"Vamos hacia un profundo desencuentro político"

Además, el legislador reclamó el cumplimiento del artículo 188 de la Constitución que establece que «para emprendimientos mixtos, en cada caso, la decisión debe ser del Parlamento».

En declaraciones a LA REPUBLICA, Rubio consideró que «lo que está en juego es una cuestión de fondo: no tenemos prevenciones frente a las propuestas de realizar emprendimientos mixtos para áreas nuevas, pero nos parece que hay que sacar tajantemente de arriba de la mesa la cuestión del futuro de Ancel».

Según trascendió, la propuesta gubernamental promueve autorizar a Antel a transformar a Ancel en una sociedad anónima para la explotación de la telefonía celular y otras áreas, y la posibilidad de cotizar en la Bolsa de Valores por un monto máximo al 30% de sus acciones.

«Si no se saca la cuestión del futuro de Ancel de arriba de la mesa, vamos a un desencuentro político en profundidad, en el campo parlamentario con derivaciones a nivel ciudadano que pueden ser muy importantes», enfatizó Rubio.

El legislador de la Vertiente Artiguista evaluó que «una cosa es decir que se van a hacer emprendimientos mixtos para nuevos desarrollos en materia de contenidos o en otros aspectos de las telecomunicaciones, y una muy distinta es dar la autorización legal para que mañana una mayoría eventual en el campo político y en el Directorio de Antel entregue una parte del patrimonio de Ancel».

«Trampear la voluntad»

Asimismo, Rubio sostuvo que el proyecto de la coalición de gobierno pretende «una autorización genérica para hacer emprendimientos mixtos bajo las formas asociativas de paquetes accionarios, que abarca toda clase de emprendimientos que tenga que ver con Antel y las telecomunicaciones, con la única exclusión de la telefonía fija en el país».

Según el parlamentario ese «es el negocio menos rentable y en el cual el sector privado no tiene interés. Acá lo que hay en disputa es un mercado altamente rentable y que se desarrolla en otras líneas». «No admitimos que de alguna forma se trampee la voluntad ciudadana expresada en 1992 porque estableció que debía seguir en manos del Estado y en manos de Antel, lo que era un servicio público de acuerdo con el Decreto Ley de 1974″, estimó Rubio.

Paralelamente, el senador Rubio evaluó que en este tema «Lacalle pierde en la primera movida con su propuesta de vender el 80% de las acciones de Ancel pero el resultado que se promueve es una formulación genérica que habilita toda clase de movimientos en el futuro».

«La presa más codiciada»

Consultado sobre el interés de la empresa brasileña Telecom en participar en el negocio adquiriendo acciones de Ancel, el legislador de la Vertiente Artiguista sostuvo que con este hecho queda claro que «la telefonía celular es la presa más codiciada».

En ese sentido, Rubio recordó que «hay un desarrollo expectacular de la telefonía celular: estamos en el orden de los 300 mil celulares, de los cuales dos tercios son de Ancel pero se estima que el mercado en el próximo quinquenio se desarrollará de manera notable y puede llegar a 1,3 millones de aparatos».

Para el parlamentario encuentrista «hay un mercado muy atractivo» y «en realidad el fondo de esta disputa no es un problema presupuestal o un problema del Banco República sino que la disputa es por el mercado de las telecomunicaciones y su dominio, por parte de empresas trasnacionales, como se da en otras partes del mundo».

El senador Rubio estimó que la transformación de Ancel en sociedad anónima «con una gran parte del paquete vendido a grandes operadores va a significar en los hechos la transferencia y la privatización de la empresa».

El artículo 188

El artículo 188 establece que «para que la ley pueda admitir capitales privados en la constitución o ampliación del patrimonio de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados, así como para reglamentar la intervención que en tales casos pueda corresponder a los respectivos accionistas en los Directorios, se requerirán los tres quintos de votos del total de los componentes de cada Cámara».

Añade que «el aporte de los capitales particulares y la representación de los mismos en los Consejos o Directorios nunca serán superiores a los del Estado. El Estado podrá, asimismo, participar en actividades industriales, agropecuarias o comerciales, de empresas formadas por aportes obreros, cooperativos o capitales privados, cuando concurra para ello el libre consentimiento de la empresa y bajo las condiciones que se convengan previamente entre las partes».

«La ley, por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, autorizará en cada caso esa participación, asegurando la intervención del Estado en la dirección de la empresa. Sus representantes se regirán por las mismas normas que los Directores de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados», concluye el texto constitucional.