Dancotex: jueza suspendió retiro de máquinas para "preservar la integridad de los presentes"

Los hechos en la pasada jornada se sucedieron tal como estaba previsto, ya que desde las primeras horas de la mañana se verificó una importante presencia de trabajadores en la planta, la que está ubicada en las proximidades de Veracierto y Camino Carrasco.

A partir de las 7.00 horas se realizó una asamblea del Congreso Obrero Textil (COT) en la puerta de la fábrica.

En tanto, a partir de las 8.30 horas comenzaron a llegar los principales dirigentes del PIT/CNT, encabezados por Juan Castillo, para desarrollar allí la reunión del secretariado ejecutivo de la central obrera lo que sirvió como «señal de apoyo» hacia los obreros de Dancotex.

Faltando pocos minutos para las 9.00 horas arribó una importante delegación de funcionarios de Funsa, quienes ingresaron a la planta como muestra de solidaridad hacia los trabajadores de la textil.

A estos también se les sumó una importante presencia de obreros de otros gremios.

Sobre el particular, el dirigente de Funsa Luis Romero dijo a los medios presentes que «lo mejor para que este país funcione bien sería que no se retiren las máquinas. Tenemos que evitar los enfrentamientos y encontronazos, y buscar buenas soluciones para todos, por ejemplo, logrando que sigan funcionando las dos fábricas».

 

Con el Código bajo el brazo

Alrededor de las 10.00 horas llegaron el alguacil judicial Dante Torterolo, y el tasador y rematador Julio Pérez Castellanos. También los representantes de Soloducho, los abogados Ernesto Rodríguez Altez y Enrique Crespo, y el representante legal de los trabajadores Alejandro Chiappe.

Todos iban ingresando a la planta rodeados por una importante cantidad de periodistas que cubrían el desarrollo del procedimiento judicial, y por algunas centenas de trabajadores que se concentraron en el lugar en solidaridad con los textiles.

En tanto, una discreta guardia policial, compuesta por vehículos y efectivos de la Guardia Metropolitana, se encontraba en «estado de alerta» a unos 400 metros del lugar, concretamente apostados en la plaza Estado de Israel.

Es de destacar también la presencia de trabajadores de la planta que la empresa Dancotex tiene en Colonia.

En ese sentido, el dirigente coloniense Marco Terile lamentó que los trabajadores de ambas plantas «hayamos quedado en el medio» de esta situación.

Los hechos se sucedieron y poco después del mediodía, Pérez Castellanos se retiró del lugar, luego de cumplir la tarea de verificación de la maquinaria.

Al partir, el profesional declaró: «Todavía no estamos en condiciones de evaluar nada. Lo que hemos hecho es completar la supervisión de las cosas que se encuentran aquí y está todo lo que tenía que estar en su lugar. Ahora va a llegar el momento en el cual se definirá lo que se va a hacer. Acá se vino a cumplir una medida y vamos a ver cómo se materializa», indicó. Pérez Castellanos agregó que realizó su tarea «con una tranquilidad total y en un clima cordial como corresponde».

En ese momento fue que Torterolo consultó a la jueza Corrales y le comentó que había mucha gente dentro de la planta, por lo que la magistrada «por razones de seguridad» y «para preservar la integridad física de las personas presentes» decidió suspender provisoriamente su medida.

La decisión de la Justicia se dio luego de que el alguacil Torterolo le informara -vía telefónica- acerca de la situación en el lugar.

Ahora, ese impedimento provocará que la situación se traslade a la órbita penal, ya que es un delito el no haberse permitido sacar la maquinaria. Esa instancia dará comienzo -seguramente- en los próximos días y estará a cargo de la jueza en lo penal de 9º Turno, doctora Gabriela Merialdo.

Oxandabarat recordó que la resolución que había tomado Corrales -el pasado lunes- permitía al propietario trasladar parte de la maquinaria existente dentro de la fábrica capitalina (ocho de más de 150), sólo hasta la planta coloniense -la que será acompañada con guardia policial-, debiendo mantenerlas en buen estado, cuidarlas, y no alquilarlas ni venderlas.

Para posibilitar eso, la magistrada cambió a los obreros ocupantes por Soloducho como «depositarios», aunque aclaró que era sólo de esas máquinas, no de todas y que las mismas también están embargadas.

Corrales argumentó su decisión también en que el valor de todos los bienes excede el reclamo de los trabajadores, ya que se evaluó en más de un millón de dólares lo que está dentro de la planta, mientras que el embargo es por $ 2 millones y medio (unos US$ 100 mil). Otra de las garantías para su resolución fue el depósito de US$ 17 mil que efectuara Soloducho en un juzgado civil, monto que ahora está a disposición de la Justicia laboral para el caso de que se falle a favor de los trabajadores en el caso del embargo o para pagar posibles despidos en el caso del cierre definitivo de la planta. Dicho monto sería descontado del embargo, por lo que este sería finalmente por US$ 83 mil y no por los US$ 100 mil estipulados.

La situación en Dancotex comenzó el pasado 3 de marzo -hace casi tres meses- cuando el propietario anunció a los obreros que cerraría la planta capitalina y que la empresa seguiría su actividad sólo en la fábrica que posee en Colonia (ex Sudamtex). *