Tres ex ministros rechazaron legitimar ocupaciones: "Son inconstitucionales"

En la pasada jornada se llevó a cabo -en la sala de conferencias de la Torre de Antel- el foro «La ocupación y el estado de derecho», el que fue organizado por las principales cámaras empresariales del país.

En el mismo disertaron los abogados y ex ministros Santiago Pérez del Castillo (Partido Colorado), Carlos Delpiazzo y Juan Andrés Ramírez (Partido Nacional), los que basados en la Constitución y en el Código Civil, aseguraron que las ocupaciones «no son un extensión del derecho de huelga», «son inconstitucionales» y que «fue un grave error del gobierno» derogar el decreto que habilitaba a desalojar los lugares de trabajo si se concretaba una ocupación.

En el evento, que se desarrolló ante un auditorio colmado con figuras políticas de los partidos tradicionales y de dirigentes de las principales cámaras empresariales del país, se destacó la ausencia de las actuales autoridades de gobierno y de representantes del PIT/CNT.

Los expositores -que además de ex secretarios de Estado y abogados son docentes de distintas universidades de nuestro país y asesores de organismos internacionales- argumentaron, aunque con matices, sus posturas contrarias a las ideas del gobierno en el tema ocupaciones.

En ese sentido, Delpiazzo, ex Ministro de Salud Pública y subsecretario de Defensa durante la presidencia de Luis A. Lacalle, afirmó que «usar» una propiedad es un derecho «mínimo» y que en la Constitución «sí hay derecho a la huelga, pero en ningún lado dice que la ocupación sea una extensión de la misma».

«Es más, es contraria. La ocupación es un fenómeno donde la voluntad de unos se impone sobre la de otros, y eso en un estado democrático no se puede permitir», aclaró.

Sobre la posibilidad de una ley que regule el tema, Delpiazzo dijo que eso sería «inconstitucional», y que sólo se podría decretar o reglamentar el tema, pero sin que haya una ley.

También legitimó la actuación ministerial y policial, para el caso que una ocupación amenazara la seguridad pública y consideró que «no fue una buena medida» la derogación del decreto que le daba la posibilidad al Estado de desalojar a los trabajadores.

 

Alguna norma que regule

Por su parte, el ex ministro de Trabajo en el gobierno de Jorge Batlle, el quincista Santiago Pérez del Castillo, indicó que la huelga no incluye a la ocupación y remarcó que la Constitución prevé «la preservación» de varios derechos de los ciudadanos, entre los que está el derecho a la propiedad que es afectado claramente en el caso de una ocupación.

Pero, a diferencia de sus colegas, Pérez del Castillo igualmente concebiría una norma que regule la actividad sindical y le de una solución al tema que es «preocupante».

Planteó la posibilidad de instalar tribunales de arbitraje o «aceitar» el sistema judicial para que pueda intervenir.

Al igual que Delpiazzo, abogó a favor de que a pesar de la no existencia de un decreto que permita desalojar los lugares de trabajo, ese «efecto disuasivo» pueda llevarse adelante igualmente. Sobre esto último, dijo que «el gobierno cometió un grave error al derogarlo».

 

La ocupación viola el derecho de huelga

Por su parte, el ex candidato presidencial y ex ministro del Interior Juan Andrés Ramírez realizó un planteo basado en los derechos consagrados en la Constitución y el Código Civil, en el cual va hilvanando la idea de que «la ocupación no sólo no es una extensión del derecho de huelga sino que viola el derecho de huelga».

Considera que en el camino que termina con esa conclusión se da un «desequilibrio de los derechos’, los que son «vulnerados» por la ocupación y ese factor en el derecho de huelga provoca problemas en la negociación existente entre patrón y obreros, que en definitiva es lo que busca generar una huelga.

«No hay semejanza de casos ni identidad de razón entre una ocupación y una huelga», señaló Ramírez. *