Nuevos comandantes asumen con cuentas pendientes en el tema derechos humanos

La Fuerzas Armadas uruguayas iniciarán formalmente hoy su segundo año de servicio para la administración del socialista Tabaré Vázquez, con dos cambios de comandantes en jefe, varios ascensos de oficiales superiores y el desafío de una serie de temas pendientes en materia de derechos humanos.

A 33 años del golpes de Estado y 20 años de la Ley de Caducidad aprobada tras la reinstitucionalización del país, los militares uruguayos continúan cargando con el lastre de esclarecer una serie de hechos ocurridos hace tres décadas, que les han impedido proyectarse hacia una moderna política de defensa.

Desgastadas económicamente, las fuerzas armadas sólo pueden mostrar un aceptable nivel de armamento y experiencia dentro de las misiones de paz de Naciones Unidas en el Congo y Haití, en cuya continuidad incide el que cada año miles de efectivos sobrevivan con ingresos extrapresupuestales.

La escena muestra al Ejército con un enfoque tradicional que resiste cumplir nuevos roles en una lucha antiterrorista internacional o contra el narcotráfico, una Armada cuya flota no le permite una efectiva defensa ictícola en el territorio marítimo y una aviación sin naves ni radares para controlar el espacio aéreo.

El tema derechos humanos ha impedido durante el primer año de ejercicio del gobierno de Vázquez encarar un debate sobre el futuro rol de las fuerzas armadas, su misión, su ensamble regional e internacional y, aún, sobre sus tareas de inteligencia, dentro de una nueva política de defensa nacional.

Un nuevo escenario podría incluso abrirse ante los nuevos mandos militares, si luego de la feria mayor, el poder judicial da continuidad a las indagaciones de una serie de denuncias vinculadas a los derechos humanos que el gobierno de Vázquez no ha amparado en la Ley de Caducidad.

 

Cuentas castrenses

Este mediodía, al asumir como nuevo comandante en jefe del Ejército, el teniente general Carlos A. Díaz Moussampés, probablemente, evitará hacer referencia al tema derechos humanos, en el que quedó centrado el perfil mediático de las fuerzas armadas durante el año pasado.

Sin embargo, el comandante Díaz debe en parte su nombramiento al papel que desempeñó para el actual gobierno al encabezar, junto al director de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie), general Pedro Barneix, las investigaciones internas del Ejército sobre los desaparecidos.

Aunque el informe elaborado por los hasta ayer comandados por el teniente general Angel Bertolotti, no permitió localizar con certeza los lugares en que fueron enterrados los presos políticos asesinados durante la dictadura, la tarea realizada fue reconocida por el nuevo gobierno.

La aparición de restos de dos desaparecidos en el Batallón 13 de Infantería, donde tanto el informe de la Comisión para la Paz del gobierno de Jorge Batlle como el informe del Ejército creían que no se hallaría nada, se constituye en uno de los primeros desafíos del nuevo comandante castrense.

Hallar los restos de los demás desaparecidos, encontrar el cuerpo de María Claudia García en el Batallón 14 de Toledo y revelar los nombres y destino de la veintena de pasajeros del «segundo vuelo» de Orletti, aparecen como una cuenta que Díaz deberá saldar antes de decidir un eventual pedido de perdón.

Incluso, el nuevo mando del Ejército tendría que asumir ante la interna militar una serie de decisiones sobre el funcionamiento militar que la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, y el presidente Vázquez tomarían en forma inminente. Entre ella la suspensión de los llamados batallones simbólicos.

 

La marina y la aviación

Las críticas al saliente vicealmirante Tabaré Daners, a quien hasta el último día de se le exigieron respuestas sobre lo ocurrido durante la represión a los Grupos de Acción Unificadora (GAU) en 1978, no prometen dar un respiro al nuevo comandante de la Armada, vicealmirante Juan Fernández Maggio.

El hasta ayer jefe de la Prefectura Nacional Naval, esta «hermanado» con Díaz, quien llegó al generalato el mismo día de 2001 en que Fernández ascendió a contralmirante para ocupar el lugar vacante que dejó la obligada renuncia del entonces comandante José Pazos luego de la tragedia del buque «Valiente».

Ampliar las investigaciones sobre lo ocurrido con los GAU, cuyo traslado ilegal a Uruguay se fortaleció como hipótesis por documentos desclasificados en Estados Unidos, aparece como una tarea del nuevo comandante de la Armada, quien fue agregado naval en la embajada de Washington.

A la Armada Nacional también corresponderá el mando de la central de inteligencia del Estado, donde estaba previsto nombrar al desplazado contralmirante Carlos Magliocca, quien desde la Dinacie tendrá que comenzar a elaborar una nueva política en materia de inteligencia y de defensa.

En la Fuerza Aérea, donde continúa el mando del brigadier general Enrique Bonelli, también se mantienen interrogantes en el tema derechos humanos, luego de la aparición del cuerpo de Ubagesner Chávez Sosa en la chacra de Pando, donde aún resta encontrar los restos del desaparecido Arpino Vega.

Bonelli tampoco ha dado respuestas sobre el llamado «vuelo cero» en el que en 1974 se trasladó a los fusilados de Soca, no ha dado más datos sobre a quién se entregaron los pasajeros del «segundo vuelo» en 1976, ni avanzó en la información sobre otros eventuales traslados, propios o de otras fuerzas. *