Preconflicto en el BSE por regularización de 41 fiscalizadores de accidentes de trabajo

El principal motivo es que este se niega a efectivizarlos a pesar de que tanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) se han pronunciado a favor de que eso suceda.

Dichas afirmaciones fueron realizadas a LA REPUBLICA por dos funcionarios que cumplen estas tareas y que además integran la Asociación de Fiscalizadores de Accidentes del Trabajo (AFAT), Sergio Vázquez y Luis Pardo.

La Ley 17.930, de Presupuesto, creó un sistema que habilita a la regularización -efectivizarlos, transformarlos en públicos- de todos los pasantes, becarios, contratados, suplentes, etc.

Para que esto se cumpla, los mismos deben haber sido contratados antes de 2001 y su vínculo «estar desvirtuado en sus elementos esenciales».

En el marco de este sistema, la administración pública, ya regularizó 7.000 casos.

Si bien los requisitos para regularizar (efectivizar) son claros hay administraciones «que se niegan injustificadamente» a tratar temas puntuales. Este es el caso del BSE, que «rechaza en forma arbitraria» el análisis de este caso, aseguran los trabajadores.

Los fiscalizadores de accidentes de trabajo en este momento son 41 -cuando en 2005 eran alrededor de 90-, los que hace más de 12 años trabajan en dicho ente en forma dependiente y exclusiva.

Los funcionarios reclaman que sean amparados, ya que se han aceptado regularizar a todos los demás contratados «aunque no cumplieran tareas esenciales para el BSE».

Otro de los argumentos esgrimidos por los trabajadores es que el Directorio desconoce la opinión de las autoridades del gobierno, tanto del MTSS como de la ONSC, que se han pronunciado «reiteradamente» de que dicha situación «debía ser contemplada».

 

Regularización y aumentos

«No regularizarnos transformaría a nuestras familias en 41 familias de desocupados, y todo simplemente por un capricho de la administración que, esperemos no sea por motivos personales, se rehusa a dar el brazo a torcer», sostuvieron ambos funcionarios.

También los trabajadores esperan recibir un aumento en sus ingresos, ya que desde el 2001 tienen los sueldos «congelados», y desde 1998 que no perciben viáticos, lo que dificulta su trabajo porque el mismo lo deben hacer en todos los departamentos del país.

En la actualidad, los salarios de los 41 fiscalizadores ascienden a $8.800 nominales, mientras que el mínimo de los efectivos del BSE es de $13.000 más beneficios.

Cabe destacar que tanto la central obrera (PIT-CNT), como el gremio de los bancarios (AEBU), han intervenido en el tema y están negociando para evitar que, la considerada por Vázquez y Pardo «flagrante arbitrariedad», no se concrete.

«No parece lógico crear un sistema de regularizaciones pero no controlar si las mismas se realizan conforme a derecho. De mantenerse situaciones como ésta donde trabajadores no son regularizados por simples arbitrariedades, pensamos si realmente estamos viviendo en un Estado de Derecho, justo e igualitario», concluyen los fiscalizadores. *