Para el FA, "castigo a crímenes de lesa humanidad es un principio innegociable"

«A más de dos décadas» del advenimiento de la democracia «nuestro país asiste a un momento histórico», en donde «el procesamiento y prisión de seis militares y dos ex policías por violaciones a los derechos humanos, dictado por el Poder Judicial, refleja el nuevo camino en relación al tema que transita nuestra sociedad», señala el FA en un comunicado.

«El castigo a los crímenes de lesa humanidad es un principio innegociable» y «la única forma de garantizar que nunca más nuestro pueblo padezca el terrorismo de Estado, se establece solamente a través de la actuación de la Justicia».

En ese sentido, la Mesa Política del Frente Amplio expresó su «satisfacción con la actuación del Poder Judicial, sabiendo que queda mucho por hacer» y que «sólo la verdad y la justicia nos harán verdaderamente libres y dignos».

La resolución adoptada por el órgano de izquierda tuvo antecedentes similares en el transcurso de los últimos días en los organismos de dirección de la Vertiente Artiguista, el Nuevo Espacio, el Partido Comunista del Uruguay y el Partido por la Victoria del Pueblo.

El pasado martes 12 la Mesa Ejecutiva de la Vertiente Artiguista declaró «su satisfacción por el cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo» del «compromiso asumido» en «avanzar», en el «marco de las normas legales vigentes, en la búsqueda de la verdad y la justicia». Expresó «su compromiso de continuar y profundizar» este camino «respaldando al Poder Judicial en su facultad de investigar y juzgar a los mandos civiles y militares de la dictadura». Mientras que «en el marco de la búsqueda de la verdad acerca del destino de los desaparecidos», se ratifica la «decisión de investigar el destino de los compañeros militantes de los GAU» hasta conocer «la verdad y la responsabilidad de la Armada uruguaya en estos hechos». En tanto, el miércoles 13 de setiembre la Mesa Departamental de Montevideo del Nuevo Espacio expresó su «convicción acerca de que los responsables de los crímenes y violaciones a los derechos humanos acaecidos durante la dictadura militar deben ser juzgados en nuestro país». Además se «reafirma» la necesidad de «anular la Ley de Caducidad» y se exhorta a que «continúen avanzando las investigaciones que permitan esclarecer el destino de los desaparecidos y el procesamiento de los responsables de los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado». Por su parte el Comité Departamental de Montevideo del Partido Comunista del Uruguay, el 15 de setiembre, declaró «su satisfacción por el pronunciamiento judicial» y su «convicción que este hecho es fruto de la lucha de las organizaciones sociales y políticas».

Además se consideró «imprescindible la continuación y resolución de los procesos judiciales contra los mandos civiles y militares» de la dictadura cívico militar, «en particular contra el golpista (Juan María) Bordaberry por atentado a la Constitución». El P
VP, en tanto, saludó la decisión de la justicia, destacó su convicción de que las prisiones deben ser cumplidas en dependencias del Ministerio del Interior y señaló la «complicidad de la derecha de los partidos tradicionales» con la impunidad. Además, alertó respecto a la gravedad de la información reciente sobre la asunción por parte del Ejército de su responsabilidad en el traslado y desaparición de más de 20 compañeros. *