Presidencia tiene la convicción de que "nunca existieron" registros sobre NN

Los documentos celosamente guardados en una habitación en la Escuela de Inteligencia del Ejército fueron descubiertos hace seis meses, el día en que las autoridades del Ministerio de Defensa se enteraron de que esa dependencia se mudaba al Comando General del Ejército. Ahora, el Poder Ejecutivo se enfrenta a la disyuntiva de no saber qué procedimiento utilizar para dar a conocer, llegado el caso, su contenido, dijeron en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados el secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández y la ministra de Defensa Nacional.

«Yo les diría que los archivos precisan de una ley, es decir, sería necesario regularlo (y) la iniciativa podría provenir del Poder Ejecutivo o del seno de la comisión o de algunos de los parlamentarios», recomendó Fernández.

Según el jerarca de la Presidencia, las dudas sobrevienen por el hecho de determinar si el contenido de los archivos de la represión dictatorial deben ser públicos o ser suministrados únicamente a los directamente involucrados o interesados, aunque la mayoría de los nombres y datos allí contenidos podrían corresponder a personas desaparecidas.

«Existe un delicado equilibrio entre los derechos colectivos, a saber la verdad, a la memoria, a conocer la historia y por otro lado, los que conciernen a la privacidad» dijo Fernández, y reiteró que «nos parece mejor generar una instancia de debate parlamentario y que fuera objeto de una ley especial sobre archivos». Los archivos, que no competen únicamente al período de la dictadura militar sino a un lapso de tiempo aún mayor, no se sabe tampoco donde ubicarlos físicamente. «Una de las soluciones ha sido integrarlo a los archivos generales y la otra crear algún archivo especializado bajo el título de `archivo de la memoria´ o `archivo de la verdad´. Si me preguntan mi opinión, diría que es preferible la segunda opción» señaló Fernández.

La ministra de Defensa Azucena Berrutti aclaró en la Comisión que su cartera no tiene a cargo la investigación de los archivos hallados el pasado 10 de febrero «pero en un momento debimos plantear a la Presidencia la necesidad de tener alguna modalidad de acceso (a ellos)», dijo según la versión taquigráfica. Berrutti contó que cuando desde el Poder Judicial se reclamaban exhortos y oficios sobre sucesos que están en investigación en aquél Poder, «los derivábamos a los comandos de las Fuerzas o a la Dirección de Inteligencia (y) las respuestas que recibíamos eran del siguiente tenor: `no contamos con información´.

Sentíamos verguenza que desde los Comandos y desde Inteligencia nos dijeran que no tenían ningún documento o nos respondieran con recortes de prensa de lo ocurrido en la época que la Justicia estaba investigando». El 10 de febrero, llega la noticia de que la Escuela de Inteligencia del Ejército se mudaba para el Comando y «nos pareció que teníamos que ver qué había en ese lugar y si podíamos encontrar algún material» confió la ministra. «Y se encontró material archivado, cilindros microfilmados que vamos a ver qué contienen (…) y puedo asegurar que todavía no se ha leído ninguno de esos cilindros» relató.

Los cilindros microfilmados tienen un respaldo de índice en un CD, pero ese respaldo aparentemente fue fraguado ya que contiene datos «cuyo eje central son los informes de la Comisión para la Paz» dijo Gonzalo Fernández «y no aporta ningún dato relevante». Por su parte, Gonzalo Fernández dijo tener la convicción de que «nunca existieron» registros sobre el destino final de los detenidos durante la represión. «Cuando se trata de desaparecidos que pertenecieron a algún grupo de personas que fueron detenidas (…) encontramos que se señalaba una fecha con una versión, obviamente falsa, de que ese día la persona detenida había salido al exterior a identificar a alguien y había aprovechado a fugarse. De esa persona no aparecía declaración alguna (…) se decía que se había fugado (…) y hoy hemos confirmado que esa es la fecha de la muerte» dijo.

Sobre el segundo vuelo de la muerte procedente de Buenos Aires, Fernández sostuvo que allí vinieron «entre 21 y 22 personas, inicialmente derivadas al Batallón de Infantería Nº 13 conocido como «el infierno» o el «300 Carlos» y luego todas fueron ejecutadas» modificándose la versión que se tenía de que habían desaparecido en Argentina «y que a partir de la información del segundo vuelo, sabemos que habrían sido víctimas de un delito de homicidio en territorio nacional». *