Gobierno expuso nuevos criterios de asignación de la publicidad oficial

El ministro Lepra en su oratoria reconoció el papel de los medios de comunicación en la sociedad, así como también en muchos casos la dependencia de los mismos hacia la publicidad oficial para su «viabilidad económica».

Además anunció que los semanarios se considerarán de distribución nacional, por lo que podrán acceder de ahora en más a licitaciones públicas y que se culminará con «el despilfarro de la publicidad oficial sin criterios técnicos».

Por su parte el diputado Varela entendió que «el Estado debe actuar proactivamente en el sostenimiento de los medios de comunicación» pero «se deben generar normas y la suficiente transparencia» para que «no se transforme en una mordaza como ocurrió en el pasado».

Varela, que es presidente de la Comisión Investigadora de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, llamó a «generar la normativa necesaria y el cambio cultural imprescindible para que la publicidad oficial se transforme en un elemento que mejore la democracia».

El presidente de la Comisión dijo que «no puede adelantar opinión sobre irregularidades» en pasadas administración pero sí se hallaron «elementos incomprensibles a la hora de asignación de recursos sobre publicidad estatal».

Había «publicidad a medios de muy poca difusión en algunas zonas muy específicas del interior del país que multiplicaba dos o tres veces a la otorgada a medios de alcance nacional», por lo que dificulta comprender «los criterios» empleados, que se «pueden entender» mejor cuando se «vinculan los montos» asignados «con medios, dueños de esos medios o responsables políticos de las zonas», denunció Varela.

En tanto, el director de UTE en su oratoria denunció que existían «departamentos con igual cantidad de habitantes que recibían publicidad» del ente energético «catorce veces más que otros», encontrándose además «en otros medios» una «no correspondencia» con el «público objetivo a llegar» por lo que se confirma la «discrecionalidad» del recurso. La intención de esta administración es «corregir eso con dos vías» contenidas en «una nueva legislación con criterios compartidos con APU y las agencias de publicidad y por otro lado que los directores» no participen más en la «asignación de publicidad», la cual estará a cargo de «un grupo profesional» encabezado por «un licenciado en Ciencias de la Comunicación», junto a los «gerentes de Relaciones Públicas y Marketing» del organismo.

Rey recordó que en la administración anterior se gastaba en el entorno del millón de dólares al año en el rubro publicidad en UTE.

Por su parte el presidente de APU, Manuel Méndez, instó a que la publicidad oficial «se distribuya con criterios técnicos, no por amiguismo, por vínculos políticos o por premio o castigo a un medio de comunicación». *