Pérez Piera denunció "intencionalidad política" en fallo del Tribunal de Cuentas

El reciente fallo del Tribunal de Cuentas, que por unanimidad de los ministros presentes (5 en 7), aprobaron las observaciones a la modificación del contrato de la concesión del Hotel Casino Carrasco a la empresa Carmitel. El informe indica que con la referida modificación «se concluye que hubo apartamientos de las normas que regulan el procedimiento seguido, lo que determina responsabilidad administrativa en materia financiero contable, resultando aplicables los artículos 119 a 130 Título VI «De las responsabilidades» del Tocaf, no siendo cometido de este tribunal expedirse sobre otros tipos de responsabilidades».

El vicepresidente de la Junta Anticorrupción, Adolfo Pérez Piera, a través de un comunicado dio sus argumentos sobre el cambio de contrato en la concesión.

Dijo que la modificación del contrato no supuso ningún perjuicio para la IMM (por ello tuvo el respaldo del intendente Arana, de la Junta y del Tribunal). Por el contrario, acotó, «sus intereses se integraron dentro de una ecuación financiera mucho más conveniente (hubo una reducción importante de los costos por servicios a su cargo) y sus derechos quedaron absolutamente resguardados y con plena capacidad para accionarlos, como efectivamente se hizo, ante posteriores incumplimientos de la empresa».

Explicó que la supuesta «falsedad» en la fecha comunicada al Tribunal respecto a la firma del contrato, se debió a un error tipográfico (se puso 31 en vez de primero), en una comunicación que fue por cortesía, pues no había necesidad de dar una información, que no era sustancial y que era de estricta prerrogativa de la IMM. «Sería burdo e inconducente, falsear una fecha, que fue inmediatamente pública, como todos los actos administrativos de la IMM, fecha en la cual ya habría asumido el nuevo Intendente y que además…caía en domingo. Tan poco le importó al Tribunal este detalle, que «creyendo» que se firmaba el 31 de julio, recién se pronunció el 11 de agosto.»

 

Contraviniendo al Tocaf

El informe del Tribunal entendió que la suscripción de la modificación del contrato procedía requerir la autorización expresa de la Junta Departamental. Advirtió que la empresa concesionaria a la fecha no acredita fehacientemente haber cumplido con todos los requisitos para la obtención de la financiación que acredite su solvencia económica, «pese a lo cual, la administración igualmente procedió a firmar el nuevo contrato, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 55 del Tocaf.

Pérez Piera, en su declaración, advirtió que la modificación del contrato provino de un acto institucional de la Intendencia que contó con el asesoramiento de los Departamentos de Desarrollo Económico, Recursos Financieros y Jurídico y «sin que ello implique rehuir la responsabilidad que me cupo en mi calidad de Intendente.»

Precisó que el texto de dicha modificación contractual fue negociado por la Administración del Intendente Mariano Arana, aprobado por la Junta Departamental de Montevideo y avalado expresamente por el Tribunal de Cuentas. Pero como la tramitación del expediente llevó un lapso considerable (solo en el Tribunal de Cuentas estuvo más de 10 meses), cuando se procedió a su firma, hubo que adecuar temporalmente las fechas fijadas, respetando íntegramente el texto del contrato original y la secuencia de obligaciones pactadas entre las partes.

La edila colorada Cristina Ferro, que viene denunciando desde hace tiempo esta presunta irregularidad, señaló que el dictamen confirma la presunción de ilegalidad por lo actuado por Pérez Piera. Señaló que su partido analiza la posibilidad de iniciar acciones legales contra el ex intendente municipal, por entender que se le confiere responsabilidad administrativa. Sostuvo que el director Alberto Rosselli tuvo participación en este acto, por recomendar el polémico procedimiento, para lo cual, la edila solicita la renuncia del jerarca comunal.

Por otra parte, legisladores del Partido Nacional llevarán el caso de las observaciones hechas por el Tribunal de Cuentas a la gestión del ex – intendente capitalino Adolfo Pérez Piera y referidas a la extensión del contrato a la empresa Carmitel, al directorio partidario con el ánimo de determinar si se procede o no a un juicio político.

Para el diputado de Alianza Nacional Jorge Gandini, la extensión firmada por Pérez Piera el pasado 1º de julio «se aparte de la normativa vigente» y adelantó que ediles nacionalistas promoverán un juicio político.

«Tenemos que controlar al controlador» dijo el representante en referencia a Pérez Piera, actual Presidente de la Junta Anticorrupción. Gandini aseguró asimismo que el entonces intendente de Montevideo «con la extensión del contrato a la empresa Carmitel, impidió que el Estado pasara a recibir el canon correspondiente que por aquella fecha debía efectivizarse».

El Tribunal de Cuentas especifica en su punto número 4 de los considerandos que la modificación del contrato suscrito por el Intendente Municipal y el secretario general de la época «contraviene lo establecido en el artículo 35 numeral 10 de la Ley 9515 (requisito de aprobación por parte de la Junta Departamental)». *