Ante el declive de los dinosaurios: "Un problema de pulso, no se apuren"

Esta ficción la escribí en la contratapa de LA REPUBLICA bajo el título «El pulso del pescador», en clara referencia a la política del doctor Tabaré Vázquez para conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Hoy hay seis militares y dos policías procesados por la Justicia y otros tantos, incluidos civiles, que están en la cola. El pescador supo manejar su pulso.

 

¿Y ahora cómo sigue?

Cuando se conoció el procesamiento de los inculpados, hubo varias sorpresas. Los medios de comunicación, todos, jerarquizaron la noticia al grado de que fue el primer titular. Quizás lo más insólito fue que el diario El País publicó un excelente dibujo de Aroxa, donde un gorila apareció detrás de unas rejas. ¡Era la primera vez que El País, en su larga historia de claudicaciones, identificaba a los dictadores militares con un gorila! Lo otro que sorprendió fue que la mayoría de la sociedad siguió su marcha -cada uno en sus preocupaciones-, sin que hayan habido manifestaciones de júbilo organizadas o espontáneas, a excepción de los familiares de los desaparecidos que se concentraron en la puerta del Juzgado.

Un tercer elemento, no menos importante, fue que el Frente Amplio volvió a mostrar su incapacidad para hacer la síntesis del momento político, dejándole la iniciativa al doctor Julio María Sanguinetti quien no sólo apuntó a que el Presidente se apartaba del espíritu de la Ley de Caducidad, sino que alertó sobre una posible alteración. Horas previas se había producido el suicidio del coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti, considerado el «disco duro» de «la patota de la OCOA», grupo responsable de los mayores crímenes. Días después, en el Centro Militar, la familia militar le rindió homenaje al fallecido, cuando según los códigos militares el suicidio es «una muerte indigna», según el general (r) Oscar Pereyra. «El mejor homenaje que podemos tributarle al coronel Rodríguez Buratti, es aportar nuestra mayor contribución para fortalecer la siempre vigente y necesaria unidad de la familia militar», dijo el coronel Carlos Rivarola, en nombre de esa difusa cosa, pero real, que es la familia de los uniformados.

El suicidado, en ese acto dramático, había logrado reagrupar a los militares retirados comprometidos con la violación de los derechos humanos y a los comandantes de las tres armas, lo que pasó a ser un dato importante para el análisis, en tanto mostró que el pasado persiste en los actuales mandos, que no se atreven o no quieren romper con los responsables de los crímenes, como si no hubiera quedado claro que el país sufrió el terrorismo de Estado, más una patota criminal y delictiva, y no una guerra civil. Hasta el moderado Enrique Bonelli, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, parece no poder liberarse de la historia oficial que le contaron en el instituto militar: «Lo que no hemos podido explicar bien o no hemos sido comprendidos es que nosotros estábamos en una situación de guerra interna», dijo intentando justificar el crimen, el rapto y las violaciones, que son condenadas hasta por las propias reglas de las guerras.

El mismo miércoles, ante la puerta del Centro Militar, se produjo otro incidente que no pasó de una patada testicular y algunos empujones, pero que pudo terminar en cualquier cosa. Fanáticos del general (r) Iván Paulós agredieron a periodistas, hecho que sólo fue justificado por el diario El País. Defendiendo el «derecho a la abstención» de Gregorio Alvarez se escribió: «Es sabido que la imitación de los argentinos no le hace bien a nuestra sociedad y los colegas televisivos están adoptando las mismas prácticas que los de enfrente: preguntan insistente, reiterada, y a veces insidiosamente», se leyó en su página seis, en una clara voltereta que pasó del gorila de Arotxa a la eterna claudicación, en apenas dos días.

También en estos días se le dio un nuevo impulso a la campaña, que aún está en la etapa la previa, para anular la Ley de Caducidad, con argumentos que hay que reconocer que son sólidos del punto de vista técnico y de la sensibilidad democrática. También tiene un gran peso argumental, los que se oponen a su anulación por haber sido refrendada esa ley en un referéndum. Este debate se da, como en otros temas, dentro de la fuerza política de gobierno, mientras que los partidos tradicionales se muestran proclives, ya que fueron sus redactores, a mantener la ley.

Muchos piensan que por el momento lo más recomendable es seguir creyendo en el pescador, quien ha mostrado sus buenas dotes para encontrar la verdad y avanzar hacia la justicia, sin poner en cuestión la bandera de la paz. Por eso Vázquez dijo en el Consejo de Ministros y lo dejó trascender: «La venganza no está en el espíritu del gobierno» y que el programa del Frente Amplio habla únicamente de «verdad y justicia».

 

Verdad, justicia y paz

Plantear el tema de la paz unido a la verdad y a la justicia, no es hacerlo desde la base del miedo o del temor a lo que pueda pasar, se entiende en el entorno presidencial. Esta parece ser la única manera de terminar con el corporativismo de los uniformados, que es hoy el principal escollo para lograr que el instituto militar se integre a la sociedad y supere el trauma de haber contenido en sus filas a verdaderos asesinos cuyos crímenes no solo se explican desde el lado de la política y de la formación ideológica, sino que también tienen que ver con las miserias humanas que nacen en medio de los más atroces regímenes dictatoriales, invadidos de corrupción. Por las características de nuestro país, por el peso que tienen las instituciones (por suerte), parece difícil que se alcance la verdad y la justicia, que se concrete el sueño del país productivo con justicia social, si se deroga la Ley de Caducidad contra la opinión del Presidente quien por su investidura, por su fuerte personalidad y por su arraigo popular es decisivo. También en esta perspectiva de fortalecer la paz con contenidos claros de verdad y justicia, hay que entender que es necesario que haya una cárcel de alta seguridad donde se podrían depositar a los acusados de violar los derechos humanos, con el único objetivo de reducir su capacidad de alterar el orden o la opinión pública. Si la ley lo permitiera -hoy no lo permite-, lo mejor sería que fueran custodiados por las Fuerzas Armadas, para que los militares de hoy aprendieran a hacerse responsables de controlar a aquellos que violaron la Constitución, la ley y los códigos de la vida civilizada. Los dinosaurios de ayer están en vías de extinción, pero para que los militares recuperen la dignidad de portar uniforme de Artigas parece conveniente no darle chance al apresuramiento y sí al pulso del pescador. «Â¡Es un problema de pulso, no se apuren!», dijo aquel hombre que sabía de pesca. *