Ejército confirma ejecuciones de presos políticos traídos en el "segundo vuelo"

Díaz también comunicó que, según investigaciones internas de las Fuerzas Armadas, se calcula que los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) trasladados y luego ejecutados, fueron alrededor de «21 o 22″ personas, aunque aún no se ha logrado reconstruir la nómina de quiénes eran.

Empero, Gonzalo Fernández advirtió que se trató de un informe verbal que será objeto de una información complementaria escrita.

La existencia del «segundo vuelo» fue admitida oficialmente por la Fuerza Aérea en su informe secreto remitido a la Presidencia de la República, el 8 de agosto de 2005. Allí, por primera vez, se reconoció que al menos hubo dos traslados ilegales de prisioneros políticos ocurrieron «probablemente» el 24 de julio y el 5 de octubre de 1976. Estas operaciones aéreas «fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea a solicitud del Servicio de Información de Defensa (SID) y coordinadas por ese Servicio». Según el informe, «el motivo de dicha solicitud, alegado por el SID, fue el de preservar la vida de las personas detenidas en la República Argentina, trasladándolas a nuestro país, ya que de la información existente, surgía la posibilidad inminente de muerte de las mismas en aquel lugar».

Sobre estos hechos, el Ejército no hizo mención en su informe.

 

Información «muy limitada»

Hugo Cores, dirigente histórico del PVP, consultado por LA REPUBLICA considera que todavía es un información «muy limitada, teniendo en cuenta que implica un hecho muy grave».

De todas formas, Cores advirtió que se estaría configurando una masacre por parte de las Fuerzas Armadas. Además agregó que este informe genera a su vez, la gravedad que significa el ocultamiento. En tal sentido expresó que «se ocultó el destino de esos desaparecidos durante 30 años, y hay una clara responsabilidad de los gobiernos blancos y colorados, por omisión de la información y contribuir a mantener el bloqueo».

El doctor Oscar López Goldaracena, partidario de la anulación de la Ley de Caducidad y denunciante en la causa judicial del «segundo vuelo», manifestó que «si fuese así, confirmaría la existencia de ejecuciones masivas en el Uruguay, lo que califica como crimen de lesa humanidad». A propósito observó que la Justicia debería, entonces, intervenir en el marco de la investigación que se cursa en la órbita judicial.

Por otro lado, puntualizó respecto de que existe una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (66-2006) co-patrocinada por Uruguay, que establece el derecho a la verdad. En este sentido reflexionó que «por lo tanto, la sociedad uruguaya tiene derecho a conocer en forma completa todo lo ocurrido y conocer las circunstancias en las cuales se produjeron esas ejecuciones, la identificación de los responsables, el destino de los desaparecidos».

Además el jurista advirtió que esa confirmación estaría evidenciando la nulidad de la Ley de Caducidad desde el punto de vista jurídico.

«Si la Ley de Caducidad es un obstáculo para juzgar debería ser declarada nula, porque no puede impedir un crimen de lesa humanidad», concluyó.

El abogado denunciante en la causa de Adalberto Soba y Alberto Mechoso, militantes del PVP desaparecidos, y presuntamente trasladados a Uruguay en un vuelo clandestino, el doctor Pablo Chargoñia, sostiene que «cualquier información que provenga del Ejército tiene necesariamente que estar en conocimiento del Poder Judicial, en la medida en que se abrió una investigación que fue excluida de la Ley de Caducidad por el Poder Ejecutivo».

De todas maneras, Chargoñia señaló que «el hecho homicidio tiene que ser verificado formalmente, y es necesario verificarlo judicialmente».

Además advirtió que, a partir de estos comentarios por parte del actual comandante en jefe Carlos Díaz, se tiene que realizar una investigación, además de judicial, administrativa a nivel del Ministerio de Defensa Nacional. Al respecto consideró que queda al descubierto que fueron 20 años de encubrimiento. Sobre esto explicó: «Es obvio que todo esto se sabe y es obvio que está en silencio. De modo que sigue siendo encubrimiento en la medida en que no aparezcan las 210 personas que permanecen desaparecidas».

El doctor Guillermo Paysée, abogado representante del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) que estamos en presencia del reconocimiento de un hecho tardío. Explicó que «al momento en que la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) reconoce que hubo un segundo vuelo (informe de la FAU el 8 de agosto de 2005), debimos nosotros presuponer que los habían matado».

Consideró que se tendría que haber informado tiempo atrás sobre estos hechos. Expuso que «confirman, estos hechos, algo que se sabía y confirman más planes del terror, ya que se constata que hubo un avión donde se trasladó a uruguayos y quizá, algunos argentinos, que luego de interrogarlos fueron ejecutados».

En términos jurídicos señaló que ahora es obligación de la Justicia determinar quiénes eran los responsables y juzgarlos. A propósito dijo: «Es claro que en esos hechos hubo responsables intelectuales y materiales, y que además es posible responsabilizar a los mandos, tanto civiles como militares». Finalmente reflexionó respecto de que «ha habido una política a favor de la impunidad. Ha habido gobiernos que no han investigado y juzgado a quienes denotaron una conducta inadmisible, que son los responsables de que en 1976 se cometieran estos hechos».

 

Segundo vuelo  en el Juzgado

La denuncia es contra los mandos civiles, militares y policiales del gobierno cívico-militar (1973-1985) y demás responsables, por la existencia de un vuelo clandestino en octubre de 1976, en el marco de los delitos de desaparición forzada que califican como crímenes de lesa humanidad.

Los denunciantes son, además de la fallecida Luz Ibarburu; María Ester Gatti de Islas, madre de María Emilia Islas de Zaffaroni; Adriana Cabrera Esteve, hija de Ary Cabrera Prates; e Ignacio Errandonea, hermano de Juan Pablo Errandonea Salvia. Poco después de presentada la denuncia se agregó, denunciado por un familiar, Armando Bernardo Arnone Hernández.

La denuncia penal fue formalmente presentada el 29 de mayo de este año, y excluida de la ley de Caducidad el pasado 2 de agosto.

El «segundo vuelo» fue denunciado por LA REPUBLICA en 2002. Tres años más tarde, en 2005, las Fuerzas Armadas uruguayas confirman que efectivamente existió un segundo vuelo, el 5 de octubre de 1976, donde una veintena de uruguayos, que se suponía desaparecidos en Argentina, podrían estar en nuestro territorio.

La denuncia fue además patrocinada por el siguiente grupo de abogados: Oscar López Goldaracena, Hebe Martínez, Guillermo Paysée, Graciela Romero, Javier Miranda, Pablo Chargoñia, José Luis González y Walter de León, Pilar Elordoy, Ruben Waisrum, Juan Errandonea y Jorge Pan. Actualmente el curso de las investigaciones se encuentra paralizado en virtud del recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de los nueve imputados por la desaparición de Adalberto Soba Y Alberto Mechoso, para quienes la fiscal Mirtha Guianze sugirió 12 años de prisión por los delitos de «asociación para delinquir» y «privación de libertad».

Esta causa (Soba-Mechoso) había sido unificada recientemente a la del «segundo vuelo», y a investigación de la desaparición del militante tupamaro Washington Barrios, las tres instruidas por el juez Penal de 19º Turno Luis Charles.

Los imputados son José Nino Gavazzo, José «Turco» Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Luis Maurente, Gilberto Vázquez, Ricardo Medina, José Sande Lima, y el único que al
momento goza de libertad, Juan Antonio Rodríguez Buratti, además del prófugo Manuel Cordero. *