Juez notificó detención a Radaelli, Casella y Sarli y hoy comenzarán los interrogatorios

Eduardo Radaelli, Tomás Casella y Wellington Sarli, los tres militares uruguayos imputados de asociación ilícita y secuestro en la investigación del asesinato del ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile (DINA), Eugenio Berríos, fueron trasladados en un helicóptero desde la Escuela de Armas y Especialidades del Ejército hacia la Base Aérea Número 1, donde aproximadamente a las 8 de la mañana partieron rumbo a Santiago en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Uruguaya.

La aeronave aterrizó dos horas más tarde en un aeropuerto situado en una dependencia del grupo de 10 de la Fuerza Aérea chilena. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Penitenciario de Gendarmería donde se les realizó un chequeo médico y finalmente fueron trasladados a sus respectivos lugares de reclusión preventiva.

Los tres militares viajaron acompañados por el general Luis Pérez, director del Instituto de las Armas y Especialidades del Ejército -donde estuvieron recluidos los militares- por representantes de Cancillería y oficiales de Interpol Uruguay.

Precisamente, el comisario inspector Carlos Campos fue el encargado de realizar la entrega a la comisaria Marianela Gómez, directoria de Interpol Chile, quien actúa bajo las órdenes del magistrado responsable de la causa. En el aeropuerto fueron recibidos además por el cónsul uruguayo en Chile.

En horas de la tarde, el juez Madrid se trasladó hasta el Hospital Penitenciario de Gendarmería, donde se les estaba realizando la revisación médica que exige la ley chilena a toda persona que va a ser encarcelada. En ese momento, el magistrado notificó a Radaelli, Casella y Sarli de sus respectivos procesamientos, por lo cual ya estarían habilitados para comenzar a prestar declaración indagatoria. Según indicó la representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE) -la parte acusadora- en diálogo con LA REPUBLICA, Lupy Aguirre, los militares podrían comenzar a declarar este mismo miércoles porque “lo más razonable es que empiecen a declarar cuanto antes”.

Según confirmó ayer el juez Alejandro Madrid entrevistado en el programa En Perspectiva de El Espectador, el coronel retirado Tomás Casella permanecerá en reclusión preventiva en la Escuela de Oficiales de Gendarmería, en cuyas instalaciones también está alojado desde hace cinco meses el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, que enfrenta un juicio de extradición a su país. Mientras que los dos oficiales en actividad, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, fueron trasladados al cuartel de la dependencia del Batallón de Policía Militar chileno y al “Haras Nacional” un regimiento de caballería, respectivamente.

Madrid dijo que estos lugares están relativamente cerca del centro de Santiago, aproximadamente a unos 10 o 15 minutos.

“Es un día especial, se cierra un capítulo largo y comienza otro en esta investigación que ha tenido bastantes dificultades, pero que felizmente se han podido establecer ciertos hechos que han servido de fundamento para enjuiciar a determinadas personas chilenas y a estos militares uruguayos”, declaró el juez a la misma radio. Madrid es el responsable de la causa desde el año 2003.

Por su parte, la representante del CDE, Lupy Aguirre, explicó que según lo establecido por la ley chilena, los militares en retiro deben cumplir con su reclusión en dependencias de Gendarmería, mientras que los oficiales en actividad deben hacerlo en recintos militares.

El embajador uruguayo en Santiago, Carlos Pita, señaló que la embajada está actuando a través de la función de asistencia al compatriota, que se realiza mediante la acción de la oficina consular, lo que implica “conocer cuál es su situación, conocer en qué lugar se encuentran, saber que las condiciones de reclusión cumplan con la dignidad y decoro correspondiente como seres humanos sujetos a derecho”, indicó el diplomático.

Libertad bajo fianza

El abogado defensor de los tres militares en suelo chileno, Carlos Portales, explicó a LA REPUBLICA que la primera medida que tomará en su estrategia de defensa será solicitar la libertad bajo fianza, y en caso de que este pedido no sea tenido en cuenta por el juez Madrid, apelará en la Corte de Justicia.

