Tribunal Arbitral del Mercosur evaluará mañana el bloqueo sufrido por Uruguay

En la tarde de ayer los representantes legales de Uruguay terminaban de seleccionar los testigos que declararán mañana ante los árbitros regionales con el fin de probar los perjuicios ocasionados por el bloqueo de los puentes internacionales General San Martín y General Artigas que efectuaron los asambleístas de Gualeguaychú durante más de cuatro meses.

Se estima que serán unas 10 personas entre las que se encontrarán representantes de la industria turística, funcionarios de los locales comerciales y gastronómicos instalados en la cabecera uruguaya de los puentes, despachantes de aduanas y representantes de las empresas transportistas de carga.

También se presentarán datos estadísticos proporcionados por la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Turismo, entre otras dependencias estatales.

Por su parte, el gobierno argentino también presentará documentación estadística y unos seis testigos (algunos de ellos integrantes de la asamblea ambiental de Gualeguaychú), con el fin de fundamentar que los piquetes fueron una forma de «libre expresión» y que el tránsito no se vio perjudicado porque siempre estuvo libre uno de los tres puentes que comunican a ambos países.

La representación argentina estará integrada por los abogados Juan Vicente Sola y Nora Capello de la Cancillería, más Mónica Pinto y Frida Armas. En tanto que la legación uruguaya estará compuesta por los expertos en Derecho Internacional Carlos Amorín, Hugo Cayrús, Miriam Franceschini y José María Robaina.

Desde la vecina orilla, se afirma que su presentación cuenta con «cúmulo de certezas jurídicas», que les permitirán refutar la demanda.

Aunque a la vez expresan «reparo» sobre el fallo definitivo del Tribunal, atribuyendo el motivo de la incertidumbre a la presencia del español Luis Martí Mingarro como presidente del ámbito de resolución de controversias ad hoc.

En ese orden ayer la fiscal argentina Claudia Mizawak dijo en rueda de prensa: «Esperemos que el tribunal entienda que el Estado nacional no tuvo responsabilidad en estos cortes que fueron decididos por los ciudadanos haciendo uso del derecho de reclamo de peticionar ante las autoridades. El Estado, tanto nacional como provincial, no participó activamente de esos cortes. Por el contrario, en algún momento se intentó persuadirlos de realizar medidas distintas como las culturales y otras formas de lucha que no signifique el impedimento de la circulación hacia el país vecino».

Según sostienen en la Cancillería argentina se duda de la «imparcialidad» de Martí Mingarro, a quien podría caberle la responsabilidad de «desempatar» la votación luego de que emitan su decisión el argentino Carlos Barreira y el uruguayo José María Gamio.

El árbitro ya había sido impugnado sin éxito por la legación vecina, que adujo «vicios en el procedimiento del sorteo -que se hizo para el caso- y su nacionalidad», la cual coincide con la de la empresa ENCE, compañía poseedora de una de las dos plantas de celulosa que se construyen en Fray Bentos.

Es de destacar que Martí Mingarro, es decano del Colegio de Abogados de Madrid, y al igual que el boliviano Gonzalo Fernández Saavedra (originalmente fue designado presidente del Tribunal y renunció a las pocas horas de su nombramiento), fue propuesto para el cargo por el gobierno uruguayo.

Y en 2005 recibió una condecoración del gobierno argentino denominada «Gran oficial de la Orden de Mayo», por su trayectoria internacional en materia de derechos humanos. *