La Justicia Federal argentina reiteró a Brasil pedido de extradición del torturador Cordero

El juez federal argentino Guillermo Montenegro reiteró ante las autoridades de Brasil un pedido de extradición contra el prófugo coronel uruguayo Manuel Cordero, quien huyó a Porto Alegre a fines de 2004, para juzgarlo por su participación en la coordinación represiva conocida como el Plan Cóndor.

Montenegro había realizado un primer pedido de extradición a mediados de 2005, semanas después de que se confirmara que el militar uruguayo se había refugiado en Santana de Livramento, para evitar comparecer ante un juez uruguayo que le juzgaba por un caso de «desacato».

Cordero había cometido un delito de «desacato con ofensa» contra el juez José Balcaldi quien le había abierto una causa por apología de la tortura ante declaraciones al semanario Búsqueda en las que el ex represor había reivindicado los malos tratos en los años de la dictadura militar.

El magistrado argentino está a cargo de la indagatoria sobre la coordinación represiva que los regímenes militares de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay realizaron en los años setenta, provocando la tortura, la muerte o la desaparición de miles de civiles considerados «subversivos».

La extradición de Cordero viene siendo estudiada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, donde ya se le ha negado al militar uruguayo tres pedidos de «hábeas corpus», una solicitud de «refugio» y un trámite de protección conocido como «mandato de segurança», entre otras medidas dilatorias.

 

«Se necesitan condenas»

En su despacho del Juzgado Federal de 6º Turno, ubicado en el cuarto piso de la sede de justicia de la avenida Comodoro Py, cercana a la Estación Retiro, el juez Guillermo Montenegro se encontraba preparando un interrogatorio sobre el ex presidente argentino Carlos Menem.

Pese a mantener un bajo perfil mediático -«no me gusta andar haciendo declaraciones», explica- aceptó recibir a LA REPUBLICA para dialogar brevemente sobre la situación del prófugo coronel Cordero y las instancias que restan para pasar a una etapa de definiciones sobre el Caso Cóndor.

«El juzgado ha estado atento al proceso sobre la extradición del señor Cordero, que se realiza en el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Hemos aportado todo lo requerido y hasta reiteramos nuestra solicitud de extradición, por lo cual solo podemos esperar la definición judicial», expresó.

Montenegro considera que todo lo que se podía indagar sobre la coordinación represiva de las dictaduras militares se ha hecho. Miles de fojas se amontonan desde que el caso se inició durante el gobierno de Raúl Alfonsín y pasó por varios juzgados federales antes de llegar a sus manos.

«En el caso del Plan Cóndor lo que se necesita, son condenas. Sabemos lo que pasó y quiénes fueron muchos de los responsables, pero se debe comenzar por casos específicos y puntuales que configuren delitos sobre los que se puede actuar a treinta años de los hechos», agregó.

 

Las plumas uruguayas

En la estrategia de Montenegro, la indagatoria sobre militares uruguayos que actuaron en Buenos Aires a mediados de los setenta cobra particular importancia, ya que existe el testimonio de una veintena de sobrevivientes de aquellos secuestros, traslados ilegales y desaparición temporal.

Durante el Plan Cóndor, el coronel retirado Manuel Cordero, era uno de los oficiales jerárquicos del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), e integraba el Servicio de Información y Defensa (SID), además de actuar en el centro de torturas «300 Carlos» .

Los testimonios en el voluminoso expediente a estudio de Montenegro colocan a Cordero como oficial encargado de los interrogatorios bajo tortura, particularmente en las acciones represivas contra uruguayos secuestrados en el centro clandestino Automotores Orletti en Buenos Aires.

Diversos documentos desclasificados evidencia que las informaciones extraídas en la tortura a los detenidos luego era compartida con oficiales de otros países a través de las respectivas agencias de inteligencia, que realizaban operaciones conjuntas dentro y fuera de sus países.

Fuentes allegadas, indicaron que Montenegro -quien ahora se centra en el caso de soborno de la empresa francesa Thales Spectrum, donde aparece implicado Menem- pretende abrir este año los juicios públicos contra los represores de la región, al cumplirse 30 años del golpe de Estado argentino. *