El jurista explicó que fue contactado por familiares de los imputados y que “recién me estoy poniendo al tanto de la situación”. Además, dijo que hoy, en horas de la mañana, tiene previsto reunirse con el juez que lleva las actuaciones para “ponerse en conocimiento de la causa” y “presentarse personalmente ante el magistrado”.

Portales mantuvo el primer contacto con los tres militares ayer en horas del mediodía. Señaló que sus defendidos “son inocentes” y agregó que se encuentran “muy tranquilos”. Consideró que los tiempos de la Justicia chilena son “muy lentos”, pero igualmente estimó que el proceso podría demandar unos tres años.

Por su parte, Lupy Aguirre opinó que tomando en cuenta la gravedad de las acusaciones “es poco probable que se les otorgue la libertad bajo fianza”. Aguirre, explicó también que en caso de ser encontrados responsables, las penas a aplicar van de los 3 a los 15 años de cárcel, penas que -en caso de ser aplicadas- serían reducidas sensiblemente si los imputados “cooperan con la investigación”.

Mientras tanto, en Montevideo, el abogado de la embajada chilena, José Luis González, dijo al programa Primera Voz de AM LIBRE, que “a la corta o a la larga la verdad empieza a aparecer”. González explicó que Radaelli, Casella y Sarli “podrían ser responsabilizados del delito o los delitos por los que hayan sido enjuiciados. La consecuencia sería que los condenen por el delito de secuestro y asociación ilícita, cuyas penas a aplicar son las de presidio mayor”, puntualizó González.

“Satisfacción y reconocimiento”

LA REPUBLICA está en conocimiento de que el embajador Carlos Pita recibió el saludo de Andrés Saldívar, ministro del Interior, de Isidro Solís, ministro de Justicia y del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Tapia. “Los tres fueron unánimes en reconocer el valor de la decisión de la Suprema Corte de Justicia” de nuestro país “y del Poder Ejecutivo por haberla respetado y cumplido”, dijeron fuentes de la embajada uruguaya en Santiago de Chile.

Las tres autoridades chilenas dijeron que se está “ante un hecho histórico, que fortalece, como nunca antes había ocurrido, los instrumentos de cooperación jurídica entre los Estados”.

También se considera que se está “ante un precedente que va a generar nuevas situaciones potenciales” en caso de que se presenten nuevas extradiciones, dijo la fuente.

Ayer, sobre horas de la tarde, el canciller Reinaldo Gargano recibió un informe del embajador Pita, que coincide con las versiones recogidas por LA REPUBLICA en Chile.

“Totalmente inocentes”

En una entrevista telefónica difundida anoche por Telemundo 12, el teniente coronel Eduardo Radaelli dijo que en Uruguay les tocó vivir momentos “muy difíciles” y “sabemos también que nos van a tocar momentos muy difíciles en Chile” pero subrayó que el ánimo es “el mejor” porque “hemos demostrado en Uruguay que somos totalmente inocentes”.

“Confiamos en nosotros, yo confío en mis otros dos camaradas”, dijo Radaelli quien además afirmó que todo lo que se ha dicho “son falsedades y mentiras” y sostuvo que “el proceso en Uruguay y parte del expediente de la extradición contenía documentos fraguados, declaraciones de testigos que en un lugar decían una cosa y en otro lugar otra y testigos que han sido pagos”.

En la entrevista, realizada por el periodista Alfonso Lessa, el militar implicado sostuvo que prestó una casa para que unas personas se alojaran dos días “y nada más”. “Todo lo otro yo no se lo puedo decir porque lo desconozco”, dijo.

Además, afirmó que “vamos a defender el honor del Ejército en Chile”, y se mostró sorprendido por “la cantidad” de gente que se solidarizó con ellos. Al finalizar la nota, Eduardo Radaelli, el más joven de los tres implicados, sostuvo que ese apoyo “se va a ver reflejado en alguna otra cosa”. *