Iniciativa legislativa del EP en busca de transparencia

La iniciativa fue presentada ayer simultáneamente en la Cámara alta, a través del senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), y en la Cámara de Representantes, por el diputado Víctor Rossi.

En la misma se plantea que las sociedades comerciales en las cuales un órgano del Estado, incluyendo entes autónomos, servicios descentralizados o gobiernos departamentales o cualquier persona pública no estatal, sea tenedor de acciones o titular de participaciones, deberán presentar al Poder Ejecutivo, dentro de los 120 días de finalizado cada ejercicio económico, los estados contables confeccionados conforme a disposiciones de la ley de Sociedades Comerciales, previa auditoría del Tribunal de Cuentas.

El proyecto prevé que los mencionados organismos deben disponer la publicación completa de los estados contables auditados por el Tribunal de Cuentas en el Diario Oficial y en las respectivas páginas web en Internet.

El senador Rubio dijo a LA REPUBLICA que esta iniciativa tiene en cuenta «una realidad nueva que se ha desarrollado de una forma muy importante en los últimos 10 años y que son las empresas mixtas que operan en el país o en el exterior sobre la base de la integración de capital público y privado».

El ejemplo más elocuente de esta situación es el de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), que en la actualidad elude los controles del Tribunal de Cuentas.

También otras empresas como Ancap y Antel se han presentado en licitaciones en el exterior. «La intervención del sector público puede ser sobre la base de la participación de empresas públicas, de bancos estatales como el Banco República, que por ejemplo tiene un emprendimiento con otra institución estatal que se mueve en el marco del derecho privado, como la AFAP República», señaló.

Rubio calificó al proyecto de «innovador» y recordó cuál es el actual marco normativo en el que se determina que las empresas públicas «tienen que pasar sus estados contables al Tribunal de Cuentas pero no hay una realidad que abarque otro tipo de emprendimientos, en donde hay un compromiso público importante del sector público asociado al sector privado».

A través de esta iniciativa –agregó Rubio– se buscan «mecanismos de control y de transparencia». El senador de la VA sostuvo que en la actualidad «las personas de Derecho Público no Estatal –ley de 1990– debían enviar sus estados contables al Poder Ejecutivo para que éste los incluyera en los mensajes de Rendición de Cuentas cuando los enviaba al Poder Legislativo».

«Posteriormente se agrega una legislación de 1996 por la cual estas personas de Derecho Público no Estatal y también los organismos privados que administran fondos públicos o bienes del Estado debían enviar sus estados contables al Poder Ejecutivo, al Tribunal de Cuentas, y a la Auditoría Interna de la Nación, con dictamen de Auditoría Externa», agregó.

Asimismo, en 1998 se implementó una nueva ley por la cual «las empresas públicas deben enviar sus estados contables al Tribunal de Cuentas para que éste se expida sobre la razonabilidad y consistencia de los mismos».

Sin embargo, puntualizó Rubio que «no existe una legislación que abarque la realidad más importante, que son las sociedades comerciales en las que hay participación pública tanto dentro como fuera del país».