Según la pericia, uno de los obreros murió por "asfixia" y el otro por "aplastamiento"

Ayer, por espacio de casi 7 horas, comparecieron a declarar al juzgado de la calle Bartolomé Mitre ante el juez penal de 5º Turno doctor Daniel Tapié y la fiscal penal de 6º Turno, doctora Elsa Machado, el arquitecto responsable de la obra, Rául Wilner, el capataz Luis Lima, el ayudante soldador Martín Rodríguez, el técnico prevencionista Ricardo Scorza, y el arquitecto representante de la IMM, Fermín Arribillaga.

También declararon por la Dirección Nacional de Bomberos, el arquitecto José Luis Fernández, y el subcomisario Néstor Figueroa, a quien el magistrado encomendó la elaboración de un informe completo sobre lo actuado.

A su salida de la sede judicial, en diálogo con LA REPUBLICA Figueroa dijo no poder realizar ningún tipo de declaración ya que la investigación se encuentra en secreto de presumario, no obstante ello explicó que su dirección estuvo «dos días recabando información, relevamiento fotográfico, identificación de cuerpos y que está es una etapa más para asesorar a la Justicia del procedimiento de bomberos en el lugar». Advirtió que este será «un trabajo de largo aliento y no será posible realizarlo en dos o tres días».

El magistrado confirmó a LA REPUBLICA las causas de fallecimiento de ambos trabajadores: uno asfixia y otro por aplastamiento. El médico del Instituto Técnico Forense (ITF) responsable de las autopsias a ambos trabajadores, doctor Hugo Rodríguez, informó telefónicamente a Tapié un avance primario de los resultados de las pericias realizadas.

José Carrasco, de 32 años, cuyo cuerpo ya sin vida fue encontrado sobre la medianoche del jueves (a las 00.05 horas), es decir, prácticamente ocho horas después del accidente, murió por asfixia. Sus restos fueron sepultados ayer por la mañana en el Cementerio del Norte.

Federico Quiyaborda, el joven trabajador de 23 años, que fue encontrado bajo los escombros a primera hora de la tarde del viernes, murió por aplastamiento. Su cuerpo fue retirado alrededor de las 16 horas, tras casi 24 horas de intenso trabajo del Cuerpo de Bomberos. Su familia anunció la intención de demandar a la empresa y también a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) porque entienden que ambas tienen responsabilidad por lo ocurrido.

 

Informe de IMM y bomberos

El proceso de investigación recién está comenzando, por lo cual el magistrado prefiere no realizar especulaciones sobre los motivos del derrumbe, posibles negligencias por parte de los involucrados y mucho menos de eventuales procesamientos.

Fuentes vinculadas a la investigación judicial, indicaron que el juez posee una lista de unos 40 obreros que actualmente se encuentran de licencia y que desde el martes, comenzarán a declarar en la investigación interna que está realizando bomberos. Tapié prevé citar parte de esos obreros para profundizar en algunos aspectos que pueden ser piezas clave en la investigación.

Otro dato importante al que accedió el magistrado ayer es el nombre del ingeniero de la obra, quien también deberá comparecer en los próximos días.

Por su parte, la comuna verificará si la empresa constructora tenía en regla el permiso de construcción, y además de efectuar un estudio de comparación para determinar que si lo habilitado por el municipio para construir fue lo realmente construido.

Fuentes municipales informaron que la IMM y Bomberos realizarán un peritaje técnico, que no tiene directa relación con lo informado por ambos organismos al juez, durante la jornada de ayer, ni la declaración hecha el pasado día viernes.

Se llevará a cabo un estudio de las estructuras existentes y de las utilizadas por la empresa. Fueron extraídas muestras de los materiales aplicados en la obra, especialmente en las viguetas, para ser analizado por un laboratorio técnico, a fin de establecer su porcentaje de resistencia.

Otro aspecto a definir es el referido al «buen proceder del constructor», como por ejemplo, si tirantes y vigas estuvieron bien instalados.

El juez recibirá en los próximos días -se prevé el martes- los informes de «aproximación» de lo sucedido hasta entregar un informe final, que incluya el resultado de los análisis de los materiales utilizados, los que podrían estar pronto sobre finales de la próxima semana.

Tanto sea del municipio como del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) explicaron que en este caso las responsabilidades civiles de lo sucedido recaerían en cuatro patas que son: el propietario del edificio, el director de obra (en estos dos casos es la misma persona), el capataz y el técnico previsionista.

Las mismas fuentes afirmaron que el edificio no tenía apuntalamiento, y que como regla, «antes empezar cualquier remodelación (y más en una estructura con años), se debe apuntalar el lugar, teniendo en cuenta que se ejerce una nueva carga sobre el bien».

El derrumbe pudo efectuarse por una decisión mal tomada, una carga excesiva o una maniobra impropia en la obra. *