Para Bonomi, la derogación del decreto sobre desalojo "no dejó un vacío legal"

El ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, ratificó que en el inminente proyecto de ley sobre ocupaciones sindicales serán los trabajadores sindicalizados los únicos que determinarán las acciones gremiales, y no los que no estén agremiados.

«Lo que nosotros vamos a proponer en los próximos días es algo que habíamos incorporado como elemento de prevención de conflictos, cuando planteamos analizar en un ámbito cuatripartito la ley de fueros. Me refiero a discutir el motivo del conflicto en forma bipartita en la empresa. Si no se llegaba a un acuerdo, propusimos llevarlo a una Comisión Técnica –que no se integró–, y que ahora la estamos sacando de los pasos a dar. Si no hay acuerdo en la empresa, llevarlo a la Dinatra; si no hay acuerdo allí, llevarlo al Consejo de Salarios; si no hay acuerdo en el Consejo de Salarios, cada cual sigue su camino», sostuvo Bonomi.

«Nosotros decimos que es el sindicato el que los representa (a los trabajadores) y en este sentido ha habido una tradición en el Uruguay. Desde hace décadas se negocia con los sindicatos y se les reconoce que forman parte de la institucionalidad, así como también las cámaras empresariales. Reitero, no se trata de trabajadores sueltos, sino de sindicatos», y agregó, «nosotros no vamos a promover que para tomar una medida haya que hacer un plebiscito entre los trabajadores. Esto lo resuelven los sindicatos por mayoría». En ese mismo sentido, el jerarca adelantó los mecanismos que se deberán recorrer para determinar una ocupación sindical.

«Cada vez que haya una ocupación se deberá seguir determinados caminos. Me refiero a labrar un acta, a preservar la maquinaria –lo que muchas veces significa ponerla en marcha–, cuidar animales, alimentos perecederos, prestar servicios esenciales y no sustituir al empresario en la gestión ni en la producción. Se debe aclarar que en caso de que éste modifique o reestructure la empresa y ello afectara el trabajo, el salario o las condiciones laborales, debe anunciarlo antes. Además, estamos estudiando un artículo que elevé al Poder Ejecutivo que plantea la posibilidad, en caso de atentado a la vida, a la salud o a la seguridad de la población».

Bonomi también relativizó que la derogación del decreto que habilitaba a la Policía a desalojar una empresa ocupada sindicalmente haya dejado como consecuencia un vacío legal.

«La derogación del decreto no ha dejado un vacío legal, pues lo único que hacía era dar la posibilidad al empresario de pedir el desalojo. Pero en los demás aspectos teníamos tantos o tan pocos elementos jurídicos como hay ahora. No cambió anda; solamente se le quitó al empleador la posibilidad de pedir el desalojo», subrayó.

 

Aumentó la «sindicalización»

El jerarca informó por otro lado que durante 2005 se conformaron 400 nuevos sindicatos y que durante el año pasado se registraron 105 conflictos sindicales, detallando año a año el panorama sindical en el país. «En 1995 ha habido 165 conflictos y 15 ocupaciones; 170 conflictos en 1996 y 15 ocupaciones; 135 conflictos en 1997 y 19 ocupaciones; 133 conflictos en 1998 y 22 ocupaciones; 117 conflictos en 1999 y 22 ocupaciones; 104 conflictos en 2000 y 13 ocupaciones; 116 conflictos en 2001 y 18 ocupaciones; 100 conflictos en 2002 y 24 ocupaciones; 116 conflictos en 2003 y 17 ocupaciones; 130 conflictos en 2004 y 15 ocupaciones; 105 conflictos en 2005 y 29 ocupaciones. Además, quiero destacar que el año pasado fue el tercero en menor cantidad de conflictos y el primero en cuanto a menor cantidad de horas perdidas», aseguró.

 

Crónica de un desalojo violento

El director interino de Trabajo, Nelson Loustanau, relató los pasos que el Ministerio dio sobre el conflicto en la curtiembre Naussa, del departamento de Canelones. Dijo que los trabajadores ocuparon porque reiteradamente estaban citando a la empresa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y esta no acudía. «Entonces se les dice: ‘Por favor, vengan; esta es una escalada y en cualquier momento van a tener otra clase de problemas’. Pero no había forma de hacerlos entrar en razones, por lo cual se determina la ocupación. A la mañana siguiente la abogada de la empresa acudió a hablar conmigo y yo le dije: ‘Mire doctora, la solución que tenemos es que esta misma tarde venga el empleador’, pero la abogada me dijo que el dueño estaba en Porto Alegre. Manifestó que venía ese mismo día a la hora 23.00, aunque aparentemente llegó como a las 17.00. Al día siguiente se le vuelve a llamar, pero tampoco obtenemos respuesta y después se suscitan los hechos que todos conocemos», relató. Loustanau aseguró que la ocupación de la curtiembre canaria «no fue una huelga que se dispuso sin antes dar pasos. Acá se dieron pasos; lo que sucede es que el empleador no quería acudir al ministerio».

 

Llorar sobre mojado

Mientras la oposición reivindicaba en la Comisión de Trabajo que los no sindicalizados tienen derecho también a determinar las medidas gremiales, se suscitó un diálogo entre los diputados nacionalistas Pablo Abdala y Adriana Peña, y el diputado frentista y presidente de la Comisión, Juan José Bentancor. Polemizaron sobre los llantos de los que –según sus relatos– no pueden ingresar a sus puestos de trabajo tras una medida de ocupación.

(Diputado Pablo Abdala): «En el desfile de delegaciones de empresas ocupadas que han acudido a la Comisión hubo escenas muy duras de trabajadores que rompieron en llanto. Hubo lágrimas de desesperación, de angustia. Y la situación nos ha parecido mucho más grave cuando después de las lágrimas nos dicen que el Ministerio no los ha recibido. Me parece grave que el Ministerio no reconozca a todos los trabajadores como tales, sindicalizados o no». (Diputado Juan José Bentancor): «La Mesa se permite recordar algo de la sesión en la que se verificó esa situación tocante, con lágrimas, a la que hacía referencia el diputado Pablo Abdala. Posiblemente, recordará que uno de los miembros de la delegación señaló que esa había sido la primera vez que un ministro de Trabajo se había dignado a bajar a la calle para meterse entre los trabajadores y recibir de primera mano su posición, más allá de que estuvieran o no de acuerdo».

(Diputada Adriana Peña): «Al escuchar a las delegaciones que tuvimos que recibir, sentimos el dolor de los trabajadores. Inclusive entre ellos había gente de más de cincuenta años llorando por temor a perder su trabajo porque además no saben si con cincuenta y cinco años no tendrán que ir a levantar cartones a la calle. Esto es lo más grave de todo. Los vamos a tener que mandar a cobrar el ingreso ciudadano porque es lo único que les queda». *