Con el propósito de contar con un marco jurÃdico que permita accionar contra ciudadanos extranjeros que cometan determinados delitos, y teniendo en cuenta el reciente antecedente de la acción de Greenpeace, el Poder Ejecutivo se apresta a ampliar las razones por las cuales se puede proceder a la expulsión de personas del paÃs. La iniciativa gubernamental plantea que se agrega al artÃculo 3º de la ley 9.604 de 13 de octubre de 1936 el Inciso que establece que “serán causales de expulsión las siguientes: 1) la grave alteración del orden público, 2) la intromisión en asuntos internos del Estado, 3) la realización de actos directos que atenten contra el honor de un jefe de Estado extranjero o sus representantes diplomáticos”. El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley por el cual se agrega un inciso final al artÃculo 3º de la ley 9.604 de 13 de octubre de 1936 ampliando disposiciones relativas a la permanencia de extranjeros en el territorio nacional. Con esta modificación, concretamente la inclusión de un inciso final en el artÃculo 3º de la citada ley que refiere a las causales de expulsión de extranjeros del territorio nacional, se pretende ajustar el marco jurÃdico vigente a efectos de prevenir circunstancias vinculadas con actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional por parte de ciudadanos extranjeros.
Sin perjuicio de lo expuesto, puntualiza el gobierno, que el Poder Ejecutivo se encuentra abocado a elaborar un proyecto de ley Migratoria Nacional de amplio contenido y que contempla a todas las situaciones vinculadas a la migración nacional, incluida la inadmisión y expulsión de ciudadanos extranjeros.
Como se recordará en ocasión de mantener una reunión con los lÃderes polÃticos Jorge Larrañaga (Partido Nacional), Julio MarÃa Sanguinetti (Partido Colorado), y Pablo Mieres (Partido Independiente), en enero pasado, el mandatario Tabaré Vázquez transmitió que ya comunicó a la Prefectura Nacional Naval y también a la PolicÃa la orden respecto a que cualquier nueva intromisión en aguas territoriales o por vÃa terrestre, quienes incurran en ella “iban a ser expulsados inmediatamente”, según confiaron a LA REPUBLICA fuentes polÃticas. De igual manera se actuará “si hubiera algún ingreso legal de personas, pero que actuaran contraviniendo” las normas de Uruguay. *
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