Dos víctimas uruguayas reconocieron ayer Orletti en causa judicial argentina

Dos víctimas uruguayas del centro clandestino de represión Automotores Orletti en 1976, realizaron ayer un reconocimiento del local ubicado en la calle Venancio Flores 3519/21 de Buenos Aires, en el marco de la causa del «Primer Cuerpo de Ejército» que instruye el juez federal Daniel Rafecas.

Las uruguayas Ana Inés Cuadros y Mónica Soligno, fueron citadas por el Juzgado Federal de 3er. Turno, donde Rafecas estudia los «pozos» en los que cientos de personas, entre ellos un centenar de uruguayos, fueron secuestrados y desaparecidos en la represión del llamado «Plan Cóndor».

El magistrado, que ya encarceló a decenas de militares y policías argentinos que protagonizaron la salvaje represión militar de los años setenta, se dedica ahora al tristemente célebre centro de torturas Automotores Orletti, donde centraron sus operaciones las fuerzas conjuntas uruguayas.

En Automotores Orletti actuó la «patota» de militares y policías uruguayos que integraban la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y el Servicio de Información y Defensa (SID), responsable del secuestro, tortura, muerte, traslado o desaparición de decenas uruguayos en 1976.

Soligno fue capturada el 9 de julio de 1976 y cuatro días más tarde detuvieron a Quadros. Ambas fueron torturadas en Orletti, hasta el 26 de julio cuando, junto a otros veinte uruguayos, fueron trasladadas a Uruguay y procesadas por la justicia militar luego de un falso operativo de detención en Shangrilá.

 

Ocho «patoteros»

Cinco de los miembros de la «patota» de la OCOA se encuentran desde el martes presos en la Cárcel Central, cuatro a la espera de su extradición a la Argentina y otro procesado por el delito de «peculado», otro «extraditable» está internado en el Hospital Militar y otros dos requeridos se encuentran prófugos.

Al ex policía Ricardo «Conejo» Medina y el ex coronel Ricardo «Turco» Arab, quienes en la espera de su extradición no tuvieron el privilegio de una reclusión en unidades militares, se sumaron sus «socios» José Nino Gavazzo y Jorge «Pajarito» Silveira, quienes perdieron ayer ese privilegio.

Gavazzo y Silveira fueron trasladados al presidio existente debajo de la Jefatura de Policía de Montevideo, luego de la fuga del coronel Gilberto Vázquez, quien huyó cuando se le hacía un estudio médico en el Hospital Militar, donde aún está internado su camarada Ernesto «Tordillo» Rama.

En la Cárcel Central también cumple prisión el ex granadero José Felipe Sande Lima, también integrante de la «patota» de la OCOA, quien fue encarcelado por robar materiales del Penal de Libertad que dirigió durante los gobiernos colorados de Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle.

A la lista de «patoteros» también se agrega el coronel retirado Manuel Cordero, quien se encuentra en Brasil prófugo de un delito de «desacato por ofensa» en Uruguay y a la espera de una dilatada decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño sobre su extradición, también solicitada por la Justicia argentina.

 

Tres magistrados

El juez federal argentino Guillermo Montenegro solicitó la extradición de Cordero a fines del año 2004, luego que el militar huyera de Uruguay para evitar una condena judicial y procurara asilo en Brasil, donde llegó a pedir ayuda al Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur).

Montenegro también es el magistrado que en mayo último tramitó la extradición de Gavazzo, Silveira, Rama, Arab, Vázquez y Medina, por su participación en el traslado ilegal y desaparición en Uruguay de la ciudadana María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman.

La «patota» de la OCOA también está en la mira del juez Daniel Rafecas, quien ya ha tomado testimonio a un grupo de uruguayos sobrevivientes de Automotores Orletti, quienes fueron trasladados ilegalmente a Montevideo en julio de 1976 en un vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Rafecas también analiza lo ocurrido con un segundo grupo de uruguayos, secuestrados en setiembre y octubre de aquel 1976, quienes también fueron trasladados en el llamado «segundo vuelo» de Orletti, pero luego de un mes vivos en Uruguay fueron ejecutados masivamente y desaparecidos.

Un tercer juez federal, Norberto Oyarbide, también espera la extradición de la «patota» de la OCOA, para interrogarlos por su responsabilidad en los casos de secuestro, desaparición temporal y sustracción de identidad de los menores Simón Riquelo y Macarena Gelman. *