MTOP anunció la revocación de permisos a Cerro Free Port

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas revocará los permisos otorgados a Cerro Free Port para la construcción y explotación de un puerto comercial en Puntas de Sayago. La medida se fundamentó en la existencia de indicios de que el grupo Moon no tenía interés en concretar la obra sino en obtener beneficios a través de juicios al Estado.

El ministro Víctor Rossi afirmó ayer que la decisión de promover la caducidad de los permisos otorgados al emprendimiento del grupo Moon –y que representaban una inversión de 150 millones de dólares en obras y 50 millones en compra de maquinaria– está motivada por la necesidad del Poder Ejecutivo de mantener una postura coherente en su relacionamiento con los privados que invierten o usufructúan concesiones en el país.

“De la misma forma en que nos imponemos respetar los contratos queremos ser consecuentes y exigentes en el cumplimiento de las obligaciones que los privados tienen con el Estado uruguayo”, aseveró.

Según detalló, Cerro Free Port incumplió las obligaciones contenidas en el contrato que habilitaba la construcción y explotación de un puerto en Puntas de Sayago, cuyas obras debían comenzarse el próximo 22 de marzo.

En primer lugar el ministro indicó que 90 días antes de esa fecha la empresa debía comunicar al MTOP cuál sería la firma responsable de la ejecución de las obras, pero que en lugar de brindar esa información solicitó una nueva prórroga para el inicio de la construcción, la cual le fue negada en el pasado 5 de enero.

Además, Rossi señaló que Cerro Free Port manejaba “criterios distintos” acerca de este punto, según se dirigiera al MTOP o a los potenciales adjudicatarios de la obra.

Asimismo, Cerro Free Port no culminó los estudios topográficos requeridos para que la cartera promoviera la expropiación de los terrenos que deberían utilizarse para los accesos a la terminal portuaria. Esto fue calificado por Rossi como una “traba” a la contraparte que el Estado debía cumplir de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

Finalmente, y pese a que los cuestionamientos al emprendimiento históricamente estuvieron relacionados con este punto, la empresa todavía no gestionó la autorización ambiental ante el ministerio correspondiente, cuya obtención era condición previa al inicio de la construcción.

Lucro cesante

Si bien los incumplimientos fueron catalogados como graves, la gota que derramó el vaso fue la demanda contra el Estado presentada por Cerro Free Port el pasado 10 de febrero, en la que reclama un resarcimiento por daños y perjuicios de 133 millones de dólares, de los cuales 109 corresponden a una indemnización por lucro cesante de la futura actividad del puerto.

“Comprobamos que esto no avanza sino que se va complicando, al punto que recibimos esa demanda, que nos ha sorprendido. Nosotros no tenemos interés de recorrer el camino de estar discutiendo en forma interminable un proyecto que no tenemos claro si existía en algún momento voluntad de llevar adelante”, subrayó Rossi.

Ayer el expediente fue remitido al Tribunal de Cuentas para su aprobación y posterior presentación al presidente Tabaré Vázquez, lo que determinará la caída definitiva de los permisos.

Por otra parte, el ministro relativizó la importancia del proyecto del grupo Moon, puesto que este estaba basado en la competencia con la terminal capitalina.

Y remarcando que la cancelación de estas autorizaciones no afecta el desarrollo portuario de Montevideo, el cual se concretará mediante los proyectos de la Administración Nacional de Puertos.

Sin embargo, aclaró que esta resolución “no quiere decir que se vaya a prescindir de la participación de privados en el desarrollo portuario, ya que incluso podrán ampliarse las aéreas concesionadas en el Puerto de Montevideo para el desarrollo de otras actividades necesarias y que no obligatoriamente pasan por el proyecto que promovía Cerro Free Port”.

Finalmente, Rossi indicó que se contestará la demanda presentada por la empresa y que más adelante el Estado podría iniciar un litigio contra la misma por los daños ocasionados que le hubieren ocasionado, tanto durante el proceso de autorización de las obras como a través del litigio que ésta ha iniciado. En otro orden, y por solicitud de la diputada Lilián Kechichian, el expediente también será remitido a la Intendencia de Montevideo y la Junta Departamental, así como a las comisiones de transporte del Parlamento.

Empresa calla

La decisión fue comunicada a la empresa en el mediodía de ayer, momento a partir del cual comienza a correr un plazo de diez días para que presente los descargos que crea convenientes. Cabe señalar que el Estado no tiene potestad sobre el futuro de los predios donde se desarrollaría el emprendimiento, puesto que éstos pertenecen a Cerro Free Port. Los representantes de la empresa dijeron estar sorprendidos por el inicio del proceso de revocación de los permisos y declinaron realizar declaraciones al respecto en tanto “la situación sea evaluada por sus ejecutivos y asesores legales”. *