de las consultas a nivel nacional, el Ejecutivo resolvió contratar los servicios de tres consultores internacionales: el argentino Luis Eduardo Dorola, que trabaja en el reordenamiento de la función pública; el norteamericano Brainard Guy Peters, experto en administración pública ex asesor de Banco Mundial y la ONU; y a Rodrigo Egoña, responsable de la reforma estatal chilena realizada durante la presidencia de Ricardo Lagos.

Según señalaron participantes del equipo que implementa el proceso, actualmente «la madre de todas las reformas» está en su primera fase, lo que supone el estudio de la estructura de cada ministerio en función del plan estratégico definido por el gobierno para cada uno.

Los resultados obtenidos hasta el momento permiten augurar que «en los primeros meses de 2007″ comenzará a rediseñarse los organigramas de las carteras mediante la creación de cargos y unidades ejecutoras, así como la supresión de otros o el traspaso de algunas a otros ministerios.

En tal sentido, aseveraron que se analiza la posibilidad de instaurar cargos de «gerentes financieros» que se encarguen de la contabilidad de los ministerios y colaboren en la reorganizac
ión de la función pública, que hoy determina la existencia de casi 4.000 conceptos diferentes de retribuciones salariales.

Como ejemplo de los nuevos destinos de algunas unidades ejecutoras sostuvieron que «muchos de esos cambios serán en la Presidencia de la República»; remarcando que la Junta Nacional de Drogas pasaría al MSP, el Instituto Nacional de Estadística al MEF, en tanto que la Ursea y la Ursec ingresarían a la órbita del MIEM.

De acuerdo al cronograma previsto, la reforma tendría un período de «transición y pruebas» cuyo escenario principal sería el Ministerio de Trabajo, lugar donde se harían ensayos de las medidas propuestas principalmente en cuestiones de reestructura burocrática, como ser la agilización de los mecanismos de expulsión de funcionarios públicos por haber cometido omisiones, faltas graves o ausentismos prolongados injustificados. *