Kirchner acatará el fallo de La Haya; sí insistirá con trabar inversión a Uruguay

El canciller Reinaldo Gargano consideró ayer muy llamativo que el gobierno argentino insista en trabar los préstamos internacionales que serán destinados a financiar parte del montaje de las plantas de celulosa de Botnia y ENCE en Fray Bentos.

El canciller hizo hincapié ayer en que, luego de conocido el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, hay que mantener una línea de tolerancia para no aumentar el clima de enfrentamiento entre Uruguay y Argentina.

Sin embargo, luego de las declaraciones del gobierno argentino, Gargano señaló que «es muy novedoso que un país dedique sus esfuerzos a comunicar a la banca internacional que no le dé préstamos a las empresas que se van a radicar en otro país», como por ejemplo Uruguay.

«Es muy novedoso, incluso después de conocido un dictamen como el que emitió el tribunal de La Haya, que dice que no hay un daño inminente con la instalación de las plantas de celulosa», agregó.

Consultado sobre la posibilidad de que los piqueteros de Entre Ríos vuelvan a cortar la ruta, Gargano dijo: «Yo no afirmo que van a volver ni lo descarto, simplemente quiero que no haya corte de rutas», remarcó el canciller. Analistas locales que advertían una recomposición del diálogo entre ambos países tras el fallo, se mostraron sosprendidos por el giro en el discurso del gobierno argentino, que parece haber pasado de un «no a la contaminación» a un «no a las papeleras».

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó el jueves una medida cautelar presentada por Argentina para suspender por 60 días la construcción de las plantas, pero sigue el juicio por la cuestión de fondo.

En el fallo, la CIJ admitió que podría en el futuro ordenar su suspensión o desmantelamiento, en caso de que se compruebe el peligro medioambiental.

El gobierno argentino emitió ayer un comunicado firmado por el propio Kirchner en el que ratificó que seguirá adelante con el juicio en La Haya y manifestó su convicción de que la CIJ «resolverá definitivamente en favor de Argentina».

En un acto público en la ciudad de Luján en Buenos Aires, Kirchner se refirió al tema.

«En primer lugar, quiero decirles que esto recién empieza y vamos creando cosas importantes», dijo al iniciar su discurso en la actividad oficial presenciada por algunos cientos de argentinos.

A la vez, Kirchner aseguró que defenderá los derechos de su pueblo «con toda la dignidad y toda la responsabilidad y fortaleza que corresponden».

Horas antes, en una conferencia de prensa el jefe del gabinete, Alberto Fernández, acompañado por el canciller Jorge Taiana y la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, leyó una declaración firmada por Kirchner donde se ratificó la intención de Argentina de continuar con la demanda presentada ante el máximo órgano de justicia dependiente de Naciones Unidas.

«El gobierno nacional reitera su firme decisión de seguir impulsando el proceso ante el Tribunal en pos de una sentencia que reconozca acabadamente los derechos de la República Argentina y evite la contaminación ambiental del Río Uruguay», dijo Fernández luego de anunciar que se planteará una nueva solicitud de medidas cautelares para evitar «el daño irreversible a los derechos de nuestro país (Argentina)» que ocasionarán las fábricas.

El comunicado también reafirma el convencimiento de que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay al autorizar los emprendimientos, razón por la que las autoridades argentinas «aspiramos a que el sistema financiero internacional se abstenga de invertir en las obras mencionadas y confiamos en que la Corte Internacional de Justicia resolverá definitivamente a favor de la Argentina». Minutos más tarde, en diálogo con la prensa, Fernández lamentó la decisión de la CIJ, al tiempo que advirtió que «la decisión definitiva no está tomada».

Además de incrementar la importancia del deseo de que los organismos multilaterales de crédito se abstengan de financiar los proyectos, subrayando que «la Argentina es también miembro de esos organismos internacionales».

 

Silencio nacional

A pesar de conocer y haber evaluado las declaraciones del gobierno argentino, tanto en Cancillería como a nivel de la Presidencia de la República se mantiene un estricto silencio acerca de las consideraciones que estas merecieron.

