Defensa de Gelman piden ley interpretativa para que casos "caducados" no sean "cosa juzgada"

Escrito por: ROGER RODRIGUEZ - rogerrodriguez@adinet.com.uy

El abogado del poeta Juan Gelman, José Luis González, considera que el gobierno no ha respondido al tema de fondo en la acusación contra el Estado uruguayo realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, por mantener archivado el caso de María Claudia García.

González sostuvo que el Poder Ejecutivo deberá aprobar una ley interpretativa por la que los casos amparados en la Ley de Caducidad por anteriores gobiernos no puedan considerarse “cosa juzgada” o, de lo contrario, pedir la anulación de la Ley Nº 15.848 que impide la acción judicial en el Caso Gelman.

La respuesta del Poder Ejecutivo a la CIDH de la OEA, firmada por el canciller Reinaldo Gargano con fecha 20 de setiembre, dice que el Estado uruguayo no ha violado disposiciones relativas al debido proceso, a la protección judicial de las víctimas, ni al derecho a la verdad, como se le acusa.

El escrito de Gargano hace una encendida defensa de la política que en materia de derechos humanos viene impulsando la administración Tabaré Vázquez desde su asunción y recuerda que para el actual gobierno, específicamente, el Caso Gelman no estaba amparado en la caducidad.

El canciller, sin embargo, no estaría respondiendo sobre la responsabilidad del Estado en el Caso Gelman que, a entender de la defensa del poeta argentino, debe eliminar el “obstáculo” que implica la Ley de Caducidad para que la Justicia pueda continuar con la instrucción actualmente archivada.

 

Responsabilidad de Estado

González explicó a LA REPUBLICA que comparte buena parte el alegato que el canciller Gargano envió a la CIDH, pero advirtió que no se responde la fondo de la acusación contra el Estado uruguayo que, con anteriores decisiones del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, impide esclarecer del Caso Gelman.

El gobierno de Batlle incluyó el Caso Gelman en la caducidad sobre el cierre de su mandato, pese a que durante su administración, tras la localización de Macarena, la hija de María Claudia, se había creado una Comisión para la Paz que confirmó la participación de uruguayos en ese crimen de lesa humanidad.

Pese a la decisión de Batlle, el Caso Gelman fue reabierto por el juez penal Gustavo Mirabal luego que en LA REPUBLICA se denunciara la ubicación de la “Base Valparaíso” donde María Claudia había sido trasladada antes de su ejecución, elemento que el magistrado considero una “prueba superviniente”.

La denuncia de Gelman ante la Comisión de la OEA se produjo luego que el fiscal Enrique Möller impidiera la intención indagatoria del juez Mirabal, por entender que el caso era “cosa juzgada” al haber sido amparado en la Ley de Caducidad, que constituía una amnistía que había extinguido el delito.

María Claudia García de Gelman, de 19 años y embarazada a término, fue secuestrada en agosto de 1976 en Buenos Aires, recluida junto a un grupo de uruguayos en el centro de torturas Automotores Orletti y trasladada Montevideo, donde, tras dar a luz a una niña, fue asesinada y desaparecida.

 

El alegato de la cancillería

En su respuesta a la Comisión de Derechos Humanos, Gargano destaca el rol de la Comisión para la Paz del gobierno de Batlle y señala que tras su ubicación, Macarena Gelman obtuvo la restitución de su identidad, por gestiones del actual secretario de la Presidencia, doctor Gonzalo Fernández.

También rememora la declaración realizada por el presidente Vázquez el día de su asunción, cuando anunció que el Caso Gelman no estaba incluido en la ley de Caducidad y que así lo ratificó cuando, luego de la asunción del nuevo gobierno, fue consultado sobre el caso por la Suprema Corte de Justicia.

Aclara que “el juez letrado de 1ª instancia en lo penal dispuso la reapertura de las investigaciones con la oposición fiscal, originándose una contienda entre ambos órganos”, donde estaba en cuestión “la aplicabilidad del principio de cosa juzgada” y si la ley constituía una amnistía que había extinguido el delito.

Gargano agrega que, luego del fallo de un Tribunal de Apelaciones que dio la razón a la fiscalía, “el Gobierno, afirmando el respeto por la independencia de la Justicia, manifestó no compartir la decisión del Poder Judicial”, reafirmando que en modo alguno alteraba su determinación de continuar la investigación.

Finalmente, el escrito del canciller relata la política seguida por el actual gobierno en materia de derechos humanos y sus logros a través de una nueva interpretación de la Ley de caducidad que permitió que 18 casos queden reabiertos, dos cuerpos se hayan recuperado y ocho militares fueran procesados. *