Señales de buena voluntad en ambas márgenes del río

En contacto con LA REPUBLICA, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Belela Herrera, dijo anoche que el gobierno «está dispuesto a evitar la contaminación, pero no a paralizar las obras». También reafirmó que la actitud del gobierno es de «disposición al diálogo».

El lunes, el canciller de la República, de gira por Europa, fue entrevistado por el programa Mundo Cañón que se emite por 1410 AM LIBRE. En esta instancia, Gargano indicó que «de acuerdo a lo que ha definido el Presidente de la República, no va a detenerse la construcción. Puede resolverse de otra manera, nosotros tenemos ideas al respecto», expuso.

«Los mecanismos de supervisión y de monitoreo, garantizan lo que se está haciendo» agregó. Recordando además que el informe preliminar del Banco Mundial, requerido por Argentina, «adelanto que las plantas no contaminan y que están en los estándares internacionales exigidos».

Ayer, el canciller argentino, Jorge Taiana, expresó su confianza en que el diferendo «se va arreglar y solucionar».

«El conflicto se va arreglar y se va a solucionar, logrando que se detenga la construcción (de las plantas) por un tiempo y buscando a una persona que nos pueda establecer con claridad, a uruguayos y argentinos, qué condiciones se deben cumplir para que no haya contaminación», dijo Taiana.

«Tenemos que encontrar y esperamos encontrar una solución bilateral antes de completar la presentación ante la Corte Internacional de La Haya que es el camino que ha sido señalado por el presidente Néstor Kirchner y apoyado por el Congreso, en caso de no encontrarse otra solución», agregó.

Por su parte, el ministro de Vivienda Mariano Arana, calificó los cortes de ruta como «acciones ilegítimas y contrarias a derecho» e insistió con que Argentina debería formar parte de la Comisión de seguimiento y control de las plantas de celulosa.

Arana dijo el lunes al ser entrevistado en el programa «Desde el llano», que se emite por el canal argentino de cable Todo Noticias que «hubo un aspecto muy irritante (para el gobierno uruguayo) como son los cortes de ruta».

«Yo voy a ser un poco duro, pero esto es un virtual bloqueo de piqueteros en acciones ilegítimas y contrarias al Derecho», declaró en ministro en el programa argentino.

«Nuestra responsabilidad es la de control y monitoreo y si no se cumplen con las normas indicadas, no tengan dudas que actuaremos como yo y como el doctor Tabaré Vázquez hemos actuado en Montevideo (cuando fuimos jefes de gobierno departamentales), si las empresas no cumplen primero se las multa, se las suspende y luego se las clausura», sentenció Arana.

 

Transportistas: represalias

Los transportistas de carga descartaron por el momento iniciar acciones legales contra el Estado argentino por temor a la adopción de «represalias» del gobierno de Néstor Kirchner. «Siempre hay algo que te pueden hacer», explicó el transportista Mario Perrone, ya sea por la demora en el trámite de Aduana, o por no suministrar los permisos internacionales.

El camionero recordó que la gremial de transportistas de Paysandú, sufrió las medidas adoptadas por la gendarmería de Colón, que impedían a los escribanos labrar actas certificando que los camiones eran detenidos por los ambientalistas. «Tenían un circo armado y no dejaban acercar a los profesionales a los camioneros uruguayos», enfatizó Perrone.

Aclaró que la Cámara de Transporte Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu) no puede por sí iniciar una demanda, sino que tiene que ser la propia empresa afectada, más allá que la institución aporte los asesores jurídicos para emprender el acto legal.

En determinado momento, los transportistas manejaron la posibilidad de iniciar una demanda contra el Estado argentino por la pérdida económica que experimenta el sector. Pero por el momento desisten de esta propuesta.

Perrone admitió que el sector analizó aplicar un boicot contra las empresas argentinas instaladas en Uruguay, negándoles el traslado de sus productos. Esta medida tenía la finalidad de presionar para buscar «desbloquear» los puentes internacionales.

Finalmente no se llevó a la práctica, porque detrás de estas empresas habían sociedades anónimas, y «no se sabía quién estaba detrás de las mismas.» *