El juez Charles resolverá hoy si al OCOA le llegó su 11 de setiembre

EL JUEZ penal de 19º Turno Luis Charles decidirá hoy 11 de setiembre si en Uruguay comienzan a derrumbarse las torres de la impunidad y la injusticia, al aceptar, por primera vez en la historia, la solicitud de procesamiento con prisión contra un grupo de represores de la dictadura.

Charles decidirá sobre el pedido de la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, quien reclamó el procesamiento de los militares José Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Luis Maurente, los ex militares José Arab y Gilberto Vázquez, y los ex policías Ricardo Medina y José Sande Lima.

Los nueve represores eran miembros del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) que, a entender de la fiscal, se convirtió en una «asociación para delinquir» responsable de la privación de libertad de los desaparecidos Adalberto Soba y Alberto Mechoso desde 1976.

Todos ellos están detenidos en la Cárcel Central a la espera de una resolución del juez Juan Fernández Lecchini sobre su extradición a Argentina por las causas Plan Cóndor, Orletti y sobre niños desaparecidos. El pedido fiscal también incluía al coronel (r) Juan Antonio Rodríguez Buratti, fallecido ayer (ver página 3).

 

La causa contra el OCOA

Guianze y Charles estudian las actividades de la «patota» del OCOA a partir de la desaparición del militante tupamaro Washington Barrios en Buenos Aires en 1974 y el homicidio de su esposa y dos amigas en la casa de su madre en Montevideo pocos meses después.

A ese expediente se «acordonó» la causa de la desaparición en Argentina, en setiembre de 1976, de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Soba y Mechoso, quienes fueron secuestrados y torturados en el centro clandestino de represión Automotores Orletti de Buenos Aires.

Al caso contra los miembros del OCOA, se sumó ahora la causa del llamado «segundo vuelo» de Orletti, en el cual aquel 1976 se trasladó ilegalmente a Montevideo a un grupo de 21 o 22 personas quienes, tras ser recluidos por un mes en el centro de torturas «300 Carlos», fueron masivamente asesinados.

La denuncia del «segundo vuelo» y de la ejecución masiva de sus pasajeros fue revelada en una investigación periodística de LA REPUBLICA publicada en 2002. La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) reconoció el vuelo ilegal en agosto de 2005 y el Ejército admitió verbalmente las ejecuciones sólo días atrás.

 

Víctimas del «300 Carlos»

El OCOA fue creado en el Ejército como un aparato represivo con cierto nivel de autonomía dentro de cada una de las cuatro Divisiones de Ejército, desde antes de la dictadura. El de la División I que operaba en Montevideo y Canelones bajo el alias de los «300», habría sido el más sangriento.

El OCOA reprimió primero a los militantes del MLN-Tupamaros que eran torturados en el Batallón de Artillería Nº 1. Luego «expropió» una casa en Punta Gorda (300 R) donde llevaron a cinco tupamaros ilegalmente traídos desde Argentina en 1974. cuyos cuerpos aparecieron fusilados en la localidad Soca.

Junto a la mansión de rambla República de México 5515, el OCOA comenzó a operar desde 1975 en un galpón dentro del Servicio de Material y Armamento (SMA). Allí desaparecieron Fernando Miranda, Juan Manuel Brieva, Carlos Arévalo, Eduardo Bleier, Julio Correa, Otermin Montes de Oca y Julio Escudero.

Luego del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y la desaparición de Manuel Liberoff en Argentina, la «patota» del OCOA comenzó a operar en Buenos Aires, junto a la «banda» de Aníbal Gordon en el taller Automotores Orletti: su objetivo fueron los militantes del PVP en Argentina.

 

Los dos vuelos de Orletti

En julio de 1976 se produjo un «primer vuelo» desde Orletti en el que se trasladó a una veintena de militantes del PVP. Algunos de ellos fueron liberados y otros «blanqueados» y procesados con prisión por la Justicia militar tras un falso operativo de captura escenificado en un chalé de Shagrilá.

De ese grupo no sobrevivieron los sindicalistas Gerardo Gatti y León Duarte, víctimas de una extorsión por parte de sus captores argentinos y uruguayos. Primero intentaron canjear la vida de Gatti por dos millones de dólares y luego la de Duarte por 500 mil dólares. Ambos permanecen desaparecidos.

Un destino similar sufriría luego otra veintena de militantes del PVP secuestrados por la OCOA en Orletti en setiembre de 1976. Al grupo al que pertenecían Soba y Mechoso, lo trajeron en un «segundo vuelo» el 5 de octubre de aquel año. Fueron ejecutados en forma masiva en Montevideo.

El coronel (av) José Uruguay Araújo Umpiérrez, quien también está detenido para su extradición a Argentina, fue quien ordenó al actual comandante en jefe de la FAU, brigadier general Enrique Bonelli, y a su antecesor, José Pedro Malaquín, pilotear el primer y segundo vuelos de Orletti, respectivamente.

 

Muerte en La Tablada

Luego de las actividades en el SMA, adjunto al Batallón de Infantería 13 de Avenida Instrucciones, donde también habría sido asesinada la maestra Elena Quinteros, la «patota» del OCOA comenzó a operar en La Casona de la avenida Millán 4269, que compraron con dinero robado al PVP.

Finalmente, las operaciones represivas y delictivas se realizaron desde el viejo hotel de La Tablada, donde se sucedieron en la jefatura de OCOA: Ernesto Ramas, Gustavo Taramasco y Glauco José Yannone, bajo cuyo mando operaron Jorge Silveira y otros reconocidos torturadores.

En La Casona de Millán desapareció el maestro Julio Castro. En La Tablada fueron desaparecidos Luis Arigón Castel, Oscar Baliñas Arias, Oscar Tassino, Amalia Sanjurjo, Ricardo Blanco, Sebastián Felix Ortiz, Antonio Paitta Cardozo y Miguel Angel Fagián.

Las denuncias sobre varias de las víctimas de La Tablada también serán presentadas a la Justicia en las próximas semanas y, al igual que el caso de los fusilados de Soca (entre ellos los padres del niño recuperado Amaral García), también serían incorporados a la causa contra el OCOA.

 

Lo que falta por saber

Según el libro «A todos ellos», entre 1975 y 1976, también actuaron en la OCOA los mayores Victorino Vázquez Pérez (tío de Gilberto) y Adi Bique, los capitanes Eduardo Ferro, Walter Miralles, Gustavo Taramasco, Antranig Ohannessian, Menotti Ortiz, Gustavo Criado Carmona.

Además de los granaderos Ricardo «Conejo» Medina y José Sande Lima, en el OCOA operaron otros «pases en comisión» provenientes del Ministerio del Interior, como los comisarios Hugo Campos Hermida y Abayubá Centeno, o el oficial principal Luis Alberto Zabala (quien secuestró al maestro Julio Castro).

El OCOA trabajaba directamente vinculado al Servicio de Información y Defensa (SID) al que pertenecía el prófugo coronel (r) Manuel Cordero (en Brasil), como el coronel Pedro Font, el capitán de navío Juan Volpe, los mayores Carlos Ventura Martínez y José Baudean, o el capitán (av) Sassón.

También estuvieron implicados en los delitos de la «patota» del OCOA los oficiales del Batallón de Infantería Nº 13: teniente coronel Mario Aguerrondo, mayor Alfredo Lamy, capitán Mario Fachelle y teniente Mario Cola Silveira; como los mandos de los batallones de Artillería 1 y 5 de la época. *