Caso Soba Fernández: el coronel Antonio Rodríguez Buratti es el principal sospechoso

La lista de imputados por este delito consta de 11 militares y civiles, incluidos los antes mencionados. Los restantes involucrados son los siguientes individuos: ex canciller Juan Carlos Blanco, ex comandante en jefe Gregorio «Goyo» Alvarez, coronel (r) Jorge «Pajarito» Silveira, capitán del Ejército (dado de baja) José Richard Arab, ex agente de Granaderos Ricardo Medina, el prófugo coronel (r) Manuel Cordero, teniente coronel (r) Pedro Mato Nerbondo, ex policía José Sande Lima, y el capitán (r) Luis Alfredo Maurente.

La denuncia fue presentada en nuestro país el pasado 3 de abril de 2006 ante el doctor Luis Charles Vinceguerra, juez penal de 19º Turno, fiscalizado por Elsa Machado, fiscal penal de 6º Turno.

La parte denunciante es asesorada por el abogado Pablo Chargoñia y es patrocinada por la secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT.

La investigación se encuentra actualmente en etapa de instrucción presumarial, luego que el magistrado, basado en el artículo 3 de la Ley de Caducidad (Ley Nº 15.848) enviara el expediente al Poder Ejecutivo.

El 24 de mayo de 2006 el Poder Ejecutivo devolvió el expediente entendiendo que este caso no está amparado por la Ley de Caducidad.

La desaparición de Soba Fernández comúnmente se vincula a la desaparición de Alberto Mechoso Méndez, en razón de que ambos fueron detenidos y nunca más se los volvió a ver, en el mismo tiempo, el 26 de setiembre de 1976, pero la causa activa que se lleva adelante es la desaparición de Soba.

Además, las familias de ambos fueron trasladadas de idéntica manera, y así los han declarado ante la Justicia.

Entre los testigos declararon la esposa de Soba Fernández, María Elena Laguna, y uno de sus hijos, quienes detallaron el episodio ocurrido en 1976, cuando fueron trasladados de Argentina a Uruguay, en un vuelo comercial.

Estos vuelos fueron utilizados por los represores, quienes, en el caso de la familia de Mechoso Méndez, José Gavazzo fingía ser el padre de la familia, y en la familia de Soba, hizo lo propio José Arab.

Además hay más testigos que fueron trasladados en el «primer vuelo» en 1976, que sobrevivieron al centro de reclusión y tortura Automotores Orletti.

Increíblemente la esposa y uno de sus hijos, son testigos además, en tanto detenidos en Orletti, ya que María Elena Laguna y sus tres hijos, pequeños en ese entonces, manifiestan haber estado detenidos y visto a Soba Fernández con un estado físico visiblemente deteriorado.

En próximas audiencias declararán más testigos, también trasladados en el «primer vuelo», así como una pareja trasladada en el 76 en otro vuelo comercial.

El denominado «primer vuelo» fue piloteado por el entonces capitán Enrique Bonelli, y consistió en el traslado a Uruguay de 23 militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), según Bonelli, en un operativo del Servicio de Información de Defensa (SID).

María Elena Laguna, y otras esposas de desaparecidos, trasladadas con sus hijos en vuelos comerciales, declararon también ante el juez federal argentino, Daniel Rafecas, quien instruye en Buenos Aires otra causa de violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras en el Cono Sur.

Igualmente la desaparición de Adalberto Soba Fernández se encuentra dentro de la causa por la que se solicita la extradición a Argentina de los militares José Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Avelino Rama, Gilberto Vázquez, José Arab y Ricardo Medina, detenidos preventivamente en razón del pedido de extradición por parte del juez federal argentino Guillermo Montenegro. En nuestro país, la parte denunciante solicitó al magistrado se incorpore, tanto en esta investigación como en la desaparición del militante tupamaro Washington Barrios, el documento secreto, recientemente hallado, del Servicio de Información de Defensa (SID) firmado por José Gavazzo, que certifica que éste comandó operaciones de inteligencia contra tupamaros en Argentina, Chile y Bolivia y que elaboró informes para la Junta de Comandantes. *