Sin embargo, en declaraciones extraoficiales se asegura que las palabras del presidente Kirchner y la declaración que lleva su rúbrica son «mensajes para calmar los ánimos, porque en Argentina sigue mandando la asamblea de Gualeguaychú y los gobernantes necesitan crear un espacio para negociar con Uruguay».

Asimismo, aseveraron que el viaje de Tabaré Vázquez a la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Córdoba «sigue en pie» y que todavía no se ha procurado agendar ninguna reunión con el presidente Kirchner.

Empero, remarcaron que «ahora se dan todas las condiciones para alcanzar un acuerdo y seguramente ocurrirá el encuentro entre los presidentes y todo comenzará a solucionarse ahí».

En ese sentido, afirmaron con alto grado de optimismo que «a pesar de que los asesores legales de la Cancillería ya comenzaron a preparse para la segunda etapa de la demanda en La Haya, es casi seguro que se alcanzará un acuerdo que ponga fin al diferendo antes de la primera audiencia», que sería fijada para el año próximo.

Lo que sigue es el comunicado de la Presidencia argentina: «Comunicado Presidente de la Nación – Tema Papeleras

Con motivo de la decisión adoptada por la Corte Internacional de Justicia, dada a conocer en el día de ayer, referida a la solicitud de medidas provisionales efectuadas por la República Argentina el Gobierno Nacional expresa:

1) que sin perjuicio al pleno acatamiento a la decisión adoptada, el Gobierno Nacional reitera su convicción respecto a que la continuidad de la construcción de los emprendimientos radicados en la localidad de Fray Bentos, República Oriental del Uruguay, son susceptibles de ocasionar un daño irreversible a los derechos de nuestro país;

2) Dado que los recursos hídricos son en la actualidad objeto de preservación de la humanidad, lamentamos profundamente que no se hayan adoptado medidas preventivas que así lo resguarden respecto del Río Uruguay. En consecuencia, la República Argentina destaca su derecho de plantear nuevamente una medida provisional en el futuro;

3) Ante el explícito reconocimiento jurisdiccional de la misma Corte en el sentido de que «la construcción de las plantas sobre el sitio actual no puede ser reputada como que constituye un hecho consumado… y que no podemos ni debemos excluir a priori la posibilidad de una decisión judicial que disponga el cese de los trabajos o la modificación o desmantelamiento de las obras» el Gobierno Nacional reitera su firme decisión de seguir impulsando el proceso ante el Tribunal en pos de una sentencia que reconozca acabadamente los derechos de la República Argentina y evite la contaminación ambiental del Río Uruguay;

4) Estamos convencidos de que estos emprendimientos autorizados unilateralmente por el estado uruguayo en incumplimiento al Estatuto del Río Uruguay, por su magnitud, localización y tecnología son incompatibles con la preservación de la calidad ambiental de la cuenca del Río Uruguay. En esa convicción, aspiramos a que el sistema financiero internacional se abstenga de invertir en las obras mencionadas y confiamos en que la Corte Internacional de Justicia resolverá definitivamente a favor de la Argentina.

 

Buenos Aires, julio 14 de julio de 2006″

Consideraciones legales

 

Según el doctor Edison González Lapeyre, uno de los integrantes del equipo jurÃ
­dico conformado por la Cancillería para afrontar el litigio, los anuncios del gobierno argentino no constituyen un desacato a la ordenanza de la CIJ.

En ese orden indicó que la posibilidad de presentar nuevas solicitudes de medidas conservatorias «está en la tapa del libro», haciendo referencia a que es un procedimiento común en los procesos desarrollados en el Tribunal. Sin embargo subrayó que «para que tenga algún efecto distinto al obtenido hasta el momento, cuando se presente ese recurso las plantas ya deberían estar funcionando y contaminando, cosa que no va a pasar». También consideró que tampoco las diligencias ante los organismos internacionales de crédito para boicotear el financiamiento de los emprendimientos pueden considerarse un desacato al fallo. Aunque destacó que «no obtendrá ningún resultado porque Botnia tiene el respaldo de Finlandia, un país con una tradición de cumplimiento impecable, mientras que Argentina está muy desacreditada desde el punto de vista internacional financiero». *