El juez de Pando Pedro Salazar clausuró expediente por secuestro y asesinato del bioquímico Eugenio Berríos

Militares, pasibles de extradición por el archivo del "caso Berríos"

Mientras tanto, la extradición de los tres militares continúa a estudio de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. El exhorto lo remitió el juez chileno Alejandro Madrid, quien ha investigado el «homicidio» de Berríos, bajo la hipótesis de que el crimen fue cometido por chilenos.

Una pericia balística ordenada por el juez Salazar descartó que todas las armas de los tres oficiales puedan haber sido usadas para matar a Berríos. Las armas fueron comparadas con un proyectil utilizado para asesinar al agente de la policía secreta del dictador Augusto Pinochet.

La clausura de actuaciones, y el consiguiente archivo del presumario, había sido solicitado ya cuatro veces por dos fiscales diferentes. Tres veces fue pedido por la fiscal Nancy Hagopián. Una vez anterior fue solicitado por la fiscal Alba Betolaza, que ocupó el cargo de Hagopián.

 

El ADN confirmó la identidad del ex espía muerto

La instrucción del expediente comenzó con el doctor Alvaro González, titular del Juzgado hasta que asumió Salazar.

Por falta de pruebas, Betolaza pidió a González el archivo. Hagopián pidió el desarchivo y ordenó un análisis de ADN para confirmar la identidad del cadáver.

Confirmado el ADN del cuerpo que un efectivo de Prefectura encontró semienterrado en un médano de El Pinar, Hagopián solicitó el archivo, también por falta de pruebas que involucren a los tres militares uruguayos que habían sido vistos con Berríos en Parque del Plata.

El segundo pedido de archivo no fue concedido por Salazar, quien hizo lugar a una serie de diligenciamientos de pruebas requeridas a Chile, incluida la venida a Uruguay de un juez chileno. Hagopián solicitó el archivo, ya por segunda vez, el 10 de diciembre de 1993.

El pasado 15 de noviembre, la fiscal Hagopián presentó a Salazar su tercer pedido de archivo, convencida de la falta de prueba recabada en una investigación que comenzó en 1993, luego que Berríos dejó de ser visto. El cadáver del chileno aparecería recién en abril de 1995.

 

Varios puntos oscuros y versiones sin confirmar

Nunca se probó que Berríos haya estado «secuestrado» en Parque del Plata por los militares Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli. Diversos testigos dijeron haberlo visto después de 1992, ya en Montevideo, junto a presuntos militares con posible acento chileno.

En la indagación judicial que instruyó por más de tres años, Salazar citó a todos los testigos que había interrogado su predecesor González y a oficiales superiores que nombró un conocido estafador de familias que aún hoy buscan restos de los desaparecidos durante la dictadura.

Tampoco pudo establecer el magistrado el motivo por el cual Berríos salió de la casa de veraneo del padre de Radaelli en Parque del Plata para pedir auxilio a un vecino, un marino militar retirado, aduciendo haber sido «secuestrado». Luego diría que fue un impulso depresivo.

Casella, Radaelli y Sarli fueron procesados en ausencia por la Justicia chilena por su supuesta vinculación con el asesinato. El juez uruguayo Gustavo Mirabal concedió la extradición que ratificó un tribunal de apelaciones. El abogado defensor apeló a la Suprema Corte de Justicia.

Chile procesó como autores del secuestro y homicidio a los ex mayores Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa, y por obstrucción a la Justicia y asociación ilícita los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covorrubias, ex jefes de la Inteligencia Militar.

 

Secuestros y un homicidio  sin pruebas ni evidencias

Berríos, el inventor del letal gas sarín que mata sin dejar rastro, fue un agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet que luego dirigió el coronel Manuel Contreras, uno de los colaboradores más confiables del por entonces dictador.

Según versiones sin confirmar, Berríos fue sacado de Chile mediante un operativo conjunto de militares chilenos, argentinos y uruguayos para evitar que declarara ante un Juzgado por la sospechosa muerte del ex presidente Eduardo Frei, y del ex canciller Orlando Letelier.

Frei falleció por infección en un hospital chileno tras ser sometido a una cirugía. Su hija Carmen sospecha que fue ultimado con alguna sustancia inventada por Berríos. Letelier fue asesinado en Estados Unidos en un atentado con explosivos que habría fabricado Berríos.

El juez Mirabal y el fiscal Luis Bajac concluyeron que los delitos que habrían sido cometidos contra Berríos fueron planificados en Chile, país donde comenzaron a ser perpetrados, se siguieron cometiendo en Argentina, y por último, el asesinato fue consumado en Uruguay.

Ambos magistrados consideran que los delitos deben ser investigados por la Justicia chilena. Además, habría habido otros tres militares que también fueron evacuados de Chile por el sur patagónico. Uno de ellos volvió a Chile desde Argentina. Otro vino a Uruguay con Berríos. *

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